Los ayuntamientos de Zuberoa, Nafarroa Beherea y Lapurdi abrieron ayer sus puertas para permitir que los ciudadanos y ciudadanas acudieran a las instituciones más cercanas a aportar su apoyo a la campaña de Batera. En esta jornada especial, se reunieron, según los primeros datos, 2.119 firmas, que se suman a los 6.000 apoyos con que ya contaba esta iniciativa.

Un impulso sin duda importante para una campaña que se puso en marcha dos meses atrás y que tiene ante sí ­por imperativo de la legislación francesa­ el difícil reto de recoger 46.000 firmas. La reforma administrativa impulsada por el ex primer ministro Jean-Pierre Raffarin en 2002 fijó en el 10% el porcentaje de electores necesario para promover la petición de una consulta. Esas 46.000 firmas se corresponden al 10% de la población del Departamento de Pirineos Atlánticos, que engloba a los territorios de Ipar Euskal Herria y al Béarn.

Pese a que el marco de juego que impone la legislación francesa no es el más favorable, políticos de diferente signo han tratado en las últimas fechas de cortar la hierba debajo de los pies a los impulsores de la iniciativa en pro de la consulta. El presidente del Consejo de Electos, Alain Lamassoure, y el diputado por la UMP Daniel Poulou han insistido en que aunque se lograran las 46.000 firmas requeridas, ello no implicaría automáticamente que se preguntara a la ciudadanía.

Ambos políticos dejaban meridianamente claro su escaso aprecio a la democracia participativa, subrayando su interés en encorsetar el debate territorial que subyace en esta iniciativa democrática al estricto ámbito institucional. Cuando la mayoría de los alcaldes se han pronunciado ya a favor de que se celebre una consulta, ¿qué sentido tiene que el prefecto Cabanne envíe una carta «advirtiendo» a los 547 alcaldes del Departamento de que estamos ante una iniciativa política y no de interés público? Tales pronunciamientos hacen patente la preocupación que suscita en los ámbitos de poder el eventual logro de las firmas precisas para que, cuanto menos, el tema llegue al Consejo General. Más allá de las cortapisas legales y de las declaraciones jacobinas, que pueden sembrar dudas particularmente en quienes trabajan por el reconocimiento de Euskal Herria como sujeto político, sea cual sea el resultado final de la iniciativa Batera, ésta tendrá un indudable valor pedagógico, al promover un ensayo popular del derecho de decisión. -