Como consecuencia de una enmienda introducida en los últimos momentos por los grupos de UPN y CDN, la Ley Foral de Presupuestos ha aprobado una importante modificación en la Ley Foral de Pasivos de 5 de marzo de 2003. Según ésta, los funcionarios pertenecientes al Montepío de la Administración que hicieron la opción de acogerse al régimen regulado en la citada Ley Foral, han obtenido una mejora substancial en su sistema de jubilación. A partir de ahora, a los efectos de determinar la cuantía de su jubilación, tendrán reconocidos también los años cotizados a la Seguridad Social; es decir, podrán alcanzar el 100% de su base de jubilación antes de lo que hasta la fecha lo venían haciendo (hasta cinco años en algunos casos).

Nada que objetar, sino todo lo contrario, a que una mejora en materia de jubilación alcance a un importante colectivo de trabajadores. Por otro lado, que tras alcanzar la edad de 60 años y 35 de trabajo y cotización una persona pueda jubilarse con el cien por cien no nos parece ningún privilegio sino un derecho a reivindicar para todo el mundo. Las críticas, pues, a esta modificación de la Ley van en otra dirección.

Resulta sorprendente que tras haberse estado negociando el último Acuerdo Sindical entre Gobierno y sindicatos durante diez meses y haberse negado aquel en redondo a tocar siquiera el más mínimo tema relacionado con la jubilación (jubilación anticipada, etc...), acuerde ahora, unilateralmente, a través de esta enmienda presentada por UPN-CDN, realizar esta modificación. Y todo ello, sin dar información alguna a los sindicatos, cual es preceptivo, en la Mesa General.

La Ley Foral de Pasivos fue un paso positivo en el camino de homogeneizar los muy diversos y contradictorios sistemas de jubilación existentes entre el funcionariado de la Administración. Por un lado, el profesorado, con sus mutuas y sistemas específicos; por otro, el personal sometido al régimen general de la Seguridad Social; por otro, el perteneciente a los Montepío de las administraciones públicas de Navarra, etc... La Ley, en cualquier caso, no solucionó todo este despropósito, y la reivindicación de un sistema básico común a todo el funcionariado del Gobierno de Navarra siguió estando presente en nuestra plataforma reivindicativa.

Por el contrario, la modificación de la Ley a través de esta enmienda introducida por la puerta de atrás, con alevosía y premeditación, en los Presupuestos para 2007, camina en una dirección contraria. Aumenta nuevamente las diferencias entre los distintos colectivos de funcionarios, introduciendo claras arbitrariedades e injustos tratamientos a los mismos. Más en particular en este caso, todas aquellas personas que optaron por mantener su antiguo régimen de Montepío ven que no se les reconoce lo que se acepta ahora para los sujetos a la Ley de Pasivos. La pregunta es simple: ¿Por qué los años cotizados a la Seguridad Social fuera del ámbito de la Administración sirven para unas personas y no para otras? ¿Por qué personas que han cotizado los mismos años y por cuantías idénticas tienen ahora jubilaciones diferentes? La arbitrariedad e injusticia evidente de todo esto clama al cielo.

Mucho más aún, cuando cada vez se van acumulando más certezas en torno a que esta enmienda de última hora encuentra su principal razón de ser en los intereses particulares de algunos altos cargos de la Dirección General de la Función Pública, que son los que han «movido» esta enmienda para así mejorar su situación y poder jubilarse con el cien por cien varios años antes de lo previsto. ¿Y qué pasa con el resto del personal?, preguntamos. «Al resto del personal, que le den», nos parecen responder. De lo cual se deduce que no hay mejor sindicato que tener a algún director de Servicio conocido en Función Pública que se encuentre en tus mismas condiciones laborales. O dicho de otro modo, que la Administración se convierta en un nido de caciquismo y no en algo que funcione en base a criterios de servicio público, legalidad y trasparencia.

La injusticia derivada de la modificación arbitraria y parcial de la Ley Foral de Pasivos debe solucionarse de inmediato. Si las cotizaciones realizadas a la Seguridad Social son válidas para un colectivo, deben serlo también para todo el personal y, más en concreto, para todos aquellos funcionarios y funcionarias que, por distintas razones, optaron por seguir en su antiguo sistema de Montepío. Además, debiera darse a este colectivo la opción de reconsiderar la decisión que en su día tomaron, pues aquélla se dio con respecto a un marco concreto de jubilación que ahora se modifica.

Por último, los grupos parlamentarios ­ni se han enterado de lo que tenían entre manos­ debieran negarse a tratar los temas relativos a las condiciones de trabajo del funcionariado que no hayan sido negociadas con sus sindicatos y órganos de representación. De lo contrario se están convirtiendo también en cómplices de esa máquina de agresión a los derechos sindicales en la que se está convirtiendo el Gobierno de UPN-CDN, quien se niega en redondo a la negociación sindical de gran parte de temas (jubilación, encuadramientos, etc...), para después introducirlos arbitrariamente y a escondidas en distintas leyes forales. -