La definitiva abolición de los señoríos por las Cortes españolas en 1837 no libró a los ciudadanos de Trebiñu de seguir sufriendo, hasta hoy, una consecuencia directa de aquel régimen señorial, como es la exclusión administrativa del territorio de Araba. En efecto, en la vigente división provincial de 1833 ­gestada bajo la monarquía absolutista de Fernando VII y aprobada luego por el gobierno liberal sin trámite parlamentario­ prevaleció el criterio historicista, de forma que los particulares intereses señoriales que desde el siglo XV venían impidiendo la participación en la Hermandad de Araba quedaron a la postre superpuestos a la voluntad de la población de Trebiñu que, al menos en 1646 y 1710, ya se había expresado favorable a la integración en Araba.

Todos los datos históricos de que disponemos sobre el tema son coincidentes; nos revelan que a la ciudadanía de Trebiñu jamás se le ha permitido decidir libremente su futuro administrativo y que cuando, a pesar de todo, ha cometido la «osadía» de manifestar colectivamente su voluntad, ésta se ha querido acallar desde el poder con el uso de la coerción o de la displicencia, dependiendo de los tiempos que corran. Con todo, la contumacia de las autoridades castellano-leonesas en perpetuar unas vinculaciones administrativas no deseadas y su obsesión por preservar Trebiñu «inmaculado» de todo atisbo de cultura vasca ­aunque se trate de una colectividad radicada en el corazón geográfico de Araba­ están abocadas al fracaso, ya que la mayoría de la población lo vive como una imposición arbitraria e injusta.

El hecho de que Trebiñu esté territorialmente donde está ha supuesto que, se quiera o no, haya sido incluido en el gran saco del problema político vasco, a pesar de que el tema cuenta con marcados rasgos específicos y uno de ellos es la ausencia absoluta de métodos violentos en la defensa de la reivindicación. De lo que no hay duda es de que Trebiñu no es un problema exclusivo de los treviñeses, a pesar de que suframos sus efectos día a día, sino que también afecta negativamente a los alaveses y por extensión a la sociedad vasca. En todo caso, la ubicación del enclave en territorio vasco también ha propiciado un celo mayor a la hora de idear el blindaje legal ­con privilegio de veto incluido­ que recoge la disposición transitoria séptima del Estatuto de Castilla y León, todo con el fin de impedir una solución respetuosa con la decisión de los treviñeses, por lo que implicaría de «concesiones territoriales a los vascos». Es ingenuo no creerlo así. Sin embargo, sería saludable para la correcta contextualización del problema que los grupos políticos ­incluidos PP y PSE-EE­ reconocieran la existencia de esta circunstancia distorsionante. Recuerdo que, mediada la década de los noventa, participé, como miembro de la delegación de UDA, en una reunión en la sede vitoriana del PP con Ramón Rabanera, entonces presidente provincial de su partido. Se lamentaba el dirigente popular de la gran dificultad que entraña el problema de Trebiñu por ser un territorio enclavado en una provincia vasca; y añadía que en caso de estar «en Guadalajara, por ejemplo» el tema hace mucho tiempo que estaría resuelto o, si no, se resolvería en cuatro días, pero que al hallarse dentro del País Vasco era posible que la solución no llegara en muchos años. Pido disculpas de antemano a Ramón Rabanera por mi indiscreción, pero sería bueno que también pudiera manifestar en público la opinión de la que tan convencido está en privado.

Ahora que parece que podemos estar en el umbral de un nuevo tiempo en la política vasca, algunos queremos creer que dentro de la profunda normalización política a acometer en nuestra sociedad también ha llegado el momento de solucionar este contencioso histórico. La ponencia creada dentro de la Comisión de Instituciones e Interior del Parlamento Vasco que, aunque con retraso, acaba de iniciar sus trabajos, puede ser útil y válida para avanzar en la solución. No obstante, entiendo que cuando se constituya la mesa de partidos que, entre otras cosas, ha de debatir y consensuar el marco jurídico para el reconocimiento y aplicación del derecho a decidir de la sociedad vasca, es ineludible que el contencioso de Trebiñu esté en la agenda de trabajo. Ciertamente, no es viable una normalización política plena sobre el derecho a decidir si al mismo tiempo excluye a los treviñeses o a cualquier otro colectivo de la sociedad vasca. Es cierto que los escollos no serán pocos ni pequeños. Para el caso de Trebiñu vemos al PP de Castilla y León insatisfecho con la redacción del Estatuto castellano-leonés vigente. En boca del delegado de la Junta en Burgos, Jaime Mateu, la reforma en curso de su Estatuto de Autonomía es un momento oportuno de «reafirmar que el Condado de Treviño es Castilla y León y es Burgos», para lo que plantean trasladar el procedimiento de segregación del apartado de disposiciones transitorias a otro bloque del articulado. La situación es complicada, sin duda, cuando se muestra tanto desprecio, sin pudor alguno, hacia la opinión de los ciudadanos de Trebiñu, pero no concibo una solución definitiva que no recoja el derecho de los treviñeses a decidir su futuro. -