La situación de excepción que se ha ido fraguando, ley a ley, desde la llamada transición y hasta nuestros días, ofrece múltiples rostros, y uno de ellos es el de las fianzas. Quizás por un pudor justificado, ¿cómo hacer hincapié en el daño causado por una medida económica cuando un país ofrece un crudo balance en forma de muertes, detenciones, torturas...?, la sangría económica vestida con un manto legal ha quedado como una nota a pie de página en los balances sobre la violencia de los estados en Euskal Herria
Sin embargo, en un momento en que se redoblan los esfuerzos por sacar de la fosa del olvido a las víctimas de la represión ejercida durante el franquismo, no está de más apuntar que las multas, confiscaciones, embargos y usurpación de bienes que se practicaron contra los perdedores de la guerra no terminaron con una «reforma democrática» que hizo dogma del borrón y cuenta nueva.
Efectivamente, las fianzas son un corsé para el ejercicio de la actividad política de centenares de personas en Euskal Herria. Centenares de ciudadanos de nuestro país viven en una libertad aparente, pero con una enorme losa sobre sus espaldas y las de sus familias al ser víctimas de una suerte de violencia de persecución económica. Ello, por descontado, sin haber sido condenadas. Como es sabido, las fianzas tienen exclusivamente un sentido disuasorio: el de evitar que una persona procesada eluda el juicio. Al tiempo, la ley explicita que las cantidades impuestas deben guardar relación con la situación patrimonial y económica del acusado. Tales principios saltan por los aires cuando de ciudadanos vascos, en su mayoría vinculados de una u otra forma al independentismo, se refiere.
Cuando en estos días se escuchan de boca de portavoces del PSE denuncias sobre los intentos de presionar a este partido por medio de acciones que vinculan, de inmediato, con «un rebrote de la kale borroka», cabe preguntarse si el mantenimiento de la persecución económica no es incompatible con el respeto a todos los idearios políticos.
Sólo en 2005, Euskal Herria aportó a las arcas de la Audiencia Nacional española más de 1.300 millones en concepto de fianzas. El sumario 18/98 que, de no mediar cambios, volverá a centrar la crónica judicial a partir del 4 de setiembre, es un paradigma en cuanto al uso y abuso de una medida que no es ni mucho menos menor en el escenario general de usurpación de derechos y hurto de libertades. -
