Desde que se produjera el atentado en Barajas, en el que murieron dos ciudadanos ecuatorianos, la práctica totalidad de los agentes políticos han insistido en la imposibilidad de abordar el diálogo mientras persista la violencia de ETA. Con la ayuda de eslóganes del estilo «con bombas no hay diálogo y sin diálogo no hay proceso», que con ligeras variaciones han sido acuñados unas veces desde Moncloa y otras desde el Gobierno de Lakua, se ha tratado de dejar sentado que la violencia de ETA es el único obstáculo para avanzar en el proceso democrático y de paz en Euskal Herria. Lamentablemente, sólo era cuestión de tiempo que desde el ámbito estatal se procediera a actuaciones que dejaran al descubierto la falta de suelo democrático que tan negativas consecuencias ha tenido para el desarrollo del proceso político.
Habrá que convenir, en primer lugar, que la sentencia del Tribunal Supremo contra Segi encaja a la perfección en esa «nueva fase» que anunció el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y cuyos pilares son una pretendida «firmeza democrática» y la búsqueda de un consenso amplio en la «lucha antiterrorista». Tras la farragosa sesión en el Congreso de los Diputados, en la que el presidente español se deshizo en elogios hacia la lealtad exhibida durante los últimos meses por el partido de Josu Jon Imaz, el PNV puso sus límites al acuerdo: nada de ilegalización y nada de mantener la política penitenciaria. Ese fue al menos el mensaje transmitido a la opinión pública.
A la vista de la sentencia del Supremo, que atenta directamente contra el ejercicio de la actividad política, y persigue con penas exorbitadas el derecho de reunión y de asociación, cabe plantear dos preguntas de partida: ¿Este tipo de actuaciones son para el PNV impedimento mayor para secundar al Gobierno español en ese consenso amplio que propone? ¿Está dispuesto el Gobierno de Lakua, igual que afirma que tras el atentado de Barajas no se dan condiciones para el proceso, a dejar sentado ante el Gobierno del PSOE que con sentencias como la citada no le es posible alcanzar acuerdos?
Desde el 30 de diciembre se han lanzado acusaciones y amenazas, hacia el conjunto de la izquierda abertzale, que poco aportan a superar la situación. Son vías estériles. Tras Barajas, como tras la decisión del TS, la prioridad es la misma: forjar los compromisos que permitan encarrilar un proceso de solución. Sin violencias ni imposiciones. -