BILBO
Partiendo de que son 80.000 las personas inscritas en el servicio Etxebide, el Consejo de la Juventud de Euskadi considera que «las estadísticas del propio Gobierno destapan la presencia de una bolsa de pobreza encubierta de 145.000 personas por no poder ejercer su derecho a la vivienda». Según explicaron Sergio García e Igor Mera, además «las subidas de los tipos de interés ponen aún más en riesgo la capacidad de hacer frente a los pagos de las hipotecas».En representación del Consejo de la Juventud de Euskadi, García y Mera, aún reconociendo que el Plan Director de Vivienda 2002-05 supuso «un punto de inflexión en cuanto al número de viviendas protegidas» a disposición de la ciudadanía. Pero puntualizaron que el citado Plan primó la figura de la vivienda en venta, valoraron como «escaso» el dinero público destinado a desarrollarlo y señalaron que las 1.900 viviendas vacías aprovechadas por Bizigune para alquiler quedan «lejos» del objetivo de 5.000.
En cuanto al nuevo Plan, los jóvenes se oponen «a la promoción desde el sector público de las Viviendas Tasadas (VPT). Una apuesta por la universalización de los derechos no es complementaria con la generación de distintos tipos de vivienda protegida, destinada a sectores de la población con distintos niveles de renta. A costa de que la población con mayor capacidad de pago (dentro del segmento protegible) se endeude más, se desarrollarán operaciones de vivienda protegida que dejarán mayores beneficios a intervinientes como ayuntamientos, promotoras, constructoras y banca».
Cree, además, el Consejo de la Juventud de Euskadi, «contradictorio orientar los alojamientos dotacionales hacía tres grupos concretos jóvenes, mayores y personas con recursos escasos, toda vez que apuestan por el alquiler con rentas adaptadas a la capacidad de pago de cada persona. «Recordemos que el deber de los poderes públicos garantizar el acceso, no la propiedad de una vivienda» dicen.
Preguntan los jóvenes al Ejecutivo de Lakua si entiende por presencia preferente del alquiler en la vivienda protegida el objetivo de que éstas sean el 22% del total.
En cuanto al programa Bizigune, indican que se introducen numerosos cambios en la manera de gestionarlo, aunque critican que no se hace referencia «a la necesidad de limitar aún más las rentas que perciben los propietarios. Nos gustaría, por otra parte, que el marco temporal de este Plan sirviese para que el resto de administraciones (diputaciones y ayuntamientos) fuesen conscientes de que Bizigune es ineficaz si no se complementa con cargas fiscales sobre las viviendas vacías».
En referencia a la atención de los colectivos con especiales necesidades, creen que el Plan «se queda cojo» y piden coordinar «un sistema de pisos de emergencia para hacer frente a distintas situaciones de urgencia social», al igual que solicitan la creación de Consejos Asesores de Urbanismo en distintos niveles administrativos.
Tras incidir en la necesidad de mayores recursos el nuevo Plan recoge 189 millones de euros para 2006, un incremento anual de 7 millones constatan que «parece que esto no va a ser corregido, ya que los incrementos previstos no constituirán un aumento del peso específico de la materia en el conjunto del presupuesto, ni en relación a la riqueza generada».
Entiende además este Consejo de la Juventud que «este hecho se ve agravado por el gran desequilibrio existente entre el presupuesto público destinado a políticas directas de vivienda y el ingente gasto fiscal deducciones en el IRPF asociado a la vivienda».
