En las pasadas fiestas navideñas nos deseamos felicidad continuamente. No es momento para determinar el significado de un vocablo con un componente tan elevado de subjetividad, pero estaremos de acuerdo en que en las sociedades modernas la felicidad está muy ligada al disfrute de los derechos humanos, de suerte que la ausencia o la conculcación de los derechos resulta causa casi segura de infelicidad (cuando hablamos de derechos humanos existe un consenso pleno entre los organismos y entidades que trabajamos en ese campo para incluir en ellos los denominados derechos económicos, sociales y culturales). Pues bien, según la óptica del Ararteko, en calidad de alto comisionado del Parlamento Vasco para la salvaguarda de los derechos de las personas, ¿cómo se nos presenta el 2007 para que podamos tener un suelo firme sobre el que sostener nuestra felicidad? o, dicho de otro modo, ¿cuál es el estado de nuestros derechos?

El 30 de diciembre tenía esbozadas unas ideas para este artículo; me proponía hablarles sobre las personas y situaciones que merecen la atención del Ararteko por las insuficiencias o gran vulnerabilidad que detectamos en nuestro trabajo diario por lo que respecta al ejercicio de sus derechos, pero esas ideas quedaron arrinconadas por el terrible atentado de Barajas. ETA, organización que muchos estábamos convencidos se hallaba en vías de su desaparición, hacía estallar cientos de kilos de explosivo y segaba la vida de Carlos Alonso Palate y de Diego Armando Estacio. Un defensor del pueblo no puede permanecer en silencio ante este horror y debe hacerle frente desde la perspectiva ética de defensa y respeto de los derechos humanos, para decir con toda firmeza y contundencia que ETA vulnera brutalmente los derechos fundamentales, porque atenta contra las personas, contra su derecho a la vida, a la libertad, a la integridad física y moral, contra su dignidad; y, para exigirle a ETA, en consecuen- cia, su desaparición inmediata e incondicionada.

La actitud de exigencia a ETA para que desaparezca ha de constituir un deber moral para cada una de las personas que componemos la sociedad vasca. Creo que no somos del todo conscientes de la ruina moral que nos ha ocasionado la terrible actividad violenta de ETA cada vez que hemos mirado a otro lado, hemos callado o incluso hemos justificado o exculpado un ataque contra la vida o contra la libertad de una persona. Este año hemos tomado tranquilamente las uvas y el cava en Nochevieja mientras dos ciudadanos a los que Euskadi quedaba muy lejos yacían muertos como consecuencia de una acción de la que no podemos no sentirnos concernidos, porque quienes pusieron el explosivo asesino son ciudadanos vascos que no tienen escrúpulo moral para vulnerar los derechos más básicos de sus semejantes en nombre de una pretendida causa nacional vasca. ¿Qué valores son los que sostienen esas acciones? ¿Qué se ha hecho mal en esta sociedad para que hayan crecido entre nosotros seres amorales que son capaces de atentar sin remordimiento alguno contra la vida y la liber- tad de sus semejantes? Seamos claros: el día en el que los valores de respeto a los derechos humanos estén sólidamente arraigados en el pensamiento y el comportamiento de cada uno de los ciudadanos vascos, ese día ETA dejará de existir automáticamente porque habrá desaparecido el oxígeno que le permite respirar.

Sé que algunos de mis conciudadanos entienden que las acciones de ETA destructoras de derechos humanos tienen relación con demandas políticas insatisfechas, hechos históricos mal resueltos, la dictadura franquista o con la vulneración de derechos por parte de otros sujetos. Quisiera que reflexionaran sobre esta idea: la ética de los derechos humanos no se puede relativizar y mucho menos ser rebajada o excepcionada en función de las referidas circunstancias o cualesquiera otras. Los derechos no pueden ser objeto de un mercado de prestaciones y contraprestaciones. Cada derecho humano ha de ser respetado y salvaguardado específica e individualmente, sin que su defensa quepa ser condicio- nada o supeditada a intereses ajenos. Por ello resulta perverso, equivocado e inmoral en el plano ético alegar la vulneración, presunta o acreditada, de derechos por otros sujetos como justificación o explicación de las acciones de ETA.

Un sistema político democrático debe basarse en el respeto escrupuloso de los derechos humanos y en un esfuerzo permanente por ampliar y mejorar su régimen de reconocimiento y protección. No podemos negar que los sistemas democráticos contemporáneos, en permanente evolución, presentan aún imperfecciones, albergan irregularidades cuando no infracciones en materia de derechos, y, que, con seguridad, pueden y deben evolucionar hacia estadios avanzados de calidad democrática. España y Euskadi, al igual que les ocurre en mayor o menor grado a los demás países que se adscriben al modelo democrático, no son ajenas a las consideraciones precedentes y está fuera de la realidad afirmar que nuestro sistema democrático es perfecto e impoluto.

Desde esta perspectiva, la institución del Ararteko ha de instar a las políticas públicas y a la conciencia ciudadana para que en nuestro trabajo demos prioridad a situaciones graves, delicadas o de riesgo en materia de derechos humanos. Mencionemos algunas de ellas: la violencia machista que asesina y maltrata a las mujeres; la situación de las cárceles; la de las personas inmigrantes, y, en particular la que padecen los menores extranjeros; la de los niños y niñas y adolescentes vejados o maltratados por sus iguales por ser diferentes; la sociedad dual y la exclusión social con bolsas de pobreza, de indigencia y de personas sin techo; la atención a las personas con enfermedad mental, con enfermedad crónica y, en general, a las personas dependientes, sobre todo a nuestros mayores; las barreras contra la igualdad que aún soportan las personas con discapacidad; o la persistencia de discriminación social por diferentes circunstancias personales.

La exigencia de calidad del régimen de protección de derechos debe plantearse también con firmeza en lo concerniente a la lucha contra la delincuencia y el terrorismo, donde debemos consignar con preocupación la existencia en numerosos países democráticos de decisiones legislativas, judiciales y administrativas inspiradas en interpretaciones muy forzadas del ordenamiento constitucional que, en opinión de algunos prestigiosos expertos, parecen basarse más en principios adscritos al denominado «Derecho penal del enemigo» que en los asociados a las democracias avanzadas, que ponen particular énfasis en la proporcionalidad y razonabilidad de las penas, en la protección amplia de las libertades de expresión, de información y de pensamiento, y en favorecer al máximo la reinserción de las personas penadas, manteniéndoles cerca de su entorno social y aplicándoles beneficios penitenciarios.

La salvaguarda y la mejora de los derechos humanos demandan la existencia de una ciudadanía comprometida, exigente y fuertemente imbuida de los valores democráticos de respeto y defensa de los derechos, y resulta evidente, a nuestro juicio, que hay mucho por hacer en Euskadi en este terreno. Creo que es necesario que nos situemos en la dimensión de la ética de los derechos humanos para, desde ella, plantearnos una serie de compromisos: exigir a ETA su desaparición, implicarnos en la solidaridad social ayudando a las personas necesitadas, y demandar constantemente a los poderes públicos una democracia de calidad en todas sus vertientes, denunciando situaciones lesivas o no suficientemente garantistas de los derechos. Animo, en consecuencia, a los hombres y mujeres de este país a que trabajemos activamente en pro de los derechos del prójimo y de los valores democráticos, me- diante la palabra, la razón, el humanismo y la acción social, por hacer de este mundo ­y, para empezar, de nuestra sociedad vasca­ un lugar donde los derechos humanos sean debidamente respetados, mejorados y ampliados y, por ende, donde cada persona tenga una justa parcela de felicidad. ¡Feliz 2007! -