Privatización del beneficio
La privatización de empresas públicas es un proceso que ha estado presente en los últimos veinte años. Algunas de sectores productivos maduros no sobrevivierosn, pero otras aportaron más de 40.000 millones a las arcas de la administración. Se puede decir que en un momento se socializaron las pérdidas y se privatizaron los beneficios.
Muchas de aquellas empresas públicas o participadas por el sector público que han ido privatizándose por parte del Gobierno español en los últimos veinte años han pasado a mejor vida en el sector privado y constituyen en la actualidad la punta de lanza de diferentes sectores como el financiero, petrolero, eléctrico, gasista, telefónico, siderúrgico, papelero y postal.En Euskal Herria este proceso tuvo también un protagonismo especial y, posteriormente, también se ha podido comprobar que empresas públicas, dependientes del Gobierno de Lakua, han sido vendidas a las privadas. Pasó, entre otras, con las que se dedicaban a la inspección técnica de vehículos (ITV) y también con Gas Euskadi, que ya es propiedad de HidroCantábrico. La empresa que unió la red troncal entre las capitales de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa por fibra óptica después fue traspasada a Euskaltel. El Gobierno de Lakua también vendió la participación que tenía en Gamesa Aeronáutica. Lo cierto es que, unas y otras, están protagonizando procesos de expansión y fusiones, y se han convertido, desde el ámbito privado, en los impulsores de la actividad financiera, sobre todo en la bolsa. En 2005, los movimientos más importantes de fusiones y adquisiciones supusieron en torno a 36.000 millones y en el primer semestre de 2006 se ha producido ya un incremento de esas operaciones en un 26%. Muchos de esos pasos los están dando empresas que tuvieron una dependencia total o parcial en el sector público, algunas que sufrieron la reconversión y otras que vendieron sus participaciones públicas. Son aquellas como Repsol, Gas Natural, Argentaria, Ence, Sidenor, Aceralia, Inespal, Telefónica, Tabacalera, Indra, etc. Algunos analistas aseguran que se privatizaron para evitar la financiación pública de capital hacia esas empresas. Lo cierto es que cambiaron de manos y obró el milagro, lo que era de todos pasó a ser de unos pocos. Durante muchos años se socializaron las pérdidas, sobre todo, por una gestión nefasta de los rectores de aquel sector público más maduro, pero más tarde privatizaron sus beneficios económicos. Es el caso de Sidenor, Aceralia, que en la actualidad pertenece a Arcelor-Mittal. Desde 1985 a 2006 la pérdida de peso del sector público ha sido una constante. Se cede terreno al mercado privado. «La reducción de la participación pública del Estado español en la capitalización bursátil del mercado español pasó de representar un 10,87% en 1996 a un 0,45% en 2005», según datos oficiales. Ha quedado claro que los gestores de esas empresas públicas mostraron una «ineficiencia» e «ineficacia» en su paso por el sector público más maduro, pero muchos de ellos volvieron al sector privado, en el que vieron las cosas de otra manera y en el que mantienen una senda de beneficios. Algunos expertos se preguntan si existe alguna varita mágica que logre convertir los números rojos en negros en menos de mil días al frente de los nuevos emporios industriales.
Negligencia
Otros creen que en algunos casos hubo «una negligencia a posta» en cuanto a la dirección de las empresas para propiciar «su venta en condiciones de salvación, es decir, a bajo coste y sabiendo de antemano que el sector público asumiría el coste de las prejubilaciones». Es el caso de Sidenor y Aceralia, hoy propiedad de Arcelor-Mittal. La división española está controlada por los antiguos responsables de la empresa cuando fue pública y Sidenor pertenece a la brasileña Gerdau. También ha pasado algo similar recientemente con la privatización del sector de la construcción naval civil en lo que respecta a La Naval de Sestao, ya que José Luis Alvarez es el responsable de Construcciones Navales del Norte (CNN), empresa que la ha comprado. Este industrial dirigió el astillero vizcaíno y Sidenor. Las privatizaciones se llevaron adelante, en unas ocasiones, porque algunas empresas y sectores necesitaron la reconversión para garantizar su futuro y, en otras, para conseguir la entrada de fondos públicos para sanear la deuda de las administraciones y para contar con recursos para nuevas inversiones. Supusieron, en definitiva, la llegada de un total de algo más de 40.000 millones de euros a las arcas del Estado, una parte importante provino de las participaciones en empresas participadas. A esa cantidad, habría que sumar la lograda por el Gobierno de Lakua en los casos mencionados, lo que supondría del orden de otros seiscientos millones más. Sea como sea, tras aquellos procesos surgieron empresas «más fuertes» que en la actualidad «actúan como verdaderos oligopolios» en el sector privado, que son capaces de desafiar a los gobiernos, porque el poder económico tiene más fuerza que el político en el tablero del neoliberalismo. Esta cesión está costando muy cara, sobre todo para quienes están al final de esa cadena: los trabajadores, que, en realidad, a penas se benefician de los resultados económicos espectaculares que obtienen las grandes empresas privadas, ya que la precariedad laboral y los bajos salarios son dos maneras de entender un mismo fin, el del beneficio sobresaliente.
Protagonismo central
El poder de las empresas privatizadas es muy importante en la actualidad Repsol es la empresa más importante en cuanto a la extracción y comercialización de carburantes. Endesa es la primera eléctrica y está sumida en operaciones que la pueden llevar a lo más alto en la Unión Europea. Telefónica es una compañía destacada en el sector de las telecomunicaciones. También destacan Gas Natural y diferentes constructoras, como ACS, que también se valieron de la compra de empresas públicas y han llegado a convertirse en piezas importantes del control económico privado ante el auge en sus respectivos sectores. Lo que sí es cierto que las privatizaciones también buscaron abrir la competencia y evitar monopolios, pero no se ha conseguido en todos los casos. La historia de Campsa es un caso paradigmático. Tenía el monopolio de la distribución y venta de carburantes. En 1992 vendió las estaciones de servicio a las compañías petroleras del mercado. Luego cambió el nombre por Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH) y continuó operando su red de 3.048 kilómetros de oleoductos y treinta y seis plantas reguladoras en condiciones de monopolio, aunque fue privatizada. Un proceso similar, como señala Joaquín Vergés, de la Universidad de Barcelona, se produjo en Retevisión y Telefónica y con Red Eléctrica Española (REE). -
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