El lehendakari definió ayer el «reconocimiento del Pueblo Vasco a decidir su propio futuro» como «la llave de la solución» al conflicto que vive EuskalHerria. En una conferencia pronunciada en el Instituto de la Paz de Estados Unidos, con sede en Washington, Juan José Ibarretxe defendió que la autodeterminación «es un derecho inherente a todos los pueblos de la tierra», poniendo como «mejor ejemplo» el caso de Quebec.

En la charla, a la que asistieron un centenar de personas ­entre ellas senadores, expertos universitarios y representantes de la embajada española­, el lehendakari manifestó que «la implicación activa de personalidades e instituciones del ámbito internacional que apoyen el proceso de paz y de normalización política» sería una «contribución fundamental para la solución del conflicto». Fue más lejos al afirmar que «sería un aval importante que la ONU se manifestara expresamente a favor de la solución».

En un tono didáctico, la intervención arrancó presentando al «Pueblo Vasco» como «uno de los más antiguos de Europa», asentado en «siete territorios» estructurados «en tres realidades político administrativas distintas, divididas en el Estado francés y el Estado español».

Negociaciones anteriores

Seguidamente abordó el tema de ETA, recordando anteriores «intentos de negociación» como los de Argel en 1989 o Suiza en 1998. «Ambos fracasaron, entre otras razones, porque se confundieron dos problemas distintos: el problema de la violencia de ETA y la solución del conflicto político vasco», adujo.

Ibarretxe llegó así al actual alto el fuego, que a su juicio se ha producido por cuatro factores. En primer lugar citó «la presión de la sociedad vasca exigiendo a ETA la paz». Como segundo punto mencionó «el nuevo escenario internacional tras los terribles atentados contra las Torres Gemelas y la consiguiente presión política, policial y judicial en contra de todo tipo de terrorismo».

El tercer factor reside en las explosiones el 11 de marzo de 2004 en Madrid. «A partir de esta tragedia, ETA decidió no cometer atentados mortales y se inició un periodo de conversaciones discretas autorizadas por el nuevo presidente del Gobierno español el señor Rodríguez Zapatero, con un talante más favorable al diálogo que su antecesor el señor Aznar».

Y en cuarto lugar mencionó «el nuevo escenario político abierto» con la aprobación del denominado plan Ibarretxe, que fue «rechazado por las Cortes españolas, pero que ha sentado las bases para solucionar el conflicto vasco».

El discurso prosiguió con una explicación sobre el conflicto político, cuyo nacimiento situó en la abolición foral de 1839. «Entender el conflicto vasco supone reconocer la existencia de dos problemas. Por un lado está el problema de la violencia de ETA, que exige un tratamiento diferenciado con sus propios interlocutores. Por otro lado, está la existencia de un problema político que tiene su propio proceso de solución. Una solución que pasa por el reconocimiento del derecho a decidir del Pueblo Vasco y que, por tanto, tiene como principal protagonista a la sociedad vasca y a los partidos políticos vascos».

Respecto a la primera parte, indicó que los «principales actores» son ETA y el Gobierno español, y señaló que «las principales dificultades» pueden ser «la falta de flexibilidad en la aplicación de la política penitenciaria» y «las posibles actuaciones de violencia por parte de grupos descontentos con el proceso».

Cuatro fases

En cuanto al «problema político», destacó la necesidad de reconocer «la existencia de un pueblo que tiene derecho a decidir», y explicó que el proceso se dividiría en cuatro fases. Las tres primeras serían un diálogo multipartito y sin exclusiones, un acuerdo integrador con el mayor consenso posible pero sin derecho a vetos y una consulta a la ciudadanía vasca.

En la última fase, caso de ratificarse ese acuerdo en las urnas, se debería «abrir un proceso de negociación y pacto con el Estado español para incorporar la voluntad democrática de la sociedad vasca en el ordenamiento jurídico, utilizando para ello las propias disposiciones de la Constitución española que reconocen los derechos históricos del Pueblo Vasco».

En este camino, planteó la posibilidad de varios tipos de «dificultades». En primer lugar, que el Gobierno español «no reconozca que todos los proyectos políticos pueden ser defendidos y materializados de forma pacífica».

A este punto añadió otros riesgos, como que haya partidos que no estén dispuestos a sentarse en una mesa o que no reconozcan la existencia de un problema político, que se impida consultar a la ciudadanía vasca o que se haga «una interpretación cerrada e inflexible de la Constitución española». -