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Gara > Idatzia > Euskal Herria 2006-12-05
Sainete para la pesadilla que no acaba
«Lamentamos lo ocurrido, pero es que nosotros mismos nos enteramosel viernes de este juicio». Las palabras de la juez Paloma Gonzálezilustran el día a día de la Audiencia Nacional. Cinco años llevan los procesados en el sumario 15/02 a la espera de juicio. Deberán seguir así, por culpa ahora de jueces y fiscales que se enteraron ayer de que Juan Carlos Subijana no está huido, sino preso en el Estado francés.

Los acusados en el sumario 15/02 afrontaban el inicio de la vista oral con la inevitable incerticumbre que acompaña a todo juicio, pero con ganas de acabar de una vez con una pesadilla iniciada hace cinco años, y que les ha mantenido durante todo este tiempo con una amenazadora espada de Damocles pendiendo sobre sus cabezas.

Sin embargo, tanto ellos, como sus familiares y amigos desplazados hasta Madrid, sólo asistieron a un punto y seguido en esta macabra historia escrita en los pasillos de la Audiencia Nacional.

Les habían citado a las 10.00 horas en la sede judicial de la calle Génova, y los procesados acudieron puntualmente, acompañados de sus abogados y de decenas de personas llegadas desde Gasteiz. Entre ellas, representantes de los agentes sociales que les han expresado su apoyo en las últimas semanas.

Pero a la hora fijada, en la Sala sólo se encontraban los letrados de la defensa. Ni tribunal ni acusación asomaban por ninguna parte. El recinto se fue llenando con las personas arribadas desde Euskal Herria, pero los minutos transcurrían y nada sucedía. No fue hasta hora y media después de lo previsto cuando llegaron los tres magistrados que componen el tribunal, junto al fiscal.

Tras ellos entraron en la Sala los procesados, entre los que se encontraba Zigor Bravo, que se encuentra preso, y que desde la «pecera» saludó y fue saludado por los presentes.

La secretaria judicial leyó los cargos y la petición de seis años de prisión para cada uno de ellos, por «pertenencia a banda terrorista», y cedió la palabra al fiscal. Cuando éste empezó su intervención, comenzó a intuirse que la Audiencia Nacional volvería a escribir una nueva página de lamentable historia.

El representante de la acusación se refirió a uno de los acusados, Juan Carlos Subijana ­que según leyó la secretaria se hallaba «en rebeldía»­, y afirmó que a través de «contactos con la Guardia Civil» había «tenido conocimiento» ayer mismo de que había sido detenido por la Policía francesa hace dos años y que se encuentra preso en la cárcel de La Santé. El fiscal señaló que era «imprescindible» juzgarlo junto al resto, y pidió la suspensión de la vista hasta que Subijana sea entregado a las autoridades españolas.

La defensa no podía dar crédito a lo que estaba oyendo. La letrada Amaia Izko, al igual que sus compañeros, se mostró de acuerdo con la suspensión, ya que, como recordó, Subijana es el «nexo de unión» que utiliza la Fiscalía en su escrito para relacionar a muchos de los procesados. Explicó que si no es juzgado junto al resto, se vulneraría su derecho a la defensa y el de todos los acusados.

«Es inexplicable»

Dicho esto, sin embargo, denunció la «grave irresponsabilidad» de fiscal y jueces, ya que era conocido que Subijana había sido detenido y se encontraba encarcelado, y a pesar de ello las autoridades españolas no han hecho trámite alguno para que pudiera asistir a la vista.

De hecho, hace ya varios meses que, en respuesta a la defensa, la Sala había anunciado que no solicitaría la extradición de Subijana y que no haría caso de su testimonio. Por ello, los letrados se mostraron «perplejos» ante lo manifestado por el fiscal, y Jone Goirizelaia subrayó que «no sólo estamos ante una irregularidad, sino ante una actuación que vulnera el derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva».

La abogada sostuvo que «es inexplicable que el fiscal nos diga que hoy se ha enterado de que Subijana lleva dos años preso», y recordó asimismo que existe un «magistrado de enlace» entre el Estado francés y el Estado español que se encarga de estas cuestiones.

La defensa recordó el perjuicio ocasionado, no sólo a los procesados sino también a sus seres queridos, y señaló que todo lo acontecido era imputable a los magistrados y al fiscal.

Tras esta exposición, tomó la palabra la presidenta del tribunal, Paloma González, quien afirmó que «la Sala recoge y apoya lo manifestado por las partes», pero, para aumentar la sorpresa de quienes le oían, señaló que los jueces se habían enterado el viernes de la celebración de este juicio. «Ninguno nosotros forma parte de la Sección Primera de la Audiencia Nacional, y no teníamos conocimiento de estos hechos».

Resulta que, según detallaron, los magistrados que debían hacerse cargo de la vista estaban «ocupados» con otros juicios, y los que ayer se presentaron eran sus suplentes. La presidenta declaró que «lamentaba» lo sucedido, y dio por suspendido el juicio, emplazando a las partes al momento en que Subijana sea entregado.

Poco a poco, acusados, familiares y amigos fueron saliendo al exterior, entre atónitos por lo escuchado e indignados por la situación. Pusieron rumbo a Gasteiz con la misma espada sobre sus cabezas, sin saber siquiera cuando tendrán que volver a Madrid. -



El rostro de la tortura, en la Audiencia
I.B.
MADRID

Pese a que el juicio no arrancó, magistrados, fiscal, policías y periodistas pudieron comprobar gráficamente el resultado del paso por comisaría de los acusados. Portaban camisetas con la fotografía del rostro destrozado de Unai Romano en la parte delantera, y la herida en la cabeza de Juan Carlos Subijana en el dorso. Y en ambos casos, el lema «Torturari stop!» acompañaba a las reveladoras imágenes, que fueron difundidas por la agencia Efe rompiendo el bloqueo informativo que se impuso generalizadamente cuando se dieron a conocer.

Una vez en el exterior, la representante de Aska- tasuna Estitxu Velasco opinó que «lo ocurrido es una vergüenza», y valoró que «se ha vuelto a demostrar que la Audiencia Nacional es un agente represivo».

Velasco reclamó el archivo de «todos los juicios que tienen base en la tortura» ­petición que hizo suya el viernes el Parlamento de Gasteiz­ y resaltó que la tortura «es una práctica del Estado español contra los ciudadanos vascos».

Recordó y animó además a participar en la asamblea nacional de torturados del día 16 en Elorrio.


 
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