El PP y el PNV han pactado una reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e intentarán que sea aprobado en las Juntas Generales de Araba. De este modo, unas instituciones que languidecen en los últimos años volverán a tomar una decisión que afecta de forma negativa a la sociedad alavesa. Y es que los impuestos son una de las principales actividades, si no la principal, en las que se ocupan las instituciones forales.

Y si el PP y el PNV se retratan juntos en la política fiscal, desde la izquierda abertzale debemos preguntar qué alternativa propone el PNV para aspirar a dirigir la Diputación alavesa cuando va a votar junto con el señor Rabanera la Reforma Fiscal.

Además, los promotores de la reforma manifiestan una gran tranquilidad porque saben que no van a encontrar en la Cámara Foral una auténtica oposición. El PSE está muy desautorizado por defender un impuesto similar en el Gobierno de Madrid, y tanto Ezker Batua como EA olvidan rápidamente su ideario social si de lo que se trata es de no contrariar a sus jefes en el Gobierno de Lakua.

Por consiguiente, en las Juntas Generales no se van a oír las voces de toda esa izquierda social, de todos esos sindicatos y movimientos sociales, que cuestionan la política fiscal del Sr. Rabanera y la nueva reforma del IRPF que ahora pretende impulsar con el total apoyo del PNV. Volverán a impedir el debate imposibilitando la participación de la izquierda abertzale, de forma que se acentuará la separación las instituciones políticas y una sociedad alavesa mucho más de izquierdas que lo que reflejan sus escaños. Así, se demuestra que la ilegalización también es un buen negocio para los que en el plano social impulsan políticas de corte liberal. Para esos que venden que si las rentas altas resulten beneficiadas, ese beneficio de algún modo, aunque sea en pequeñas dosis, alcanza al resto de la sociedad. Lo cual no es cierto en absoluto.

La izquierda abertzale continuará defendiendo que la reforma fiscal impulsada no es la que necesita la sociedad alavesa, y lo más importante, continuará planteando alternativas, en cuanto que una auténtica reforma fiscal debería fundamentarse en los siguientes apartados:

1. No puede admitirse que la recaudación de impuestos sea inferior al crecimiento de la economía, ya que un menor recaudación (con la reforma se recaudarán 36,7 millones de euros menos en Araba) conllevará un deterioro de los servicios públicos esenciales, como son la sanidad o la educación. Y todo ello, tendiendo en cuenta que la recaudación se sostiene en los impuestos indirectos (los más injustos), frente al desplome de los impuestos directos en los últimos años.

2. Deben introducirse medidas eficaces de lucha contra el fraude fiscal, cuestión ésta que no es contemplada con la reforma presentada. En Araba el fraude fiscal puede ascender a 350 millones de euros anuales.

En el debate sobre el IRPF, alguien nos dirá que han introducido leves medidas en cuanto a las rentas empresariales, pero lo que no nos dicen es que su contribución está completamente congelada ya que todos se han pasado a tributar mediante sociedades civiles, como reconoce la propia Diputación Foral.

3. Se deben introducir medidas eficaces contra la regresividad del impuesto, que en la actualidad se produce porque las rentas de trabajo tributan según tarifa, mientras que las rentas de capital y ganancias patrimoniales tributan al 18%. Por lo tanto, según el principio de equidad fiscal, todas las rentas, sean de trabajo o de capital, deben cotizar igual. Y no como en este momento en que el 90% de la recaudación del impuesto recae en las rentas de trabajo o, lo que todavía es más injusto, que la base media liquidable de un trabajador es bastante más elevada que la de un empresario. Nos dirán también que han pasado del 15% al 18%, pero lo que no dicen es que las ganancias patrimoniales menores de un año, es decir, las típicamente especulativas, antes cotizaban según tarifa y ahora pasan al 18% en todos los casos.

4. También contra la regresividad se debe mantener el tipo máximo en el 48%, ahora se propone el 45%. Es decir, se reparte entre los contribuyentes con más de 60.000 euros de renta anual un 10% del coste de la reforma, esto es, 3,5 millones de euros. De esta forma, se repartirán 1.000 euros de media entre 3.000 contribuyentes privilegiados.

5. Debe hacer una profunda revisión de los gastos fiscales (es decir de lo que deja de recaudar la Diputación), tanto en lo relativo a la deducción en vivienda (la cual va a parar en gran parte a las constructoras y a las entidades financieras) como a la previsión social privada (EPSV).

El fin del ciclo que vivimos apremia a PP y PNV, y por ello necesitan aprobar con urgencia esta nueva vuelta de tuerca en el IRPF. Porque son conscientes que la representación de la izquierda abertzale ocupará próximamente el lugar que le corresponde en las Juntas Generales, de forma que en Araba, al igual que en los otros territorios, será determinante, no sólo en el plano político, sino también en el giro social de aquellas políticas, como la política fiscal, que deben aprobar las Juntas Generales. -