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«una sociedad más justa».

En este sentido, sus promotores recordaron que la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), con la que se reconoce a la ciudadanía el derecho a presentar una propuesta de ley para que sea tramitada y debatida en el Parlamento, exige determinados requisitos. Subrayaron que el más importante es el apoyo de la ciudadanía y resaltaron que por eso es «tan importante la recogida de firmas», a lo que añadieron que «cuantas más mejor».

Una vez que el Parlamento de Nafarroa admitió a trámite la ILP, elaboraron las hojas para la recogida de firmas, que les fueron remitidas acuñadas por la junta electoral, por lo que a partir de ahora disponen de seis meses para recoger las 7.000 firmas «mínimas y válidas» que la ley exige, para que la iniciativa sea tratada en el pleno de la Cámara.

En el escrito de la propuesta se citan cuáles han sido los principios inspiradores de la ley. Según sus propulsores, la Carta pretende reconocer los derechos sociales en los términos señalados en el texto. Asimismo, la iniciativa ve la necesidad de superar las limitaciones en el disfrute de los derechos sociales que afectan a sectores importantes de la población, en especial a las personas «dependientes, pobres, inmigrantes, mujeres y juventud, entre otros».

Otro de los principios de la ILP es «afirmar la existencia de posibilidades reales de poner en marcha políticas públicas dirigidas a garantizar los derechos y políticas sociales que se recogen en esta Carta». También se pretende que todas las personas tengan los mismos derechos con independencia de su ciudadanía, «pudiendo limitarse su disfrute solamente en los supuestos en que sea razonablemente exigible un período previo de residencia en la Comunidad Foral de Nafarroa».

El último de los principios citados en la exposición de motivos de la ILP, pide el establecimiento de políticas públicas dirigidas a impedir la discriminación de género en todos los ámbitos de la vida, laboral, social y pública.

La ILP propone cambios en cinco áreas sociales

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La ILP propone actuaciones concretas en áreas relacionadas con la dependencia, la educación, la sanidad y la vivienda y según sus promotores, «permitirán garantizar importantes derechos sociales y mejorar sustancialmente las condiciones de vida de los colectivos que sufren más directamente las consecuencias de las políticas neoliberales, como pueden ser las mujeres, las personas dependientes, los jóvenes o los inmigrantes». En materia de dependencia, apuestan por un servicio público universal y gratuito que garantice a las personas que no se pueden valer por sí mismas el derecho a ser cuidadas y atendidas en su entorno habitual. En el ámbito de la educación, se propone que los presupuestos del Gobierno foral garanticen la financiación y gratuidad de toda la demanda en la enseñanza de los centros educativos públicos a partir de 2007. La atención sanitaria pública, según esta iniciativa, comprenderá la salud buco-dental, la atención oftalmológica y las revisiónes ginecológicas.

Por último, en lo que respecta a vivienda se plantea un incremento del gasto público del 0,4 por ciento del PIB en cinco años, así como destinar como mínimo el 60 por ciento de la vivienda pública a alquiler, entre otras cosas.