MOGADISCIO
El Gobierno estadounidense dijo ayer que los presos retenidos en el campo de concentración de Guantánamo se encontrarán amparados por la Convención de Ginebra, según explicó ayer ante la prensa el portavoz de la Casa Blanca, Tony Snow, en respuesta a la sentencia que el Tribunal Supremo emitió en contra de la detención de los reos en la base militar. Snow aseguró que el viraje en la política de la Administración de Bush, y que se encuentra reflejado en un informe del
Pentágono, responde a la sentencia del Supremo que calificó de ilegales los procesos extrajudiciales que el Gobierno creó como respuesta en su «lucha contra el terrorismo».
Desde el Departamento de Justicia, también se ha asegurado que el Gobierno cumplirá con los requisitos exigidos por el Tribunal Supremo, aceptando la exigencia de ceñirse a las normas de la Convención de Ginebra en lo que se refiere al trato de los presos retenidos en el campo de concentración de Guantánamo.
«Norma ambigua»
No obstante, durante su comparecencia ante el Senado esta mañana, el subsecretario de la Oficina de Asesoramiento Legal del Departamento de Justicia, Steven Bradbury, aclaró que «la norma es ambigua y difícil de interpretar (...) y crea un grado de incertidumbre para aquellos que combaten a fin de defenderse de un ataque terrorista».
Hasta el momento la Administración Bush había mantenido que los detenidos de Guantánamo no estaban protegidos por la Convención de Ginebra porque no eran prisioneros de guerra. El portavoz de la Casa Blanca manifestó sin inmutarse que, pese a que todos los presos habían sido tratados con «respeto y de forma humana», era el deseo del Gobierno «hacer lo correcto». Desde el Senado, donde ayer mismo se iniciaron las reuniones preliminares para dilucidar la fórmula con la que tratar a los detenidos, se subrayó la necesidad de cambiar los procedimientos de los tribunales y subrayaron la intención del Legislativo de «no darle al Departamento de Defensa un cheque en blanco».
