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Gara > Idatzia > Euskal Herria 2006-07-10
Imputados en la AN sin saberlo y multados tras el archivo del caso
Cientos son las multas económicas que ciudadanos vascos, en su mayoría independentistas, reciben al cabo del año por cuestiones políticas. Son una herramienta más al alcance de las policías que operan en Euskal Herria. Y, en estos casos, siempre hay anécdotas ilustrativas. En Donostia, por ejemplo, la Ertzaintza se querelló contra cinco personas, enviando el informe a la Audiencia Nacional. Nunca se les identificó directamente. Tampoco supieron que había una denuncia contra ellos en Madrid. Y ahora, la AN archiva el caso, pero la Ertzaintza les ha multado.

Y de regalo... una multa. No ha sido ninguna tómbola la que ha impuesto una sanción de casi 1.000 euros a varios vecinos de Donostia por haber participado supuestamente en una manifestación «no comunicada» en julio de 2005. Ha sido la Ertzaintza la que ha repartido unos «boletos» sancionadores entre los cinco donostiarras; pero, para más inri, también ha sido la Policía autonómica la que les ha informado de que, tras identificarles ­no se sabe cómo­ como portadores de la pancarta que abría la mencionada movilización, fueron imputados ante la Audiencia Nacional española, que rechazó la apertura de diligencias penales propuesta por la Ertzaintza.

Ultimamente han sido varias y de forma continuada las remesas de sanciones que han llegado a Donostialdea, pero este caso es, cuanto menos, significativo. Se remonta, según afirma la Policía que dirige el Departamento de Interior de Lakua, al 21 de julio de 2005. Cabe recordar que ese día, tras una persecución de la Policía francesa, fallecía Imanol Gómez, joven militante de la organización ETA y vecino de la capital guipuzcoana.

Al parecer, agentes de la Ertzaintza que patrullaban por Alde Zaharra «en previsión de incidentes» dieron cuenta a la comisaría del barrio del Antiguo de que «sobre las 20.16 horas, en la Parte Vieja de Donostia se inició una manifestación no comunicada a la autoridad competente». Afirma la Ertzaintza, en el auto de notificación, que habían tenido constancia de la convocatoria por medio de carteles «colocados en la vía pública».

El escrito continúa señalando que en la citada manifestación participaron dos centenares de personas y que durante la misma se corearon gritos como «Gora ETA militarra» o «Zipaioak entzun, pim, pam, pum». También indica que se «lanzaron botellas, vasos de cristal y piedras» contra los agentes policiales.

El párrafo siguiente da cuenta de las personas que, según la Ertzaintza, portaban la pancarta con la leyenda «Imanol gudari! Herriak ez du barkatuko». Es en este punto donde queda en evidencia la oscura labor del policía videoaficionado de turno. Y es que aquel día ningún ertzaina procedió a reali-zar identificación alguna. Los sancionados no fueron requeridos por los policías en ningún momento.

Seguidamente, en el párrafo más recatado del auto, la Consejería de Interior del Gobierno de Gasteiz informa a los multados, después de casi un año del suceso, de que «por los mismos hechos se tramitaron diligencias previas ante la Audiencia Nacional, encontrándose las mismas archivadas». De forma escueta, la Ertzaintza explica a estos donostiarras que pudieron llegar a estar procesados en la AN si no fuera por que este tribunal archivó y rechazó la tramitación de la denuncia interpuesta por Lakua el 26 de setiembre pasado.

«Velar por el buen orden»

Pese al archivo, y como colofón del procedimiento, la Ertzaintza impone a los identificados una sanción de cerca de mil euros con el argumento de haber «incumplido, en calidad de convocantes, su obligación de velar por el buen orden al no llevar a cabo en el transcurso de la manifestación ninguna actuación tendente a evitar dicho comportamiento», en referencia a los gritos y al lanzamiento de objetos contra los policías.

Las actuaciones contra movilizaciones de carácter político, contra manifestantes, convocantes o portadores de pancartas no son novedosas, aunque en este caso lo más llamativo resulta que la denuncia fuera presentada ante el tribunal especial español sin que mediara identificación alguna y sin que los afectados fueran informados del procedimiento.-

DONOSTIA


 
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