El proyecto de ley presentado por el Gobierno del Reino de España, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura fascista encabezada por el general golpista Francisco Franco exige su devolución al gobierno «socialista», porque no cumple con la necesidad objetiva de solucionar una serie de problemas concretos y responder a las demandas sociales y de la historia que exigen un marco legal que responda a la verdad, justicia y reparación para las centenares de miles de víctimas del fascismo y sus familiares después de setenta años del golpe de estado contra la II República Española, 42 años de dictadura franquista y 28 años del actual periodo de la Constitución de 1978.

La grave responsabilidad en las claudicaciones y errores cometidos sobre todo por parte de la izquierda estatal (PSOE y PCE principalmente) durante las negociaciones en el período que va desde la muerte del dictador a la aprobación de la actual Constitución monárquica, no deben volver a cometerse en estos momentos históricos en los que tenemos la obligación todas las fuerzas y personas progresistas, democráticas, de izquierdas y republicanas de hacer efectiva la verdad y la justicia en la historia de las personas y organizaciones que fueron asesinadas y represaliadas por el fascismo español y el nacionalcatolicismo que fue apoyado y aliado de la Alemania nazi de Hitler y la Italia fascista de Mussolini.

Sin ser exhaustivos destacaremos varios elementos significativos recogidos del análisis y estudio realizado por la Federación Estatal de Foros por la Memoria, que nos llevan a negar al presente Proyecto de Ley la categoría que se merece la deseada y necesaria, aunque tardía, Ley de Memoria Histórica:

1. En el preámbulo se especifica claramente y en tres ocasiones que se trata del «derecho individual a la memoria personal y familiar». O sea que los antifranquistas fueron represaliados porque eran personas y tenían familia. ¿Acaso en las instrucciones reservadas por el golpista Mola no se diseñaba un genocidio político planificando la eliminación de un grupo social y político, defensor de la República? La obligación del Gobierno del Estado es la recuperación de la memoria de las víctimas del franquismo.

2. En el lenguaje utilizado se busca permanentemente la «asepsia»: el fin es igualar a demócratas y fascistas, a víctimas y verdugos. No se hace distingos a la hora de hablar de unas y otras víctimas, las que durante cuarenta años disfrutaron de privilegios, concesiones, cuotas de reserva de puestos de trabajo, reconocimiento público y simbólico y por otro lado, los demócratas y sus familias, condenados a las cunetas, fosas comunes, represalias, la marginación, el exilio, el silencio y el olvido.

3. El concepto varias veces usado en el preámbulo «defensa de la democracia que hoy todos disfrutamos» ¿qué implica?, ¿que entran dentro del supuesto las víctimas de Montejurra y de Vitoria, pero no Salvador Puig Antich y los cinco fusilados de 1975? Y si el Estado asume que los primeros defendían valores democráticos y constitucionales, que por ello tienen derecho al reconocimiento y sus herederos a ser indemnizados, y por tanto su asesinato es un crimen imprescriptible, ¿dónde queda la responsabilidad política y penal de los entonces máximos responsables directos del Estado? Uno ex presidente de la Xunta y actual senador y otro actual presidente de Sogecable.

4. Sobre el tema central de la no anulación de sentencias, el Gobierno no ha hecho el menor caso de los planteamientos expresados por algunos de los más destacados juristas. En cambio ha optado por no anular las sentencias en nombre de la supuesta seguridad jurídica. Como escribe Martín Pallín, manteniendo el criterio de «seguridad jurídica» defendido por los fiscales de la actual Alemania serían plenamente legales la «Solución final» y las esterili- zaciones en masa llevadas a cabo por los nazis, en cuanto producto legal de la voluntad de los gobernantes, imposible de anular.

Hechos flagrantes como la ilegitimidad de origen de las instituciones que legislaban, juzgaban, condenaban y ejecutaban, la manifiesta indefensión, la parcialidad de los tribunales, la ausencia de mínimas garantías procesales, las irregularidades de los procedimientos, etc. simplemente se obvian.

En compensación, el Proyecto de Ley propone una declaración simbólica de rehabilitación individual a petición del particular, cuya solicitud debe partir del interesado o sus descendientes y que debe evaluar un Consejo de expertos designado por el Parlamento. No parece muy lógico que se haga tal concesión a personas que de manera explícita son considerados oficialmente por este Proyecto de Ley (puesto que se les niega la opción de anular su sentencia) como criminales convictos del delito de rebelión militar por defender la legalidad republicana, o en aplicación de la amplia legislación represiva franquista. No es lógico tampoco que ellos y ellas lo solicitaran.

5. No observamos nada referido a la reparación de la represión económica: incautaciones, multas, relacionadas con la Ley de Responsabilidades Políticas y otras partes del entramado represivo. Se conservan expedientes sobre miles de incautaciones de propiedades en todo el país. ¿Qué propiedades son? ¿Quiénes eran sus legítimos dueños? ¿Quién las ha disfrutado en los últimos 70 años y en la actualidad?

6. Algunas grandes empresas alemanas y sus herederas están pagando indemnizaciones a los trabajadores franceses, polacos y de otras nacionalidades que fueron deportados para trabajar como esclavos en la Alemania nazi. El texto del Proyecto de Ley dice: «las Administraciones públicas podrán prever subvenciones para la confección de censos de edificaciones y obras públicas realizadas por los miembros de los batallones disciplinarios, (...)». Ni una palabra de las empresas que se beneficiaron, sólo de administraciones públicas. Podrán prever, no hay obligación y externaliza el servicio, limitándolo a la «confección de censos».

7. El Gobierno francés está indemnizando a los ciudadanos de toda Europa deportados por el Gobierno de colaboracionista pronazi de Vichy a los campos de exterminio del III Reich. No se encuentra en el texto nada similar sobre los 7.500 españoles asesinados, ni siquiera el reconocimiento formal de que en 1940 se les negó la nacionalidad española y que fueron entregados a los nazis.

8. No se recoge nada sobre la rehabilitación de profesionales que el 18 de julio de 1936 fueron leales al régimen democrático republicano legalmente constituido. Nos referimos fundamentalmente a los militares, miembros de las fuerzas del orden y funcionarios y personal trabajador en general de las administraciones públicas, que en muchos casos pagaron con su vida no traicionar y mantener la fidelidad a la República.

9. No hay la más mínima alusión a los guerrilleros antifranquistas y su histórica reivindicación de reconocimiento como combatientes de la República. Algunos guerrilleros españoles ostentan las máximas condecoraciones y son héroes nacionales de Rusia (anteriormente URSS) o Francia, por ejemplo.

10. La no obligatoriedad para las administraciones locales de retirada de simbología franquista y denominaciones de calles garantiza la pervivencia del reconocimiento público y simbólico de jerarcas de la dictadura, criminales de guerra y militares traidores durante los años venideros. El siniestro mausoleo de Cuelgamuros no recibe el trato que se esperaba desde los valores, colectivos y personas que defendemos la democracia y la memoria histórica.

11. Sobre las exhumaciones de víctimas del franquismo creemos necesaria la implementación y dotación de los recursos suficientes para hacer efectiva la Declaración elaborada por el Equipo Nizkor y que firmaron el pasado mes de marzo una docena de organizaciones de recuperación de la Memoria, represaliados y familiares.

12. En cuanto a los Archivos, tal y como valoró Amnistía Internacional el 28 de julio «las medidas anunciadas, aunque pueden suponer alguna mejora para la conservación y localización de la información de los ‘archivos de la represión’, no parecen estar orientadas a facilitar a las víctimas y sus familiares el acceso a una información fundamental para demostrar la condición de víctima (y así poder acceder a las ayudas arbitradas) y satisfacer su derecho a conocer la verdad». -