Dos años y medio de represión contra la autogestión
·Dos jóvenes de Iruñerria se enfrentan a penas de 18 y 29 meses de cárcel
La Asamblea de Represaliados por la Ocupación de Iruñerria presentó ayer el balance de los dos últimos años y medio, en los cuales se han desalojado veinte espacios autogestionados, han sido detenidas 184 personas y muchas más han sido obligadas a pagar grandes multas.
IRUÑEA
La Asamblea de Represaliados por la Ocupación de Iruñerria denunció ayer la «dura represión» y los «constantes abusos» que el movimiento de ocupación y los proyectos de autogestión están padeciendo por parte de varias instituciones. Destacaron, además, que están siendo objetivo de varias «campañas mediáticas» en que se les trata de «peligrosos sociales».Miembros de la asamblea recordaron que, desde que comenzó el cierre de gaztetxes en Iruñerria hace dos años y medio, han sido desalojados un total de 20 espacios, y 184 personas han sido detenidas, tanto en los desalojos como durante los actos de protesta posteriores.
Un juez a medida
La asamblea recordó que la «política vengativa» impulsada por varios ayuntamientos concretamente citaron a los alcaldes de Iruñea, Burlata y Atarrabia, ha contado además con diversos «abusos policiales y judiciales» que buscan responsables a los que imputar los incidentes. Entre esos apoyos destacaron especialmente la «ayuda» del juez Fermín Otamendi. Para los jóvenes, «el Ayuntamiento ha encontrado en Fermín Otamendi Zozaia su más firme aliado y ejecutor de las sentencias más ejemplarizantes que pueden llevar a varios jóvenes a la cárcel». Los reunidos tras una pancarta que rezaba “Lokalak eskatu, espetxeak jaso; okupazioa ez da delitua”, apuntaron que lo que este juez de la Audiencia Superior de Justicia de Nafarroa hace no es «impartir justicia de una manera independiente, sino política», y aseguraron que sus sentencias y decisiones son «absolutamente escandalosas».
Penas de 29 y 18 meses
Recordaron, a modo de ejemplo, que en estos momentos un joven de Iruñerria se encuentra con una condena de 29 meses de prisión «por una supuesta agresión a un municipal». Señalaron que la sentencia está recurrida porque incluso otro Policía municipal de Iruñea afirmó durante la vista que los hechos no correspondían a una agresión, sino al «robo de una gorra». Asimismo, recordaron también el caso de otro joven sobre el que, a pesar de tener una pena de 18 meses, el citado juez lo quiere enviar a la cárcel. Al respecto citaron que si la pena es inferior a dos años, el acusado ha pagado la responsabilidad civil y no tiene antecedentes penales, no tendría que ingresar en prisión, y el joven cumple con los tres requisitos.Por todo ello, animaron a los jóvenes a «enfrentarse a esta insostenible situación» y a seguir trabajando por unos espacios autogestionados.
20 espacios desalojados y 184 detenidos
I.I.
IRUÑEA La Asamblea de Represaliados por la Ocupación de Iruñerria denunció que en estos dos años y medio, diferentes cuerpos de Policía han detenido a 184 personas y se han desalojado un total de veinte espacios. El factor común de la mayoría de los desalojos es el uso de la fuerza por parte de los agentes y la detención de varias personas. Entre ellos, los más sonados han sido tal vez los de los gaztetxes Euskal Jai de Iruñea y el más reciente del de Burlata. En el primero hubo cerca de 80 detenidos y en el otro quince. Además, en ambos hubo un gran número de agredidos por la Policía. En Alde Zaharra de Iruñea, también hubo más desalojos, hasta llegar a seis, en locales de las calles Lindatxikia, Mayor, Recoletas y Karmen. En estos dos años y medio también han sido desalojados los gaztetxes de Barañain, Iturrama, dos en Errotxapea, tres en la Txantrea, cuatro en Atarrabia y uno en Burlata. Asimismo, la asamblea denunció que la Policía también destruyó el espacio que se había habilitado en el solar Galle de Arrosadia e impidió en numerosas ocasiones la ocupación de espacios libres en Mendillorri. Numerosas personas identificadas y detenidas en los desalojos y actos de protesta han sido llevadas a juicio, y muchas han sido condenadas a pagar grandes multas. Sin embargo, la asamblea denunció que durante los desalojos de setiembre de 2004 los del gaztetxe Euskal Jai de Iruñea numerosas personas interpusieron más de 600 denuncias y que ninguna de las cuales ha llegado a tramitarse. Añadieron, finalmente, que también ha habido denuncias contra agentes concretos, pero siempre con el mismo desenlace.
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