PARIS
En plena precampaña electoral, con comicios presidenciales en abril-mayo y a la Asamblea Nacional en junio, el Gabinete de la UMP refrendó ayer el proyecto de ley sobre el derecho a una vivienda digna «exigible» ante los tribunales. Para que esta legislación sea una realidad, según los expertos, tendrán que pasar años.
La iniciativa de la asociación Enfants de Don Quixote, que el mes pasado levantó 250 tiendas de campaña en el centro de París y luego en otras ciudades para las personas «sin techo», fue lo que llevó a Chirac a pronunciarse por el derecho a la vivienda exigible ante la justicia en su mensaje de fin de año, guante que recogió luego el inquilino de Matignon, Dominique de Villepin, que ahora aprueba el proyecto de ley.
Ante el Ejecutivo galo, Jacques Chirac dijo que está «al alcance» el objetivo de 120.000 nuevas viviendas sociales al año. El presidente llamó a las colectividades locales y los responsables de la vivienda social a «redoblar sus esfuerzos para que cada uno pueda alojarse de forma decente».
El objeto de la futura norma es que el Estado garantice el derecho a la vivienda de «toda persona que, residiendo en su territorio de forma regular y estable, no está en condiciones de acceder por sus propios medios a una vivienda decente e independiente o mantenerse en ella», señaló en un comunicado el Consejo de Ministros. Esta afirmación grandilocuente choca con la del presidente de Emmaüs, Martin Hirsch, que ha recordado que «proclamar un derecho no es suficiente para hacerlo existir».
De salir adelante el proyecto, el derecho a la vivienda exigible ante los tribunales se aplicará desde el 1 de diciembre de 2008 a cinco categorías. Se trata de las personas sin techo, las amenazadas de expulsión sin recolocación, las albergadas de forma temporal o alojadas en locales insalubres o impropios, y las familias con hijos menores sin vivienda decente o que vivan en condiciones de hacinamiento. Desde el 1 de enero de 2012 se extenderá también a todas las personas elegibles para viviendas sociales cuya demanda haya quedado sin respuesta durante un tiempo «anormalmente largo».
Según la Fundación del Abad Pierre de ayuda a los indigentes, unos tres millones de personas podrían potencialmente valerse del derecho a la vivienda exigible ante los tribunales.
Los demandantes deberán dirigirse primero a una comisión de mediación departamental, que examinará la urgencia de las peticiones y su validez, y las transmitirá al prefecto. La comisión velará por que no haya abusos y aprovechamientos, según el ministro de Empleo y Cohesión Social, Jean-Louis Borloo, para quien este texto tiene vocación de ser «un arma de disuasión». Recalcó que el proyecto de ley subraya un doble proceso: el relanzamiento vigoroso de la construcción de viviendas y la voluntad política de llevar el derecho a la vivienda «al mismo nivel que el derecho a la educación y a la salud».
Para evitar el «efecto llamada» en términos de inmigración o migración interna, el texto estipula que sólo podrá aplicarse a los inmigrantes «legales» y sólo después de un año de residencia en un municipio.
