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La UCI expone como motivo de sospecha ser concejal de HB
Probablemente la parte acusatoria finalizará esta misma mañana su interrogatorio a los agentes de la UCI. Unos «peritos» que también han dado muestras de nula imparcialidad. Para el «experto» económico, haber sido concejal de HB es ser «del entorno» y, por lo tanto, motivo de sospecha.
MADRID
El «perito» 16586 se encontraba exponiendo su tesis sobre la constitución de la empresa Erigane, a su parecer «una empresa pantalla para facilitar la ocultación del patrimonio de Orain», cuando declaró que Xabier Otero había sido designado administrador único de esta sociedad, y subrayó, para dar énfasis a su argumentación acusatoria, que «se trata de una per- sona que era miembro del comité local de HB de un pueblo de Pamplona». Después de que el fiscal le hubiera corregido, poniendo «Navarra» donde el policía dijo Pamplona y agregando que Otero era entonces edil, el agente de la UCI insistió en el carácter inculpatorio de ser militante de la formación abertzale. «Tenían que buscar a gente del entorno, y HB era parte del Proyecto Udaletxe, como lo eran todas estas empresas». Haciendo caso omiso a las muestras de desaprobación de los encausados, agregó que «la participación de HB es fundamental en este proceso de ocultación del patrimonio». Y es que el «experto» económico de los policías españoles que declaran en el juicio por el sumario 18/98 sostuvo que Orain, editora de “Egin”, «desarrolló una estrategia para evitar el pago de la deuda que tenía con la Seguridad Social», y afirmó que constituyó para ello las empresas Erigane y Hernani Inprimategia, «sociedades instrumentales para permitir la ocultación patrimonial».
«Propuesta de actuación»
Para mantener su teoría, el «perito» mencionó también que en la sede de “Egin” de Hernani fue incautado un documento con el encabezamiento «Propuesta de actuación de Orain-Ardatza», en el que, entre otras medidas, se apunta la necesidad de constituir estas empresas. Sin embargo, al repasar algunos párrafos de ese escrito la Sala comprobó que tras hacer referencia a la deuda con la Seguridad Social y reconocer la difícil situación de la empresa, en esa propuesta de actuación se subrayaba que «cualquier actuación» debía ir encaminada a saldar la deuda.De hecho, como quedó de manifiesto en la sesión del pasado 7 de junio, ese documento era una de las muchas propuestas que el abogado Julio Rekalde trasladó a los responsables de “Egin” para hacer posible la viabilidad del proyecto. Rekalde, experto en reconversiones industriales y abogado mercantil, trataba frecuentemente con la Seguridad Social y acompañó a los representantes del periódico a varias reuniones con este organismo como asesor externo. En su declaración como testigo, explicó al tribunal que todo plan de actuación pasaba invariablemente por la liquidación de la deuda y que, sobre esta base, las medidas que propuso iban destinadas a optimizar la actividad de los bienes de la empresa y no a sustraerlos de posibles actuaciones de la Seguridad Social. En su intervención, este abogado se mostró convencido de que “Egin” tenía capacidad de salir a flote.
Hubo acuerdo con la TGSS
Una convicción que fue ratificada en aquella misma sesión, cuando el director provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en Gipuzkoa, Juan Ignacio Trecet, explicó que a finales de 1997 habían llegado a un acuerdo con “Egin” para pagar la deuda. Trecet expuso ante la Sala su convencimiento de que si no se hubiera producido el cierre del periódico por orden del juez Garzón, se hubiera saldado la deuda.Preguntado sobre si conocía que se estaba produciendo esa negociación para pagar la deuda, el «perito» se limitó a decir ayer que «creo recordar algo». Una vez concluido el repaso a las piezas «Ekin», «empresas» y «Orain», el fiscal comenzó a interrogar a los «peritos» sobre la Fundación Joxemi Zumalabe y, en este caso, Enrique Molina se vio contrariado en más de una ocasión. Sucedió, por ejemplo, cuando quiso que el inspector jefe 19242 ratificara que la fundación «sustituyó en sus funciones a ASK», y éste replicó que «lo que decimos es que cuando ASK desaparece, nace otra organización que trabaja en el mismo ámbito y con las mismas organizaciones». Este mismo agente manifestó la semana pasada que «no se puede decir que la Fundación Zumalabe fuera la sustituta de ASK». Poco después, el fiscal le preguntó «si cree que hubo un intento de camuflar la relación entre la Fundación y ETA, a fin de desarrollar la estrategia de desobediencia civil». «No, en base a los documentos que tengo no puedo decir que existiera ese intento», respondió el declarante, que dejó con ello un tanto descolocado a su interrogador. El «perito» jefe declaró a renglón seguido que «lo primero que les une directamente a la Fundación y a ETA es la incautación a responsables de ETA del documento ‘‘Piztu Euskal Herria’’». Argumentó que se trataba de un texto «restringido» y que, «curiosamente» en las mismas fechas en que fue interceptado a la organización armada, estaba siendo trabajado en el seno de la fundación. Llegó a decir que no era conocido el modo en que llegó a manos de sus miembros, y expuso como elemento acusatorio que fue difundido en los I Encuentros del Movimiento Popular de Euskal Herria, de Herria Mugi. El policía habló en estos términos de un documento que, como han dado fe varios testigos, fue difundido entre cientos de personas a fin de que hicieran sus aportaciones y que no tenía nada de «restringido».
«Los derechos civiles y políticos no tienen nombre ni apellido, deben ser universales»
I.B.
MADRID En uno de los recesos de la sesión de ayer, los procesados realizaron una concentración ante la Audiencia Nacional, en la que mostraron varios carteles anunciando el concierto que el próximo sábado protagonizarán Fermín Muguruza, el grupo palestino de hip-hop DAM, Bad Sound System, de Irun, y La Banda del Surdo, procedente de Catalunya. En nombre de sus compañeros, Mikel Korta hizo un llamamiento a la sociedad de Euskal Herria a acudir a este macroconcierto, que se celebrará en el BEC de Barakaldo, «con tres objetivos: pasarlo bien, hacer llegar la solidaridad económica y, fundamentalmente, para volvernos a juntar en la defensa de los derechos civiles y políticos». A este respecto, hizo especial hincapié en que «para nosotros, los derechos, tanto los derechos individuales como los colectivos, no tienen ni nombres ni apellidos, sino que deben ser universales». Solidaridad Explicó que «esos derechos deben ser respetados para todos los pueblos y personas», por lo que, desde la Casa de Campo de Madrid, quiso «enviar nuestra solidaridad tanto al señor Ibarretxe, como a Gorka Agirre o Patxi López, porque entendemos que están siendo vulnerados sus derechos y, también, en el mismo sentido, a Iñaki de Juana, a los jóvenes a quienes han juzgado recientemente y a los que van a ser juzgados proximanente». Insistió en que «los derechos no tienen nombre ni apellido, y por lo tanto, o se respetan para todas las personas, o no se puede decir que en este marco político se respeten esos derechos».
Protestas por el uso de un informe ajeno a la causa
I.B.
MADRID
Cuando el agente de la UCI identificado con el número
16586 estaba declarando en torno al «Proyecto Udaletxe», el abogado de la
defensa José María Elosua llamó la atención del tribunal al constatar que el
«perito» se estaba valiendo de un informe que no obraba en la causa. Señaló el
letrado que este policía había citado aspectos que la defensa no tenía en sus
informes, como la mención a la sociedad cultural Gorgomendi de Oñati como
aportadora de diez millones de pesetas para constituir el capital de Hernani
Inprimategia, o la supuesta participación de las herriko taberna en la obtención
del dinero destinado a “Egin”. Elosua pidió que el secretario judicial diera
cuenta de qué estaba leyendo el policía.
La presidenta, Angela Murillo, reaccionó afirmando que
«el señor perito se vale de las notas que cree necesarias», mientras que el
fiscal, cuyas preguntas denotaban que sí conocía el informe del «perito», pidió
que la defensa no pudiera intervenir hasta su turno de interrogatorio.
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