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Gara > Idatzia > Jendartea 2006-12-03
Día internacional de las personas con discapacidad
La ausencia de reglamentación no ayuda a los discapacitados
Asociaciones de personas con discapacidad física han denunciado «la no consecución plena» de la Ley de igualdad de Oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, dado «su escaso desarrollo reglamentario». Por otra parte, un estudio encargado por Lantegi Batuak da cuenta de que sólo un 44% de encuestados reconoce la intelectual como una discapacidad más.

BILBO

El Arenal bilbaino va a ser escenario hoy de un acto festivo reivindicativo convocado y organizado por la Federación Coordinadora de Personas con discapacidad física de Bizkaia, con motivo de la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad y en el contexto de la situación que vive este amplio colectivo, para el que no se ha logrado, ni mucho menos, la igualdad de oportunidades y que sigue, por lo tanto, discriminado.

En el conjunto de Euskal Herria la cifra de personas con certificado de discapacidad se sitúa en la actualidad en torno a las 200.000, aunque, según las propias asociaciones de afectados, «una revisión del perfil de la sociedad demuestra que la cifra real es superior». En cuanto a discapacidad intelectual y del sistema nervioso, según datos del Eustat correspondientes a la CAV, el número de afectados supera los 44.000.

La tabla reivindicativa recogida en la Declaración de Bizkaia que se aprobó el pasado mes de mayo, durante el I Congreso sobre Personas con Discapacidad Física, está dirigida a los poderes públicos, a los partidos políticos, agentes sociales, al propio colectivo y a la ciudadanía en general y comienza constatando «el escaso desarrollo reglamentario» de la Ley que se aprobara en 2003, lo que habría contribuido a «la no consecución plena del principio de igualdad de oportunidades y no discriminación».

Diversidad funcional

Piden que «todas las políticas nos garanticen poder llevar una vida activa con pleno control y con pleno poder de decisión para que, de esta manera, se respete nuestra diversidad funcional como cualquier otra diversidad humana». En cuanto a la promoción de la accesibilidad universal, reivindican la creación de «un sistema de normas legales y técnicas completo, eficiente y de elevada aplicación, y la reglamentación de la inspección sancionadora que garantice su cumplimiento».

En cuanto a la accesibilidad, otra de las asignaturas pendientes, los discapacitados reclaman «una concepción desde el inicio de una accesibilidad universal y una adaptación progresiva y equilibrada de los entornos, bienes, servicios y productos, con criterios de diseño para todos».

Abordan en la declaración los equipamientos, servicios y programas de ocio, deporte y cultura. «En la gestión de los proyectos de ocio, deporte y cultura, el fomento de la equiparación de oportunidades y la participación son elementos necesarios en la puesta en práctica de una filosofía en pro de la ciudadanía activa y la calidad de vida» se sostiene.

Reivindican también la transversalidad, «no sólo en el ámbito social, sino que ha de trascender éste y abarcar la justicia, la educación, la formación, el empleo, los servicios públicos, las infraestructuras, el entorno, las nuevas tecnologías, los bienes, los productos y servicios a disposición de la ciudadanía».

El documento propone, asimismo, dar mayor presencia a las organizaciones del movimiento asociativo. «Reivindicamos superar el carácter consultivo, buscando fórmulas copar- ticipativas para el diseño, la gestión y seguimiento de las políticas y profundizar así en la democracia participativa».

En cuanto a la plena integración laboral en el mercado ordinario, proponen «el cumplimiento de las políticas de acción positiva favorecedoras del acceso al empleo, vigilando y garantizando el cumplimiento de las mismas, y la equiparación con la población activa».

Junto a la demanda de políticas a nivel legislativo, para lograr «la efectiva discriminación positiva de quienes tienen severos grados de discapacidad y puedan acceder al empleo en igualdad», creen que asociaciones empresariales y sindicatos «tienen especial responsabilidad, pues la negociación colectiva les da cauce para complementar la acción de los poderes públicos».

Derogación del inciso 1.2

En la declaración se propugna derogar «el inciso 1.2 de la ley 51/2003, de 2 de diciembre, referido a la equiparación legal de las incapacidades permanentes laborales a los reconocimientos de grado de discapacidad/‘minusvalía’».

En cuanto al modelo de atención sociosanitaria a implantar, en este caso, en la CAV, piden que se defina de manera clara. «Es absolutamente imprescindible que el catálogo de prestaciones sanitarias respete los principios de igualdad de oportunidades, no discriminación y autonomía personal».

Un capítulo de la declaración se dedica a las mujeres con discapacidad y propone que las normas, políticas y recursos en pro de la igualdad de género recogan la perspectiva de la discapacidad. También piden al movimiento feminista y a las asociaciones de mujeres que impulsen «la visibilidad de las mujeres más vulnerables».

Reclaman, asimismo, «la corresponsabilidad de la comunidad, y especialmente de los colectivos afectados, en la toma de decisiones para la gestión de los avances en biotecnología humana».



Aprovechamiento alto de las adaptaciones tecnológicas
Un estudio desarrollado por el Instituto de Investigación de la Fundación Matía, Ingema, junto a Inasmet, Fatronik y Aptes, concluye que personas con discapacidad intelectual y sensorial auditiva «pueden obtener un alto aprovechamiento de las adaptaciones tecnológicas en los puestos de trabajo, siempre que éstas estén adecuadas a sus variables cognitivas, de comportamiento y de uso de las nuevas tecnologías». -



El 80% de la población considera todavía «bastante» o «muy malo» el acceso al empleo

BILBO

Según el estudio sobre la percepción social de la discapacidad en Bizkaia, encargado por Lantegi Batuak a la firma Ikei y que ha contado con la colaboración de BBK, el acceso de las personas con discapacidad al empleo sigue siendo una «asignatura pendiente». El 80% de los encuestados valora el nivel de acceso como «muy» o «bastante malo».

El dato contrasta con otros más positivos, tales como la percepción existente sobre la integración al sistema educativo, que es valorada como positiva por cerca del 60% o los avances realizados en materia de adaptación al transporte público y supresión de barreras arquitectónicas en los municipios, calificados por el 55% de encuestados de «aceptables» y «bastante» o «muy buenos».

Llama la atención que sólo un 44 por ciento de los cuestionados afirma estar familiarizado con la discapacidad intelectual como una forma de discapacidad, frente a un 82 por ciento de reconocimiento social de la discapacidad física. Este dato pone de relieve, a juicio de Lantegi Batuak, «el desconocimiento existente en gran parte de la sociedad acerca de los distintos tipos de discapacidad y la errónea tendencia a asociar en exclusiva discapacidad con discapacidad física.

Por otro lado, la atención a la discapacidad es considerada mayoritariamente como una cuestión de responsabilidad compartida, otorgándose a los poderes públicos las máximas cotas de intervención. Así mismo, la mayoría de las personas encuestadas son favorables a reforzar el cumplimiento de la normativa que obliga a las empresas de más de 50 trabajadores a integrar en su plantilla a personas con discapacidad en un porcentaje mínimo del 2 por ciento.

Lantegi Batuak prevé generar este año setenta oportunidades de empleo. Cuenta actualmente con 1.960 personas con discapacidad en su estructura, de las que 749 se integran en centros ocupacionales y 1.211 en centros de empleo especiales.


 
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