Exigen al Gobierno de Ibarretxe que equipare la renta básica al SMI en 2007
Ocho colectivos contra la exclusión social y seis centrales sindicales exigieron al Gobierno Ibarretxe que dé una orientación más social a los presupuestos, para lo que creen que se debe equiparar la cuantía de la renta básica al salario mínimo y consideraron que es necesario duplicar la partida de ayudas de emergencia social para que lleguen a todos los excluidos. Criticaron, por otro lado, que Lakua tenga superávit cuando hay un estado de necesidad elevado.
BILBO
Representantes de los sindicatos LAB, ELA, UGT, CCOO, ESK y STEE-EILAS y de las plataformas contra la exclusión social como Txiroekin Bateginik (Gasteiz), Asambleas de Parados, de Barakaldo y Sestao, Bat (Basauri), Berri-Otxoak (Barakaldo), Danok Lan (Galdakao), Elkartzen y Argilan (Bilbo) exigieron ayer en la capital vizcaina un cambio de orientación de los presupuestos del Gobierno de Lakua para 2007 hacia una vertiente más social. El Parlamento de Gasteiz tramita ya las cuentas más importantes de impulso de la economía y se espera que en la última semana de este mes se aprueben de forma definitiva. En un acto conjunto, los representantes sindicales y los colectivos sociales reconocieron, como expresó Iñaki Carro, que ante «la importante bonanza económica tendría que servir para la atención a los más pobres» y, a la vez, consideraron un despropósito que «existan ciudadanos vascos que viven en la pobreza más absoluta y en la escasez y, en cambio, el Gobierno vasco y otras administraciones públicas presenten un acentuado superávit presupuestario y, en cambio, reconozcan que faltan recursos económicos para atender la lucha contra la pobreza». Carro recordó que la política contra la exclusión social del Gobierno de Ibarretxe es «continuista» y reconoció que «el presupuesto está congelado». El portavoz de los grupos sociales y de los sindicales en ese acto público afirmó que la ayudas de emergencia social (AES) tendrán una consignación de 35 millones «igual que en 2006», a la vez que «la Renta Básica tendrá un carácter continuista a lo presupuestado un año antes, ya que seguirá estableciéndose en el 87% del salario mínimo interprofesional (SMI) con un importe total de 179 millones, muy lejos del umbral de la pobreza de la CAV, es decir del 50% de la renta media de los ciudadanos del territorio».
Escasez reconocida
Iñaki Carro precisó que «el consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, Joseba Azkarraga, señaló el pasado 9 de octubre en una comisión parlamentaria que falta dinero para cubrir las solicitudes para la ayuda social cursadas por las familias vascas en los servicios sociales de base». Estas afirmaciones, según los sindicatos y los colectivos sociales, «fueron corroboradas por el viceconsejero de Asuntos Sociales, Fernando Consuegra, al señalar que el Gobierno vasco invierte en servicios sociales menos de la mitad de la media de la Unión Europea, un 2,3%en el PIB frente al 4,9% en el conjunto europeo». Ante esta situación, solicitaron a los grupos políticos de la cámara legislativa de Gasteiz que promuevan en sus enmiendas a los presupuestos del Gobierno Ibarretxe sobre dos actuaciones claras. Por un lado, que exijan que la renta básica, se iguale en cuantía al salario mínimo interprofesional, que en la actualidad está un 13% por debajo y, además, el SMIdel Estado español es un 40%inferior a la media de los países europeos que mantienen un salario social similar. Sindicatos y grupos sociales reclaman, por otro lado, que se duplique la partida para las ayudas de emergencia social, «con el fin de que puedan ser atendidas todas las personas en sus necesidades primarias», como expresó Zaloa Fuertes en su intervención pública.
A los 18 años
Los presentantes del mundo sindical y de la exclusión social reconocieron durante la rueda de prensa que hay medidas legislativas que «no se pueden abordar de forma directa en los presupuestos, pero que son necesarias para dar pasos importantes en el avance hacia los derechos sociales». Por lo que solicitaron que se produzcan varios cambios. El primero que las ayudas de emergencial social «sean un derecho subjetivo, que no dependan del presupuesto». El segundo, que el derecho a percibir la renta básica sea desde los 18 años y que, en tercer lugar, esa legislación introduzca el umbral de la pobreza como elemento de cálculo de las ayudas.
«La pobreza y la exclusión se mantienen y está aumentando en algunos colectivos»
J. BASTERRA
BILBO
Los representantes sindicales y contra la exclusión social reconocieron en Bilbo que los presupuestos son «una herramienta básica para el reparto de la riqueza». Sin embargo, lamentaron que no siguen ese principio básico «a lo largo de cada uno de los presupuestos que se aprueban cada año, porque la tan cacareada mejora económica que tenemos no revierte en las personas más pobres». Presentaron las estadísticas sobre la pobreza que se extiende en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. «Según la encuesta de pobreza del Gobierno vasco de 2004, la pobreza grave y la pobreza de mantenimiento afectan al 6,2% de total de hogares, es decir 45.804 hogares», pero recordaron que «otro 5,2% (38.500 hogares», tienen inseguridad alimenticia, no tienen garantizada una comida», explicó Carro. En este sentido, afirmó que existen 200.000 personas que, al menos, «cada dos días no recibieron el aporte proteínico necesario en las comidas». Iñaki Carro, portavoz de los grupos sociales y sindicales, reconoció que esta situación «no ha mejorado durante los últimos años, sino que en algunos grupos está aumentado, porque lo estamos comprobando nosotros día a día y cada semana». Los grupos sociales y sindicales pusieron cara a esa pobreza. «Si pusiéramos rostro a la pobreza, en el centro de la diana de esa vulnerabilidad económica estaría la gente mayor de 65 años, las mujeres y los jóvenes afectados por la precariedad en el empleo». A juicio de los representantes contra la exclusión, «esta situación no puede seguir así más tiempo».
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