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«Mi función era defender los intereses del Estado»
El administrador judicial de «Egin», siguiendo lo dispuesto por el juez Baltasar Garzón, hizo que la deuda contraída por el periódico se hiciera mucho más grande una vez que estuvo a su cargo. Asimismo, reconoce que no ha hecho nada para recuperar lo que se le adeudaba y subrayó que él velaba por «los intereses del Estado», y no por los del diario.
MADRID
El papel del administrador judicial de una empresa es el mismo que el de su consejo de administración, y las funciones que debe desempeñar son las que se le atribuyen al órgano directivo de la compañía. En particular, velar por sus intereses mientras esté a su cargo. Así está fijado por ley, y de esta forma debió proceder el administrador judicial de “Egin”. Pero no lo hizo, como detalló ayer el propio Antonio López Iranzo, a quien Baltasar Garzón encomendó la gestión de la empresa editora del periódico tras el cierre ordenado por él mismo. La persona que hace meses explicó que, por orden del mismo magistrado, impidió hacer frente al deterioro de las instalaciones del diario hasta el punto de llevarlas a la ruina, detalló ayer que saltándose expresamente una orden fiscal, eludió acudir como máximo representante de Orain a los diversos litigios abiertos en su contra a raíz de la clausura. Como evidenció el letrado Alvaro Reizabal, la legislación laboral señala claramente que cuando una empresa no acude a este tipo de juicios, se considera en la práctica una confesión de los hechos que causan la demanda, y casi automáticamente se le da por perdido el juicio. Así sucedió en este caso, y Orain se vio obligado a abonar cantidades millonarias, gran parte de ellas a la Seguridad Social, por la inacción de su administrador que no aportó porque no asistió pruebas para contrarrestar las demandas de sus acreedores. En un principio, el administrador judicial argumentó que no acudió a los juicios porque no tiene conocimientos sobre derecho laboral, pero cuando el letrado Carlos Trenor explicó que lo propio en ese caso hubiera sido contratar a un abogado laboralista, respondió que Garzón no permitió hacer uso de los fondos que tenía Orain unos 200 millones de pesetas para contratar un letrado.
«Yo soy como el brazo del juez»
Al igual que hizo en su primera declaración, cuando afirmó que Garzón le impidió expresamente desarrollar ninguna actuación para preservar los bienes de “Egin”, López Iranzo insistió en que «todas las decisiones de relieve las tomaba de común acuerdo con el juez».Y minutos más tarde asumió que «yo estoy como brazo de juez, a las órdenes del juez». Estas palabras salieron de su boca cuando Trenor le preguntó por qué solicitó el auxilio del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), organismo público que se personaba como parte en los mismos procedimientos judiciales que Orain, muchas veces con intereses contrapuestos a la editora de “Egin”. Volviendo a su no asistencia a los juicios, López Iranzo argumentó que «FOGASA que sí acudía defendía razonablemente los intereses de la administración judicial». «Pero no los intereses de la empresa», replicó entonces el letrado defensor, quien preguntó «los intereses de quién» defendía el interpelado. «Los intereses públicos del Estado, los intereses globales y generales que estaban en juego», respondió en ese momento el administrador judicial, quien volvió a defender que su cargo «no es a título propio, sino como delegado del juez que me nombra». «Es evidente que actuó como herramienta del juez», agregó a su vez Trenor.
150 millones sin cobrar
Tanto este abogado, como Reizabal, pusieron de manifiesto más irregularidades en la actuación del administrador nombrado por Garzón, y su compañero de bancada José Mari Elosua se centró en los deudores que tenía “Egin”.Según explicó el letrado, de los 162 millones de pesetas 972.000 euros que se adeudaban a “Egin” cuando llegó López Iranzo, sólo se han cobrado unos 10 millones de pesetas, y quedan por recibir más de 150 millones. El administrador judicial admitió que en todo este tiempo no ha hecho absolutamente nada para poder cobrar esa cantidad, que minoraría gran parte de la deuda.
Sigue sin hacer nada contra la degradación de los bienes
I.B. MADRID La primera vez que compareció en la Sala, a Antonio López Iranzo se le preguntó por unas fotografías realizadas hace tres años en las instalaciones de “Egin”, que la defensa aportó a la causa y que el administrador judicial del diario no devolvió. En aquella ocasión afirmó incluso desconocer dónde estaban esas fotografías, que dejaban a la vista el estado ruinoso de esas instalaciones y aseguró que no las había visto. Ayer llegaron por fin a la Sala, y partiendo de la evidencia de estas imágenes, así como del vídeo que sí fue reproducido hace meses, la defensa volvió a preguntarle si en estos tres años había ordenado alguna actuación para evitar el completo deterioro de esas instalaciones. El todavía responsable judicial del diario explicó que no ha hecho nada al respecto, ni en estos años ni desde su primera declaración en el juicio. No rellenó los boletines de la Seguridad
Social
A “Egin” se le acusa de querer eludir la deuda que mantenía con la Seguridad Social, pero el administrador judicial admitió que cuando llegó al diario éste abonaba puntualmente las cuotas, y también reconoció que sabía del acuerdo alcanzado con la Tesorería General de la Seguridad Social. Es más, ayer explicó que él no rellenó los boletines de la Seguridad Social correspondientes a los meses transcurridos entre su llegada y la extinción de los contratos de los trabajadores. Esto supuso que la deuda contraída por el diario se incrementara de forma considerable. -
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