La población colombiana vive una dramática situación humanitaria marcada por la violencia política, el desplazamiento forzado y masivo, la implicación de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas del Orden Público en crímenes, la paramilitarización del país y un estado de impunidad amparado por las más altas instituciones políticas y jurídicas.

Al mismo tiempo el Gobierno colombiano sigue ignorando las recomendaciones de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y continúa sin acatar las Medidas Provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y sin mostrar voluntad real para proteger los derechos de las comunidades víctimas de Crímenes de Lesa Humanidad y de Destrucciones Ambientales y Territoriales, como señala la Defensoría del Pueblo de Colombia y las ONGs defensoras de Derechos Humanos.

El segundo mandato de Uribe Vélez implicará un nuevo nivel de la crisis humanitaria. Su plan estratégico, contenido en documentos como el plan 2019, apunta a aniquilar los aspectos más avanzados de la Constitución de 1991, extender la militarización de la vida civil, y poner en práctica el Tratado de Libre Comercio entre otros elementos de un modelo netamente autoritario en el plano político y profundamente regresivo en el plano social.

Día a día aumenta el número de refugiados y desplazados que huyen no sólo de la realidad social y económica de extrema pobreza, sino que temen por sus vidas tras las amenazas sentidas desde el Estado por su participación en actividades políticas de oposición y de protesta.

La pasada semana la policía de la capital allanó sin orden judicial las oficinas del semanario comunista “Voz”, del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos y del sindicato Sinaltrainal. Asimismo, de la ONG Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento Forzado (CODHES) fueron robados los archivos del Sistema de Información sobre Derechos Humanos y Desplazamiento Forzado.

El pasado 23 de julio fue asesinado en Barrancabermeja Jorge Guillén Leal, ex miembro de la junta directiva del sindicato Sintrainquigas. Hace poco fue allanada la casa de la Unión Patriótica (desde los años 80 cerca de 5.000 de sus dirigentes y militantes fueron asesinados) con el objetivo de capturar al ex alcalde de Cartagena de Chaira, Víctor Oime, y a su hijo. Simultáneamente en Puerto Rico, departamento del Caquetá, fue detenida la esposa del dirigente comunista.

Estas son evidencias de la política de Seguridad Democrática contra las organizaciones de derechos humanos, líderes sindicales y oposición política al régimen autoritario de Uribe Vélez. Particularmente nos preocupa la intervención directa de fuerzas militares y públicas que amenazan a pobladores y comunidades.

Según la política gubernamental todo el mundo es sospechoso. La fuerza pública ­también la privada­ ha sido autorizada para atropellar todos los derechos, con el argumento de luchar contra el terrorismo.

Nos sentimos alarmados ante la información que surge de un país donde el número de desplazados, presos políticos, torturados, asesinados y desaparecidos crece de la mano de la negación del conflicto armado interno y de las políticas gubernamentales contempladas en la política de Seguridad Democrática, el Plan Colombia y su continuación, el Plan Patriota, así como la Ley de «Justicia y Paz».

Estas medidas llevadas a cabo en el país producen situaciones de exclusión e inequidad social con el aumento del desempleo, la pobreza y el deterioro de las condiciones de vida, transformando a Colombia en el segundo país a nivel mundial en cuanto al número de personas desplazadas internas; coartan además las expresiones públicas de aquellas personas y grupos que disienten con el gobierno y garantizan la impunidad de los grupos paramilitares, que siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló en su sentencia del pasado julio la responsabilidad del Estado colombiano por el desarrollo de estrategias de tipo paramilitar; ahora se trataba de las masacres perpetradas en Ituango (Antioquía) en 1996, mientras se desempeñaba como gobernador de ese departamento el actual presidente Uribe Vélez. La Corte concluyó que «las autoridades no adoptaron las medidas preventivas a pesar de saber que existía una incursión paramilitar en Ituango», y que las «masacres en Ituango fueron realizadas por grupos paramilitares que actuaron conjuntamente con las fuer-zas armadas de Colombia», sentenció.

Jesús María Valle denunció en 1996 y 1997, como presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos de Antioquía, violaciones a los derechos humanos cometidas por paramilitares con colaboración de miembros del Ejército en Ituango. El Ejército preparó una lista con un centenar de civiles que le entregó a la comisión de ejecuciones selectivas de las AUC (grupo paramilitar). El 27 de febrero de 1998 dos hombres asesinaron a Valle en su oficina.

Casos como éste no son hechos aislados en Colombia, sino que corresponden a una política sistemática de destrucción de los movimientos sociales y políticos que se oponen a la política neoliberal del Gobierno. Ante los evidentes beneficios de legislaciones como la ley de impunidad 975 ­mal llamada de «Justicia y Paz»­ la CIDH es clara en exigir al Estado colombiano no ampararse en legislaciones que otorguen amnistías o impidan sanciones proporcionales a los responsables de crímenes tan graves: «Para cumplir la obligación de investigar y sancionar a los responsables en el presente caso, Colombia debe: a) remover todos los obstáculos, de facto y de jure, que mantengan la impunidad; b) utilizar todos los medios disponibles para hacer expedita la investigación y el proceso judicial; y c) otorgar las garantías de seguridad adecuadas a las víctimas, investigadores, testigos, defensores de derechos humanos, empleados judiciales, fiscales y otros operadores de justicia, así como a los ex pobladores y actuales pobladores de Ituango. (...)

En particular, son inaceptables las disposiciones de amnistía, las reglas de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos, como las del presente caso».

La historia reciente de Colombia nos ha enseñado que Uribe desconocerá esta sentencia y los paramilitares y militares que hoy gozan de la más absoluta impunidad y circulan por el país bajo protección gubernamental se beneficiarán de la ley de «Justicia y Paz», reduciéndose su pena a un máximo ocho años de cárcel pagada en las fincas agrícolas particulares de los criminales.

Para el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, la estrategia paramilitar ha sido diseñada, operativizada e institucionalizada por el Esta- do colombiano mediante la creación de diferentes dispositivos, entre los cuales se cuentan normas jurídicas que han legitimado su accionar, y otras que buscan legalizar la impunidad de sus crímenes.

Así, los instrumentos jurídicos utilizados en el llamado proceso de «negociación y des-movilización», como la Ley 782/02 y el Decreto 128/03, han servido para el otorgamiento de indultos y amnistías al 93 % de los paramilitares. Otras normas complementarias han concedido beneficios económicos y subsidios a quienes se han desmovilizado sin ni siquiera verificar su pertenencia a los grupos paramilitares, y mientras continúa el proceso de consolidación económica, política y social, y la ejecución de nuevos crímenes a lo largo y ancho de la geografía nacional.

Este contexto repercutirá, sin duda alguna, en un mayor deterioro de los derechos humanos, las libertades públicas, y los derechos sociales. La política de «seguridad democrática» incrementa las medidas represivas y arbitrarias, las ejecuciones extrajudiciales y la brutalidad en el uso de la fuerza por parte del Ejército y la Policía, la militarización del país, la actuación ilegal de los agentes del Estado, y una mayor intervención militar de EEUU en el conflicto armado interno.

Por todo ello hacemos un llamado al Gobierno español a revisar sus políticas exteriores con Colombia y a combatir la dramática situación de violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Y no, como sucedió en la última visita a Colombia de la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, defender los intereses de las empresas transnacionales españolas en esta zona. -