Eskubideak exige respeto al derecho a la defensa ante el juicio a Errea y Larraz
Los días 4, 5 y 6 de diciembre los abogados Unai Errea e Itziar Larraz serán juzgados en París por «complicidad con asociación de malhechores», mientras que los presos políticos vascos Josetxo Otegi, Ainhoa Mujika, Aintzane Orkolaga y Lorentxa Beyrie lo serán por «asociación de malhechores». Ayer, Eskubideak, que enviará quince observadores al juicio, exigió «un escrupuloso respeto de las garantías procesales» y la absolución de ambos compañeros.
DONOSTIA
Al menos dieciocho observadores acudirán al juicio que la próxima semana, los días 4, 5 y 6, se celebrará en la Sala Número 10 del Tribunal Correccional de Paris contra Unai Errea e Itziar Larraz, procesados por «complicidad con asociación de malhechores» y «transmisión de documentos fuera de los casos autorizados por la ley» a presos. También juzgarán a los represaliados Aintzane Orkolaga, Josetxo Otegi, Ainhoa Mujika y Lorentxa Beyrie por «asociación de malhechores».En una comparecencia realizada ayer en el Colegio de Abogados de Gipuzkoa en apoyo a ambos letrados, Eskubideak (Asociación de Abogados de Euskal Herria) subrayó que la defensa «es un derecho fundamental que está por encima de los intereses políticos del Estado y de ninguna manera puede ser vulnerado o restringido a las personas detenidas por motivos políticos». Exigió también que se ponga fin a «la presión mediática, política y judicial que han puesto en marcha los estados y de la cual han sido objeto los abogados vascos». Denunció las medidas desproporcionadas aplicadas contra Errea y Larraz, así como la gravedad de las acusaciones. En esa línea,insistieron en que este tipo de procedimientos «están fuera de lugar, más aún en la nueva coyuntura que vive Euskal Herria». Finalmente, Eskubideak reclamó «un escrupuloso respeto de las garantías procesales» y una sentencia absolutoria. Este manifiesto leído por Beatriz Belardia, acompañada por una veintena de abogados vascos, está suscrito por la Asociación Libre de Abogados de Madrid, la Asociación Catalana per la Defensa dels Drets Humans, la Iniciativa Democrática Forense de Italia, Legal Team Italia, Republikanischer Anwaltinnen un Anwalteverein de Alemania, Syndicat des Avocats pour la Democratie de Bélgica y Vereniging Sociale Advokatur Nederland de Holanda. Además de los quince observadores que Eskubideak enviará al juicio, la Asociación Europea de los Juristas por la De- mocracia y los Derechos Humanos en el Mundo mandará un representante, y el sindicato de letrados franceses SAF, dos. Itziar Larraz, que junto a Errea, Orkolaga, Mujika, Otegi y Beyrie se enfrenta a una petición de entre uno y diez años de prisión, dejó claro que el objetivo de este proceso es «criminalizar» la labor de los abogados y «silenciar nuestra voz en la medida en que denunciamos la vulneración de derechos de los presos políticos vascos». En esa línea, remarcó que esta «criminalización» persigue una doble finalidad; por una parte, «evitar que salgan a la luz las violaciones de derechos» y, por otra «lograr la indefensión jurídica de los presos». La abogada incidió en que las trabas al desempeño de su profesión comienzan «desde el primer momento de la detención, cuando la Policía francesa presiona a los detenidos para que no escojan a abogados vascos». Larraz enumeró algunas de las vulneraciones a las que deben hacer frente a diario: «Nos ponen mil obstáculos para asistir a nuestros clientes; nos niegan las copias de los informes; en contra de la ley, los elementos suelen estar bajo secreto; de forma sistemática rechazan nuestros trámites judiciales, los presos preventivos son trasladados a cientos de kilómetros de distancia de Paris, con todo lo que eso supone para el ejercicio de la defensa». También resaltó «la parcialidad, arbitrariedad y la manipulación» de la Sección 14 en las instrucciones.
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