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Los resortes represivos como la Audiencia Nacional o los cuerpos policiales y militares con las que cuenta el Estado español son ya de sobra conocidos por la permanente y continuada actividad que desarrollan desde hace decenios contra Euskal Herria y sus ciudadanos. Pero no ocurre lo mismo en el caso del Estado francés. Askatasuna ha emprendido una campaña informativa y de denuncia en la que ha convocado una manifestación el próximo sábado día 11, en la capital labortana, contra las medidas de excepción y los tribunales especiales.

Poco se conoce sobre el funcionamiento y la organización de los aparatos franceses destinados a actuar contra «el terrorismo» o, más bien, la disidencia política, lo que se tra- duce en la persecución de militantes vascos, bretones y corsos y, en los últimos tiempos, la de los grupos islamistas. Pero resulta tangible, tal y como denuncia Askatasuna, que la senda represiva abierta en 1986 ha sido una vía de limitaciones y recortes de los derechos, incluso con medidas contrarias a lo estipulado en convenciones europeas e internacionales.

La ley de pasqua de 1986

La Sección 14 del Tribunal de París es el mayor exponente de las continuadas reformas legales y jurídicas impulsadas por los diferentes gobiernos desde la era del presidente François Mitterrand hasta la de Jacques Chirac. La última de estas reformas es la conocida como Ley Sarkozy; más que una norma, representa el culmen de las restricciones de los derechos humanos recogidos en tratados europeos e internacionales. Y una jurisprudencia que genera gran controversia, también entre la ciudadanía francesa.

La ley que promulgó en 1986 el entonces ministro de Interior, Charles Pasqua, durante la primera cohabitación de Chirac, fue la primera norma contra «el terrorismo», con asunción plena de este término.A partir de esta fecha se creó la Sección 14, que cuenta con los siguientes aparatos: el Parquet judicial «antiterrorista» ­formado por un grupo de magistrados especiales (Laurence Le Vert, Marie-Antoinette Houyvet, Philippe Coire y Thierry Fragnioli se encargan de los asuntos relacionados con ETA; y Jean Louis Bruguière ­superior de los demás jueces­, Jean François Ricard y Gilbert Thiel de asuntos relacionados con grupos islamistas, corsos o bretones; la Policía Judicial, y la Chambre Correctionnelle y la Cour d´Assises, es decir, los tribunales encargados de juzgar a los ciudadanos acusados de «terrorismo», que en su mayoría son ciudadanos vascos arrestados por su militancia en la organización armada ETA.

Otorgan mas poder

No sería hasta diez años más tarde cuando el Estado francés se dotó de una normativa «chicle», elástica, que abre las puertas a la arbitrariedad por parte de los magistrados y a la aplicación más férrea y estrecha de las penas máximas.

Aunque el cambio de 1996 fue sólo añadir un artículo al Código Penal, éste posibilitó la definición del término «acción terrorista», y, en consecuencia, su tipificación, y la aplicación del criterio de «subjetividad y arbitrariedad» por parte del magistrado pertinente. Con la anterior norma genérica esto no era posible, ya que los instructores debían de ceñirse a los supuestos recogidos, para los que tenían determinadas las penas correspondientes. El delito de «pertenencia a banda armada», por ejemplo, conllevaba unos supuestos concretos que, con el cambio del citado artículo del Código, fueron ampliados para su aplicación según el libre albedrío del juez.

A partir de 1996, fue el ministro de Interior Dominique Perben quien propició la creación de las leyes Perben I (2002) y Perben II (2004); normas que incrementaron de forma considerable las competencias y el poder de los ámbitos judicial y policial. Fue también en estos años, 2004, cuando entró en vigor el acuerdo ­conocido como el de Carcassone­ al que llegaron los ministros del Interior francés y español para facilitar las extradiciones y entregas de militantes de ETA, y también pra la activación de grupos policiales conjuntos para operar en ambos paises. Se trata de grupos que, a día de hoy, continúan vigentes y cuentan con la participación de más de 200 guardias civiles, además de un número indefinido de agentes de la Policía francesa.

A estas modificaciones les sucedería la llamada Ley Sarkozy, que entró en vigor en 2005 y que, en cuanto a las restricciones de derechos se refiere, está demostrando su «efectividad»; por ejemplo, en las vistas judiciales a las que se enfrentan ciudadanos vascos. El ejercicio de la defensa se imposibilita en unos niveles desconocidos hasta hoy, tal y como han venido denunciando los abogados vascos.

Madrid, modelo carcelario

Sarkozy, además de aumentar el poder de jueces y policías ­más aún de lo que hizo Perben­, introdujo un séptimo magistrado en el Parquet parisino, ha plagado el Estado francés ­también Lapurdi, Nafarroa Beherea y Zuberoa­ de cámaras de vigilancia, de medios de control y restricción en internet, ha ampliado las condenas de «terrorismo» y ha aumentado de cuatro a seis días el periodo de incomunicación en dependencias policiales.

Sarkozy tampoco escatimó en recursos para homogeneizar el organigrama represivo francés con el español. Si con la Sección 14 cuenta ya con aparatos judiciales y policiales de excepción, el polémico ministro de Interior también introdujo, en 2005, «lo último» en política penitenciaria: el seguimiento de las condenas impuestas por un tribunal especial y su centralización en la Sección 14 parisina. Si en el Estado español es la Audiencia Nacional la nueva encargada de «velar» por el cumplimiento íntegro de las penas establecidas, en el Estado francés existe ahora el JAP (Juge d´Application des Peines), ubicado en París y que, además del control de las condenas, es quien otorga la libertad condicional o la niega. Este órgano judicial ha sido quien recientemente ha vuelto a denegar la libertad condicional al militante labortano Philippe Bidart.

La arquitectura jurídica y policial francesa, que tiene en esta Sección 14 su máximo exponente, ha sido objeto de abun- dantes denuncias sobre el incumplimiento de convenciones europeas e internacionales de derechos humanos.

Askatasuna está informando también sobre las conculcaciones de derechos que realiza el Estado francés, y sobre las que exige que se deroge su aplicación. Alerta, además, de que las denuncias de malos tratos y de torturas a manos de la policía especial conocida como División Nacional Antiterrorista (DNAT) han aumentado en los últimos tiempos, y denuncia que la aplicación sistemática de la dispersión carcelaria a los vascos también quebranta las concepciones legales y las respectivas a los derechos humanos. Pero, al igual que en el Estado español, la dispersión no es cuestionada por su aplicación como medida política.

Las entregas y expulsiones a un país en el que se multiplican las denuncias de torturas aceptadas internacionalmente, el veto e incluso sanción por emplear el euskara en los juicios, la negación de traductores, la superación sistemática de la prisión preventiva sin celebrar juicio alguno, la inexistencia de la presunción de inocencia o los innumerables obstáculos para la defensa forman el mosaico de la nueva política represiva francesa. -

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