GASTEIZ
Ezker Abertzalea constató que «el retroceso del gasto social es evidente, porque el Gobierno Ibarretxe sigue un patrón neoliberal en el que se prioriza el gasto fiscal y las grandes obras de infraestructura» y deja de lado el gasto para personas en situación de pobreza, acceso a vivienda o protección social. «Todo ello ha llevado a la CAV a la cola del ranking en gasto social, no sólo de Europa sino también del Estado español», denunció. El grupo abertzale subrayó que el informe del CES llega en un momento oportuno, «justo en medio del debate presupuestario, es decir, el momento apropiado para que el Gobierno pueda cambiar la orientación de las cuentas de 2007», y recordó sus propuestas para dar prioridad al gasto social en lugar de a obras como el TAV, «porque ello supone dejar sin recursos a los sectores más desfavorecidos».
Además, criticó a los grupos como Ezker Batua y Aralar por su apoyo a estos presupuestos y a «uno de los gobiernos más escorados a la derecha que ha conocido la sociedad vasca».
Lakua rechaza el informe
Por su parte, el Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno de Lakua negó las conclusiones del estudio y aseguró que «no es cierto que Euskadi esté a la cola de los países de la UE de los 15» en gasto social y en lucha contra la exclusión. En este sentido, afirmó que el presupuesto que destina a la lucha contra la pobreza y la exclusión medido en gasto por habitante alcanza el nivel de la UE-15 y «casi triplica el realizado a nivel estatal».
El Departamento de Empleo señaló que el 58,8% del gasto en protección social dentro de la CAV corresponde al Estado y que, a pesar de ello, el gasto por habitante del Gobierno de Lakua fue en 2003 de 5.194 euros, frente a los 4.186 euros del Estado, lo que supone «un gasto superior en un 20%» a la media estatal. El Ejecutivo autonómico precisó que esa diferencia se debe fundamentalmente a gastos en Sanidad, Vivienda, Familia e Infancia y Lucha contra la Exclusión Social porque «en aquellas materias sobre las que podemos decidir, decidimos gastar más».
Además, subrayó que entre 1995 y 2003 crecieron los gastos relativos a la lucha contra la exclusión social (un 12,6% anual), familia e hijos (11,90%) y vivienda, (10,9%).
En relación a la renta básica, afirmó que ha aumentado de 435 a 671 euros, el 26,2%, en el plazo de sólo dos años y rechazó que pueda equipararse al Salario Mínimo Interprofesional porque «desincentiva» la búsqueda de empleo.
Por su parte, la Diputación de Bizkaia afirmó que el estudio del CES «no responde a la realidad de Bizkaia ni a la de Euskadi», y cuestionó la metodología utilizada por sus redactores.
En opinión de la Diputación vizcaina, resulta «evidente y conocido» que, sin tener en cuenta el gasto en políticas sociales comunes al conjunto del Estado, en el resto de las áreas el gasto medio en Bizkaia es «muy superior» al del resto del Estado. Negó de forma especial los datos del informe sobre asistencia a personas mayores con dependencia y renta básica.
