La lucha permanente de Euskal Herria por su reconocimiento nacional está consiguiendo abrir las puertas de un nuevo escenario. Los instrumentos jurídico-políticos establecidos por los estados para asimilar la realidad nacional vasca en los modelos territoriales españoles y jacobinos están neutralizados y la sociedad vasca pone nuevamente encima de la mesa los principios para un futuro de paz y soluciones democráticas: reconocimiento de Euskal Herria y respeto a su voluntad.

Pero, constatados los avances objetivos en el proceso de liberación, también debemos considerar los riesgos y/o falsos senderos políticos que algunos están elaborando para responder a la nueva situación. Hemos ganado mucho terreno político, quemado muchas etapas y situado las claves del debate con mucha claridad. Pero nada es irreversible. Madrid y París intentarán recuperar algunas trincheras y llevar a la sociedad vasca a escenarios sinuosos con la intención de reformular los marcos vigentes, soslayando el problema político de fondo. De esto no tengamos ninguna duda.

Desde LAB y el conjunto de la izquierda abertzale se han construido los referentes básicos para que la sociedad vasca aproveche esta gran oportunidad política. El «tren» de la paz en Euskal Herria tiene unos raíles muy claros: un diálogo incluyente, en una mesa de partidos sin exclusión ideológica y territorial, como instrumento para definir un acuerdo que permita a los hombres y mujeres del conjunto de Euskal Herria disponer de capacidades reales para decidir democráticamente sus relaciones internas y externas sin injerencia e hipoteca alguna.

Es decir, configurar el suelo democrático donde la pluralidad de la sociedad vasca y los distintos proyectos políticos puedan desarrollarse y legitimarse democráticamente. Esta es la clave. Los dirigentes del PSE, PSN, PSF... saben, o deben saber, que el derecho de autodeterminación es sólo un derecho democrático, que no forma parte de una ideología específica y que, por ello, está ubicado en el derecho internacional siendo una parte determinante de la Carta de Naciones Unidas y del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos de la ONU.

Por tanto, no hay solución política al conflicto sin pasar por el reconocimiento de la existencia del pueblo vasco (Euskal Herria) y el respeto a su voluntad política. La «vía catalana», con un poco más de «prólogo» y algo más de «agua autonómica», no tiene futuro como base para establecer en Euskal Herria un marco democrático de confrontación de ideas y proyectos políticos. Es decir, para abordar el conflicto político de fondo.

PSOE, PSE y PSN no tienen más que ir a sus propias raíces o trayectoria para dar respuesta positiva a esta cuestión. Referencias como las que podemos encontrar, entre otros, en Toribio Etxeberria, que escribió en 1918 “La Liga de Naciones y el problema vasco”, donde reconocía el derecho a la soberanía del pueblo vasco, o las resoluciones del XIII Congreso del PSOE (octubre 1974) en relación a las nacionalidades: «la definitiva solución del problema de las nacionalidades que integran el Estado español parte indefectiblemente del pleno reconocimiento del derecho de autodeterminación de las mismas». Con posterioridad, en diciembre de 1976, se sigue propugnando «el ejercicio libre del derecho de autodeterminación por la totalidad de las nacionalidades y regionalidades, las cuales compondrán, en pie de igualdad, el Estado federal que propugnamos». Con posterioridad los «socialistas» abordaron una transición que, tutelada por el franquismo, conllevó una metamorfosis en principios políticos y sociales. Ahora, ante la oportunidad de una verdadera transición democrática en relación al reconocimiento de las naciones en el Estado español, el PSOE tiene que hacer el camino al revés.

Un camino en el que, en lugar de andar con discursos propios de la derecha y no del republicanismo, el PSOE tiene que considerar que en el siglo XXI, en Europa, el derecho de autodeterminación se está convirtiendo en herramienta de- terminante para abordar pacíficamente problemáticas nacionales. En los últimos quince años el mapa de Europa Central y del Este se ha modificado sustancialmente y ese cambio tiene que llegar también a la Europa Occidental para pueblos como el vasco, catalán, corso, escocés...; por eso las palabras de Solana, delirium tremens, refiriéndose a Euskal Herria, pretenden poner freno a un proceso imparable de auge de los pueblos de Europa en su estructuración interna y rezuman, además, un rancio españolismo. Pero son palabras que nadie entiende pues, ¿por qué en Montenegro, Chequia, Estonia, Kosovo... y no en Euskal Herria?

Peligros

Aunque las claves y contenidos del debate político están bien situadas, nuevamente habrá sectores polí- ticos que pretenderán especular con la nueva situación planteando ofertas o salidas que mejor garanticen el desarrollo, a corto y medio plazo, de sus proyectos e intereses político-económicos. Ha sido, desgraciadamente, una constante en nuestra historia política. Y, ahora, cuando estamos en un proceso que tiene mimbres constituyentes, también habrá propuestas para evitar el reconocimiento de la nación vasca. En mi opinión, dos son las grandes alternativas que se están «maquinando» en algunas cocinas políticas.

La izquierda abertzale, en este sentido, no va a diluir su proyecto con planteamientos autonomistas o federalistas ­todos legítimos­ en ese falso ejercicio de mestizaje político. Ese no es el proceso de negociación. Debemos compartir principios democráticos y, a partir de esa base común, todos los proyectos políticos sin exclusión podrán ser desarrollados sin cortapisas. La negociación no es una convergencia de proyectos y culturas políticas, sino establecer una reglas democráticas donde todos los hombres y mujeres de Euskal Herria tengan garantizado su derecho a definir su estatus jurídico-político interno y externo desde el respeto a los derechos individuales de todas las personas.

La segunda alternativa pretende una confusión de conceptos buscando sustituir progresivamente en el debate político el Derecho de Autodeterminación, ergo derecho a decidir, por el «derecho a consulta». El derecho a decidir lleva implícito el reconocimiento de un sujeto político y el carácter vinculante del pronunciamiento aunque colisione con el ordenamiento constitucional de los estados. Al contrario, el derecho a consulta sería la capacidad administrativa de los actuales ámbitos institucionales de requerir la opinión de su ciudadanía, sin efectos legales vinculantes y, por supuesto, sin afectar a las soberanías y al manteni- miento del sujeto único español, y en su caso francés, a través del modelo autonómico vigente.

Sobre esta cuestión hay especialistas que, indagando fórmulas para constitucionalizar el derecho a decidir, apuestan por un suce- dáneo del derecho de autodeterminación a través de ese derecho a la consulta. Se trata de dimensionar políticamente lo que no pasa de ser un derecho de audiencia del ciudadano/a entroncado en el Derecho Administrativo. Esto está en marcha y, desde luego, se trata de mercancía averiada para abordar una circunvalación política a la cuestión de fondo: sujeto y derechos democráticos.

Las palabras de Josu Jon Imaz contradiciendo la declaración de la última Asamblea Nacional del PNV y afirmando que «es posible acordar el derecho a decisión desde el marco actual», apuntan en esta dirección buscando una reformulación del marco vigente con esquemas de estas características. Si no, al tiempo.

Así pues, el nuevo ciclo político abierto no debe diluir el factor central que generación a generación se viene planteando: la existencia de un pueblo y su legítimo derecho a decidir su futuro en libertad. No hay tres pueblos ni tres conflictos. Un pueblo con realidades sociopolíticas e insti- tucionales diversas, que exige una transición nacional y democrática. Agarrémonos a esto como a un clavo ardiendo y no lo sol- temos hasta el final por muy duro y complicado que sea. Para ello, desde luego, será indispensable el impulso desde ámbitos políticos, sindicales y sociales de un sirimiri ideológico y una movilización permanente que hagan irreversible la oportunidad histórica construida con mucho sufrimiento y sacrificio.

El siglo XXI tiene que ubicar a Euskal Herria como una nación libre y democrática en el firmamento de los pueblos y estados de Europa. Sólo desde ese estadio podremos abordar cambios sociales, dotándole a la cooperación, solidaridad e internacionalismo entre pueblos y comunidades de su verdadera y necesaria dimensión. -