DONOSTIA
El juez Baltasar Garzón mantiene la imputación de «integración en ETA» contra las mahaikides de Batasuna Marije Fullaondo, Ainara Armendariz y Maite Díaz de Heredia, acusadas de haber tomado el micrófono al término de las manifestaciones celebradas el pasado 30 de setiembre en cinco ca- pitales vascas bajo el lema «Euskal Herriak autodeterminazioa». Concretamente, Fullaondo estuvo en Bilbo, Armendariz en Iruñea y Díaz de Heredia en Gasteiz.
Las tres comparecieron ayer ante el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid, tras lo cual quedaron en libertad. Baltasar Garzón impuso medidas cautelares a Fullaondo: deberá comparecer en un juzgado cada quince días y no podrá salir del Estado español sin autorización.
El juez argumenta esta decisión señalando en su auto que la mahaikide se refirió en su alocución a la «política penitenciaria inhumana y criminal del Gobierno español», algo que a su juicio hizo «siguiendo las pautas del documento de Batasuna titulado ‘La izquierda abertzale y el Proceso Democrático’, dentro de la iniciativa Euskal Herriak Autodeterminazioa de junio de 2006 y del Zutabe de junio de 2006 de ETA». Ainara Armendariz y Maite Díaz de Heredia regresaron a EuskalHerria sin ningún tipo de medida cautelar.
El primero en comparecer, en calidad de testigo, fue Martxelo Alvarez, portavoz de la asociación de víctimas del franquismo Ahaztuak 1936-1975. Las preguntas del magistrado giraron en torno al contenido de un informe policial en el que se le le atribuye la participación en el reparto, durante una de las manifestaciones, de unos folletos con un mensaje público de la Mesa Nacional de Batasuna a la ciudadanía vasca, extremo que fue negado por Alvarez.
En su turno, el letrado de la Asociación Dignidad y Justicia comenzó a interrogarle sobre su «relación conBatasuna». En ese momento, Garzón cortó la intervención señalando que ese tipo de preguntas no eran procedentes si no pedía primeramente la imputación de Alvarez, algo que el abogado aseguró que realizará por escrito.
A continuación fueron pasando ante el juez, una tras otra, las tres representantes independentistas, que se acogieron a su derecho a no responder. Las cuestiones planteadas giraron en torno a su relación con Batasuna, su participación en las movilizaciones del 30 de setiembre y sus intervenciones al término de las marchas.
El representante de Dignidad y Justicia realizó varias preguntas en el mismo sentido, mientras que el abogado de la AVT y el fiscal se mantuvieron en silencio. Finalizadas las comparecencias, las acusaciones populares solicitaron que se celebrase en los tres casos una vistilla del artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a fin de demandar la imposición de medidas cautelares.
El juez dio su visto bueno en el caso de Marije Fullaondo. La Fiscalía no solicitó ningún tipo de castigo, mientras que la AVT y Dignidad y Justicia reclamaron prisión provisional eludible bajo fianza de 50.000 euros.
Respecto a Maite Díaz de Heredia y Ainara Armendariz, Garzón rechazó la solicitud de las acusaciones y recordó que la primera ya se encuentra sometida a medidas cautelares por la causa abierta contra Askatasuna.
Precisamente, uno de los portavoces del organismo antirrepresivo, JoxeanAgirre, exigió mediante un comunicado el cese de los ataques contra la actividad política de la izquierda abertzale a fin de que «el proceso sea realmente democrático y haya una verdadera oportunidad de superar el conflicto».
«No podemos seguir así. Es necesario el reconocimiento de todos los derechos y garantizar su desarrollo práctico, porque un proceso de superación del conflicto requiere de condiciones democráticas. Para todas las partes y sin excusas», subrayó el representante de Askatasuna.
