BILBO
«Estamos multiplicando por 73 el coste de la accidentalidad en la Comunidad Autónoma del País Vasco», concluyó Joseba Azkarraga, consejero de Empleo de Lakua, tras presentar los datos recogidos en el informe sobre el coste económico de la siniestralidad laboral realizado por Osalan. Cifró ese coste el pasado año en 73 millones de euros y subrayó que ese gasto «se podría haber evitado si previamente se hubiera invertido un millón de euros en medidas de prevención». Azkarraga e Ignacio Murgia, director de Osalan, presentaron en Bilbo el informe elaborado con la información recogida en 563 empresas, en las que se produjeron 1.553 accidentes. El trabajo tiene en cuenta cuestiones como los tiempos perdidos, la interferencia en la producción, las sanciones y los conflictos derivados de accidente laboral para determinar el coste de esta problemática.
Según indicaron, en el 80% de los accidentes, el riesgo se había detectado previamente en la evaluación de riesgos y en el 77% de los casos se habían previsto medidas preventivas, pero «sólo» en un 62% de los casos se adoptaron esas medidas de prevención.
Azkarraga manifestó que los datos «ponen en evidencia la desproporción existente entre el coste de los accidentes y el coste de las correspondientes medidas de seguridad que si se hubiesen puesto en práctica hubieran podido evitar estos accidentes». Subrayó, además, que «echan por tierra el argumento de que la prevención es cara» y lamentó que siga «predominando el cumplimiento formal frente al cumplimiento real de las obligaciones en materia de prevención».
Tras indicar que se han producido avances en la incorporación de la prevención en las empresas, reconoció que «aún queda mucho camino por recorrer».
Admitió que la plantilla de inspectores de trabajo «debería ser ampliada», pero consideró que la solución se encuentra en que las empresas asuman «la seguridad como un valor y no como un coste».
Demando, en este contexto, que «todas las herramientas» para hacer frente a esta realidad estén «en manos de la Administración» y consideró que «no tiene sentido»que cuando Lakua plantea la posibilidad de crear un registro de empresas sancionadas, «el Ministerio de Trabajo intente anular la iniciativa, en una política del perro del hortelano, que ni hace ni permite hacer».
Durante la comparecencia, anunciaron la puesta en marcha de una campaña de sensibilización para «promover la cultura de la prevención como instrumento de gran valía para luchar contra la siniestralidad laboral».
