Prisión para dos de los arrestados por la Ertzaintza
Haritz Díaz de Durana y Mikel Ruiz ingresaron ayer en prisión de manera incondicioal, mientras que se fijaron fianzas de 10.000 euros para Haritz López y Eneko Elola y de 7.000 para Olatz Urbina. A todos ellos se les imputa haber participado en los disturbios registrados en Bilbo el 10 de noviembre.
MADRID
La Audiencia Nacional española ordenó ayer el ingreso en prisión incondicional de los gasteiztarras Haritz Díaz de Durana y Mikel Ruiz, dos de los jóvenes detenidos el miércoles por la Ertzaintza por su presunta participación, según palabras de Javier Balza, en «las algaradas» que tuvieron lugar en Bilbo el pasado día 10. El propio consejero de Interior de Lakua desligó este operativo del supuesto «intento de agresión directa» a un agente de la Policía municipal bilbaina. En cuanto a las otras tres personas arrestadas por la Policía autonómica, el tribunal especial les envió a prisión hasta que se abonen las fianzas que les ha impuesto. Para Haritz López (Tolosa) y Eneko Elola (Alegia), el montante asciende a 10.000 euros para cada uno. Olatz Urbina, de Gasteiz, deberá pagar 7.000 euros. Esta última fue trasladada a Madrid tras personarse voluntariamente en una comisaría de la Ertzaintza. Las imputaciones contra estos cinco jóvenes son «incendio, coacciones, amenazas terroristas, atentado y desórdenes públicos». Esta redada se produjo en un contexto marcado por las críticas de un juez de la capital vizcaina a la forma en que la Policía autonómica llevó a cabo sus diligencias, llegando incluso a la apertura de una investigación ante posibles «irregularidades». Balza respondió señalando que estas detenciones «desmienten claramente la acusación».
Interrogatorio «genérico»
Fuentes jurídicas informaron a GARA de que el interrogatorio que se realizó a los jóvenes ayer en la Audiencia Nacional fue de carácter «muy genérico». Las preguntas hacían referencia a si habían cruzado algún contenedor o si habían atacado algún cajero.En ningún momento les preguntaron si habían participado en el ataque contra el agente de la Policía Municipal de Bilbo. Todos los detenidos negaron categóricamente haber participado en los disturbios registrados en Bilbo el 10 de noviembre. Sin embargo, la juez Teresa Palacios aceptó la petición fiscal y ordenó el ingreso en prisión de todos ellos. Se da la circunstancia de que Palacios envió a la cárcel a los detenidos sin haber redactado auto alguno. Simplemente, ordenó que se aplicase esta medida. Se espera que López, Elola y Urbina puedan abandonar hoy mismo la prisión de Alcalá, después de que se abone la fianza solicitada por el fiscal. El fiscal Miguel Angel Carballo argumentó que la solicitud de prisión incondicional contra Díaz de Durana y Ruiz se producía por «el riesgo de fuga y la reiteración delictiva». En la toma de declaración de los detenidos estuvo presente un abogado de la AVT, ya que este colectivo presentó una querella por el ataque al municipal. Su presidente, Francisco José Alcaraz, ratificó ayer mismo la querella presentada por la AVT. En Alegia se realizó ayer una manifestación para denunciar este operativo. En ella participaron 130 personas. El miércoles se movilizaron por el mismo motivo 175 personas en esta localidad guipuzcoana. Para esta tarde está convocada una marcha en Tolosa que partirá a las 19.30 desde la Plaza del Triángulo.
El juez decano de Bilbo tilda de «irregular, cuando menos» el procedimiento policial
GARA
BILBO Alfonso González Guija, juez decano de Bilbo, emplazó al consejero de Interior del Gobierno de Lakua, Javier Balza, a reflexionar sobre si no es «absolutamente insólita» e «irregular, cuando menos», la actuación de la Ertzaintza en relación con un atestado sobre los sucesos ocurridos en Bilbo el pasado día 10. Para González, resulta llamativo que la Policía autonómica pusiera a disposición de un juez de instrucción de Bilbo a uno de los detenidos y decidiera por su cuenta remitir una parte de su informe a la Audiencia Nacional. «Eso es absolutamente insólito en la jurisdicción penal y cualquier ertzaina con formación, que los hay, y muchísimos, sabe que, si se manda a un juez, el juez decidirá si se queda el caso o se inhibe, pero no es la policía quien decide ‘esto lo mando a un sitio y esto lo mando a otro’», destacó. El magistrado expresó su «respeto» a la labor de la Ertzaintza e insistió en no querer prejuzgar «la intencionalidad» de su actuación, pero se preguntó «por qué se mandó una parte» a la Audiencia Nacional y otra al Juzgado de Instrucción. «¿No formaba parte de la secuencia de hechos de violencia callejera? Si la Ertzaintza da a un juez un material que forma parte de violencia callejera, le tiene que dar todo porque los jueces son los competentes para decidir si se quedan con el caso o va a la Audiencia Nacional», reiteró. Según explicó González, la Policía autonómica tiene competencia para remitir un asunto a un órgano jurisdiccional u otro, pero no para, después de haberlo remitido a uno, enviar otra parte a un segundo. «Eso no es normal, es irregular cuanto menos», aseguró. El juez decano reiteró que no duda «que no haya nada de intencionalidad oculta, ni torticera, ni política ni nada que se le parezca, pero, por lo menos, que el consejero reflexione, porque esto resulta insólito».
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