En su alocada carrera para copar el mercado de la extrema derecha, hay quien pierde el escaso pudor que pudiera quedarle después de haber protagonizado algunos de los espectáculos más penosos contemplados en el periodismo español en los últimos años. Valgan como ejemplo “El Mundo” y su obcecación con implicar a ETA en el 11-M. Así sea confundiendo a la Orquesta Mondragón con Fagor Electrodomésticos, el insecticida con el TNT, comprando testimonios de individuos de la calaña de Trashorras, Lavandera... Y, ya desnudo, sin pudor alguno, ayer Pedro J. Ramírez pedía a gritos en su editorial que siga la leña contra los presos, que se siga sometiendo a castigo a sus familiares, que las cárceles sigan siendo munición de chantaje...

El editorialista criticaba a Ibarretxe porque en el pleno del viernes, dijo que «ETA y el Gobierno por igual ponen ‘piedras’ en el llamado proceso de paz, y una de ésas es, por lo que respecta a Zapatero, la política penitenciaria». Ya citó a la bicha.

Reconocía, no obstante, que «es cierto que el Estatuto de Guernica prevé la posibilidad de transferir la competencia de prisiones, algo que de hecho ya ocurrió con Cataluña», pero matizaba que «el problema es que Ibarretxe no busca una competencia administrativa, sino un arma política de primer grado. Según afirmó ayer en el debate de política general, la suya sería una política penitenciaria ‘consensuada, dinámica y flexible’, adjetivos tan ambiguos como tenebrosos cuando están destinados a calificar decisiones que afectan a quienes cumplen penas por terrorismo». No logra disimular Ramírez su afán de castigar a la sociedad vasca en la espalda de los presos. Cada vez le cuesta más.

Por eso se pregunta con aire cínico: «¿Consensuar con Txapote? ¿Ser flexible con Iñaki Bilbao? ¿Dinamismo para los indultos o el tercer grado de los etarras?». Y se responde con una memez digna del personaje y sus circunstancias: «Sus crímenes no son políticos y por tanto sus penas no deben entrar en el juego de ningún proceso. Ayer Ibarretxe volvió a afirmar que la política de prisiones del Estado español no respeta los derechos humanos y prometió que la suya sí lo haría. Su claridad de intenciones debería despejar cualquier duda que el Gobierno pudiera albergar sobre la posibilidad de cumplir con sus deseos». Que nos pregunte a nosotras. - msoroa@gara.net