En las últimas semanas del año, las administraciones que gobiernan sobre la ciudadanía vasca han aprobado sus cuentas para el nuevo ejercicio. Desde su sede de Pau, el Departamento de Pirineos Atlánticos daba luz verde a un presupuesto que, al no tener en cuenta la realidad específica de Zuberoa, Lapurdi y Nafarroa Beherea, tampoco da prioridad a las necesidades de esos territorios y de sus habitantes. Prueba de que el no reconocimiento institucional de esta parte del país condiciona cualquier esquema de desarrollo, tan sólo unos días después de que se aprobaran las cuentas en Pau el Estado hacía saber que otorgará sólo dos millones de euros a la Oficina Pública del Euskara para proyectos de desarrollo de la lengua vasca, lo que, además de no compensar las rebajas presupuestarias precedentes, pone en entredicho la viabilidad de una política lingüística que no contempla la oficialidad del euskara.

Aprobadas con las referidas carencias las cuentas de Pau, era Nafarroa Garaia la que tomaba el relevo en el debate y refrendo del presupuesto elaborado por UPN y CDN. Para muestra de su perfil social vale un botón: las cuentas navarras contemplan una partida de 300.000 euros para ayudar a la Confederación de Empresarios de Nafarroa a sufragar la construcción de su nueva sede social. Los sindicatos ELA y LAB y todos los partidos, excepto los que encabezan Sanz y Alli, han criticado la falta de recursos presupuestarios para abordar necesidades tan acuciantes para el herrialde como un plan que ponga fin al monocultivo industrial que sitúa a miles de trabajadores bajo la persistente amenaza de la deslocalización.

Finalmente, ayer el tripartito y el PSE sacaron adelante las cuentas de la CAV, en un acuerdo que el partido de Patxi López «vendía» en clave social y de aportación a la normalización política. Sin embargo, esa afirmación es más que cuestionable a la vista de unas cuentas que no han encontrado respaldo ni en el ámbito sindical ni en los organismos que trabajan contra la exclusión. Cabe recordar que hasta el Consejo Económico y Social ha mostrado su preocupación por la disminución de la aportación de las administraciones vascas al gasto social. A ese déficit social que destilan los distintos presupuestos hay que sumar el déficit democrático que se deriva de proyectos como el TAV o la 2x2, por citar sólo dos infraestructuras que se financian con dinero público pero sin debate social. -