Como a los recortadores de vaquillas en la plaza del pueblo, a Patxi López y a Rodolfo Ares su propio ganado les ha dado un revolcón. No llegará la sangre al río, pero por de pronto aparecen con los pantalones hechos jirones. Y los del Foro de Ermua, antiguos comilitones de los revolcados, se van a hacer pis de la risa. Ayer “El Diario Vasco” editorializaba sobre el asunto en plan condescendiente y con la solemne intención de decir a todo el mundo cómo se debe comportar ante el disparate perpetrado por la Audiencia.

Decía el editorialista que «parece claro que tal consideración contrasta con la decisión adoptada en su día por el juez Baltasar Garzón, que no prohibió el encuentro ni halló en su desarrollo motivos para proceder contra quienes participaron en él. Desde el punto de vista de la doctrina jurídica, pueden existir interpretaciones discrepantes sobre si la celebración de una reunión con personas significadas por su vinculación con una organización declarada ilegal constituye, y en todos los casos, un delito de desobediencia grave; si ha de tenerse en cuenta o no la intención que muestren los interlocutores y, específicamente, su voluntad expresa de desatender la sentencia judicial de ilegalización». Empieza en plan guay. Luego se torcerá.

Hay cosas con las que el nacionalismo español no juega ni deja jugar: «lo que resulta incuestionable es que los intérpretes últimos de la ley son los tribunales. Instancias del Estado de Derecho cuyas decisiones pueden ser recurridas formalmente y criticadas públicamente, pero nunca sometidas a la acción corrosiva de la deslegitimación, a reacciones como la de la autoinculpación testimonial o a la descalificación fácil por su supuesta intencionalidad política». Y si una cree que hay intencionalidad política en esas decisiones, ¿qué puede hacer? Nos lo explica el editorialista: «Puede ser delicado o cuestionable la admisión a trámite de una denuncia y una querella contra los representantes de un partido de gobierno por haberse entrevistado con los representantes de una formación ilegal pretendiendo con ello allanar el camino hacia la paz. Pero ni siquiera esa buena intención constituye una eximente definitiva frente a su consideración judicial, a título indiciario, como posible delito. Lo que resulta inadmisible (...) es que una de las personas objeto de la denuncia ­Rodolfo Ares­ responda al citado auto acusando al PP de pretender una ‘democracia carcelaria’». Les toca padecer ahora los efectos de la pócima que ellos mismos elaboraron. - msoroa@gara.net