DONOSTIA
Diez de los dieciocho ciudadanos vascos juzgados en el marco del primer juicio por las dos primeras «redadas preventivas» fueron puestos ayer en libertad. El juicio comenzó el pasado 7 de setiembre con peticiones fiscales que oscilaban entre ocho años a once años de prisión, y quedó visto para sentencia el pasado jueves. Seis días después, quince de los dieciocho acusados están ya en libertad.Unai Redin (de Iruñea), Mikel Jauregi (Bilbo), Josu Lezama (Zalla), Iñaki Ramos (Barakaldo), Asier Ortiz de Guinea (Gasteiz), Aiala Manrique (Gasteiz), Peru Aranburu (Lekeitio), Unai Dañobeitia (Lekeitio), Asier Bengoa (Gasteiz) y Agurtzane Izartza (Gasteiz) salieron ayer de la cárcel tras más de tres años y medio de prisión preventiva, al igual que ocurrió el viernes pasado con Unai Berrostegieta e Iratxe Yáñez y con la iruindarra Ainara Calvo.
Mikel Pardo y Tomas Insausti, de Iruñea, y la vecina del barrio donostiarra de Gros Arritxu de Andrés continúan en prisión tras esta decisión comunicada a la espera de la sentencia. Los también acusados Arkaitz Rodríguez y Aiora Epelde eran los únicos que llegaron en libertad al inicio de la vista oral en Madrid.
Estos dieciocho nombres son los primeros de una larga lista, ya que junto a ellos 85 ciudadanos vascos más están a la espera de más juicios «preventivos». Desde febrero de 2003 a julio de 2005 la Policía española, con la colaboración de la francesa, llevó adelante siete redadas que arrojaron un balance total de 116 detenidos, 70 encarcelados y 1.057.000 euros en fianzas.
La documentación conseguida supuestamente en Tarbes y en Bergerac tras la detención de presuntos «responsables del aparato militar y de captación ETA» es el único material «probatorio» que esgrimió la Fiscalía para acusar a los dieciocho jóvenes sentados en el banquillo, y otro tanto ocurre con los 85 que vendrán detrás. El resto de elementos utilizados para incriminarles procedían de las declaraciones obtenidas por la Policía española durante el periodo de incomunicación. Cabe recordar que más de la mitad de los detenidos en estas redadas denunciaron haber sufrido duras torturas.
La supuesta documentación incautada a ETA, en la que aparecerían nombres en clave de los acusados y que ha servido de base para las redadas, no ha aparecido en este primer juicio o, cuando lo ha hecho, apareció rodeada de irregularidades, como inexisten- cia de autos de entrada y registro, ausencia de secretario judicial...
El fiscal admitió rebaja
La defensa ya denunció que las suposiciones policiales han sido las grandes protagonistas de este juicio. Hasta el punto de que el fiscal, al final de su informe, admitió que la petición que decidió sostener suponía una cifra elevada de cárcel, por lo que «entendería bien cualquier decisión de la Sala para con los imputados».Las redadas realizadas en base a la supuesta documentación incautada en el Estado francés supusieron un claro salto adelante, tanto cuantitativo (las cifras hablan por sí solas) como cualitativo (apenas había precedentes de que se hubiera sustentado una acusación de esta gravedad sin imputar siquiera hechos concretos, salvo la presencia de su nombre en una lista).
Los responsables tanto policiales como ministeriales subrayaron «el carácter preventivo» de los arrestos y añadieron que la importancia de las operaciones residía en que «crea mucha desazón, por que ya no se les detiene antes de atentar, ni tampoco después de un crimen, sino antes de incorporarse a la banda, lo que puede desmovilizarlos en masa». El entonces ministro de Interior, Angel Acebes, llegó a decir que «veremos en comisaría de qué les podemos acusar».
Tal y como más de una vez a denunciado Askatasuna, estas detenciones se produjeron en «en el punto álgido de la estrategia de todo es ETA» lo que ha hecho llevar a la defensa a una clara conclusión: «La Policía decide quién es de ETA y los detenidos se ven obligados a demostrar que no lo son».
Los peritos policiales también dejaron su sello en el juicio: «No es cosa nuestra investigar qué han hecho. Sabemos que son miembros de la organización terrorista ETA, y aunque no podamos probar que función han realizado para ETA, ello no quiere decir que no lo hayan hecho», afirmó uno de ellos.
Hoy, quince de los dieciocho acusados están libres, pero tras tres años y medio en prisión. Falta la sentencia, que sentará precedente para los 85 acusados siguientes.
