Los inmigrantes no comunitarios deben tener derecho a ejercer el voto en las elecciones municipales. Esa fue la tesis clara que se extrajo en la mesa redonda acerca de los derechos políticos de los inmigrantes, que se realizó en Tolosa dentro de las jornadas que SOS Racismo ha organizado sobre inmigración y derechos humanos. Sin embargo, tan importante como aludir al derecho resulta explicar cómo se ha de ejercer el mismo. Para explicar la posición de sus respectivas formaciones, en la mesa redonda participaron Gema González de Txabarri (PNV), Oskar Matute (EB) Karmele Antxutegi (EA) y Pello Albite (Batasuna).

Antes de la exposición de cada uno de los invitados, el representante de SOS Racismo, Agustín Unzurrunzaga, explicó que la inmigración está regulada por el artículo 13.2 de la Constitución española, que fue modificada en 1992 a raíz de la firma de Tratado de Maastricht, para que los ciudadanos de la UE, además de poder ejercer el voto, tuvieran la posibilidad de ser votados en todos los estados. «Si en aquel momento se modificó este artículo sin ningún referéndum, debido a que todos los partidos estaban de acuerdo, ¿por qué no se puede hacer lo mismo hoy en día?». Explicó Unzurrunzaga que en el citado artículo se recoge que tendrán derecho a voto las personas pro- venientes de estados con los que el Estado español haya firmado un acuerdo. No obstante, recordó que posteriormente estos acuerdos no son ratificados, con excepción del acuerdo sellado con Noruega.

Unzurrunzaga explicó el panorama existente en la Unión Europea y recordó que en estados como Dinamarca, Suecia y Holanda los inmigrantes tiene derecho a participar en las elecciones municipales. La representante de EA calificó el derecho al voto como un derecho fundamental y afirmó que es deber de las instituciones hacer que se cumpla. «Pero eso no es la panacea», afirmó Antxutegi, recordando que debido a las extremas situaciones a las que deben hacer frente los inmigrantes «el derecho al voto es lo que menos les importa» y culpó de ello a la Ley de Extranjería, «que lejos de una solución se ha convertido en parte del problema». En este aspecto, afirmó que la iniciativa para pedir el derecho al voto que han realizado PSOE y IU «resulta insuficiente».

Oskar Matute (EB) respondió a Antxutegi que la iniciativa es limitada, pero que constituye un avance. Matute explicó que su partido apuesta por el concepto de «ciudadanía cívica», que en su opinión es la única manera de generar derechos para todos. Asegura que en la acogida de los inmigrantes se ha avanzado, «sobre todo en el plano sociolaboral», pero que se ha dejado de lado el derecho al voto de los inmigrantes que, en su opinión, resulta otro paso para la inclusión plena. Recordó que í se pueden hacer cosas, pero que en la CAV no hay competencias para poder reglamentar el derecho al voto. «Aunque resulte cínico, ello puede posibilitar que los partidos prescindan de los inmigrantes, precisamente porque no tienen derecho al voto».

Gema González de Txabarri criticó el principio de reciprocidad que se recoge en la Constitución, «porque nos llevaría a una situación en que algunos extranjeros podrán votar y otros no». Calificó el derecho al voto como «el derecho principal que da entrada a una comunidad política». Recordó que la inmigración es un fenómeno estructural que beneficia a las dos partes.

Sin mirar a madrid o a paris

El representante de Batasuna incidió en la importancia de que se cree un debate acerca del tema, «no sólo porque afecta al derecho político de miles de personas que viven en Euskal Herria, sino porque también el proceso abierto en este país podría implicar la posibilidad de que podamos decidir». En su opinión es importante decidir quién es ciudadano de este país y quién tiene los derechos políticos. »Ahora más que nunca es el momento» y, según asegura, «eso, más que plantearlo en Madrid o París, se debe hacer en Euskal Herria». En este aspecto, aseguró que «no sirve de nada criticar el artículo 13.2 de la Constitución si los estatutos de la CAV y Nafarroa se pliegan a él». Asimismo, criticó las políticas «regresivas» de los estados francés y español.

En cuanto a la posibilidad de aplicar condiciones especiales a los inmigrantes, todos los representantes se mostraron contrarios a ellos, sin embargo, Albite recordó que los requisitos ya existen. «Porque se admite que lo hagan los estados y no las naciones sin Estado», apostilló.

Tan interesantes como las intervenciones de los representantes políticos resultaron las aportaciones realizadas por el público que acudió a la mesa redonda. Tras escuchar atentamente a los ponentes, tomó la palabra una mujer, nacida en Guinea Bissau, que lleva viviendo en el municipio desde hace 15 años. «Yo debo pagar todos lo impuestos, pero luego, sin embargo, no tengo posibilidad de elegir a las personas que gestionarán ese dinero», explicaba.

La citadas jornadas se desarrollan justamente cuando en la localidad guipuzcoana se ha abierto un debate a causa de un centro de acogida de menores extranjeros no acompañados situado en el pueblo y que acoge a más de una veintena de jóvenes. Desde el público se dirigieron a la representante del PNV: «Habéis hablado de dirigirse a los inmigrantes, pero creo que el alcalde de la localidad no se ha dirigido a ellos precisamente, sino a sus potenciales votantes». Esta persona se refería a las declaraciones realizadas en prensa por el primer edil de Tolosa, Jokin Bildarraitz (PNV), en las que manifestó que a causa de los meno- res del centro se ha creado un «grave conflicto» en la localidad, añadiendo que hay «casos evidentes de delincuencia». «¿Por qué no han sido capaces de predecir la situación y realizar un plan adecuado para estos menores?», se preguntaban desde el público. -

TOLOSA