Condenan a trece vecinos de Gaztelu a dos años de cárcel
Un Juzgado de Donostia ha condenado a dos años de cárcel a cada uno de los trece vecinos de Tolosaldea por un delito de «coacción» contra la militante del PNV Pilar Zubiarrain. Los hechos se remontan a las movilizaciones realizadas para informar del despido en 1999 de cinco trabajadoras municipales. Los otros doce imputados han sido absueltos.
DONOSTIA
Cinco ex trabajadoras de la Casa de Cultura y el albergue de Gaztelu y otros ocho vecinos de Tolosaldea han sido condenados a dos años de prisión cada uno por un delito de «coacción» contra la abogada Pilar Zubiarrain, ex edil del PNV en Altzo, por unos hechos ocurridos entre setiembre de 1999 y junio de 2000 a raíz del despido de las cinco empleadas municipales. Además, les impone una multa conjunta de 60.000 euros. La sentencia, dada a conocer ayer por Europa Press, absuelve a los otros doce imputados que fueron juzgados por los delitos de «obstrucción a la justicia», «amenazas» y «coacciones» a la voluntad del alcalde, los concejales que tomaron la decisión y los letrados que representaron al Ayuntamiento en este litigio con el fin de lograr la readmisión laboral de las cinco empleadas. En su momento, los 25 procesados negaron las acusaciones y subrayaron que las movilizaciones que llevaron a cabo durante ese periodo, como varias caravanas de coches, tuvieron un carácter meramente informativo y que en ningún momento vieron pancartas o pasquines con las fotografías y números de teléfono del alcalde, Zubiarrain u otros ediles. Además, negaron que se concentraran frente al domicilio de Zubiarrain en Altzo o ante su despacho en Tolosa.
«Sin carácter intimidatorio» Sin embargo, la sentencia respalda la versión de la acusación ejercida por, además de la Fiscalía, el Colegio de Abogados de Gipuzkoa y la propia Zubiarrain. De hecho, el juez impone a los trece condenados la pena máxima prevista en estos casos «debido a la gravedad de la coacción ejercida contra Zubiarrain» ya que «se llevó a cabo en el marco de todos los aspectos del desarrollo de su personalidad, al concentrarse de forma reiterada ante su despacho y su domicilio y llegar a seguirle en compañía de un cliente», señala la sentencia.
Durante el juicio, que tuvo lugar el pasado mes de octubre, una de las trabajadoras recordó que las movilizaciones comenzaron tras recibir una carta de despido y que se limitaron a informar de lo sucedido a la ciudadanía. Ante esta situación, señaló que pidieron asesoría técnica a LAB y que mantuvieron reuniones con el Consistorio para intentar llegar a un acuerdo.El Juzgado de lo Social les dio la razón al considerar que el despido de las cinco trabajadoras fue «improcedente».
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