La derechona reaccionaria hispana anda, como casi siempre, metida en sus trifulcas intestinas. Anteayer “Abc” decía que, según la Guardia Civil, fue un miembro de la Comisaría General de Información quien informó a Joseba Elosua de que estaba siendo perseguido. Y ayer “La Razón” titulaba: «Tajante desmentido de la Guardia Civil a ‘ABC’». Se apoyaban en una nota de la Benemérita: «esta Dirección General informa que el contenido del artículo publicado por ‘ABC’ no se ajusta a las conclusiones del informe elaborado por la Guardia Civil». A pesar de ello, el vetusto “Abc” editorializaba sobre el asunto: «Los datos conocidos hasta el momento constan en un informe de la Guardia Civil y (...) se considera que pronto podrá identificarse al autor del chivatazo».

Y después de tan severa afirmación, advertía que «El Gobierno se enfrenta a lo que puede ser el mayor escándalo de la legislatura, porque se trataría de un acto de colaboración con banda armada perpetrado desde el núcleo duro de la seguridad del Estado». Y, fiel a su tradición de apego a la poli, decía el escriba de Zarzalejos que «es necesario salvaguardar la dignidad de las Fuerzas de Seguridad del Estado, que han sido y son decisivas en la lucha contra toda clase de terrorismo, por la que han pagado un alto precio (...). Lo que ayer desveló ABC debe prejuzgarse como un caso de responsabilidad individual (...) mientras no haya pruebas inequívocas que digan otra cosa sobre quién lo hizo y quién lo ordenó». Empiezo a no entender nada. ¿Y ustedes?

Lo que, parece ser, quiere denunciar el “Abc” es el proceso en sí mismo. Lean, lean: «Todo apunta a un funcionario público que, al parecer, decidió contribuir al ‘proceso de paz’ torpedeando una investigación judicial antiterrorista (...). Lo grave de esta explicación ­echar una mano al proceso de negociación con ETA­ es que sirve para actuar de la misma manera en cualquier otra ocasión o, incluso, para actuar de forma contraria, por qué no, con ánimo de perjudicar al Gobierno. En todo caso, es preocupante la mera posibilidad de que desde instancias públicas haya quien crea que el ‘proceso de paz’ requiere poner zancadillas a los jueces y encubrir a colaboradores del terrorismo. El desorden que está caracterizando la negociación con ETA tiene costes como éste: el de llegar a confundir a un funcionario público sobre su verdadero deber en una lucha que tendría que seguir siendo antiterrorista». Tienen un estilo inconfundible. - msoroa@gara.net