Respuesta conjunta al «urbanismo salvaje»
Cerca de 50 plataformas locales opositoras a la construcción desmesurada y especulativa de otros tantos municipios acordaron ayer en Bilbo formar una asamblea para dar una respuesta conjunta a esa «problemática global». Pretenden así crear un interlocutor «potente» con las instituciones y «optimizar» recursos.
BILBO
Más de 100 personas, en representación de cerca de 50 municipios de Hego Euskal Herria, se reunieron ayer respondiendo a la convocatoria de Eguzki para formar la Asamblea de los Pueblos Afectados por el Urbanismo Salvaje y la Especulación. Desde Eguzki señalaron que el objetivo era reunir a las plataformas locales formadas para oponerse a proyectos urbanísticos concretos, ya que a su entender, tenían «puntos en común». «Por encima de la visión local», se busca «ver el dibujo general» y dar una respuesta conjunta, afirmaron. Alberto Frías, miembro de Eguzki, aseguró que aún así, «nos ha sorprendido la serie de situaciones o pueblos tan diferenciados de herrialdes tan diferenciados y el análisis común que se ha hecho».
Un mismo «hilo conductor»
Aparte de los puntos concretos de cada uno asociados a campos de golf, urbanizaciones, puertos deportivos etcétera, afirmó Frías, a todas ellas recorre un mismo «hilo conductor» con cuatro cosas que las unen: «que el incremento del planeamiento urbanístico no tiene que ver con un incremento de la población en ninguno de los pueblos, que la tipología de vivienda que se ofrece no responde en absoluto a la demanda social de vivienda que se hace, que con sus diferencias el impacto ambiental de estos proyectos es brutal, y el peligro de pérdida de identidad en motivos culturales, relacionales etcétera».Frías recordó, como claro ejemplo de estas actuaciones «salvajes», las 8.000 viviendas previstas en Getxo, las 700 en Artziniega, el proyecto de cuadruplicar las viviendas en Bastida o el de triplicar las de Bakio. Sin embargo, lo fundamental era, recuerda, «ver qué respuesta se ha dado en cada municipio y ver qué posibilidades hay para dar una respuesta conjunta». Tras una tanda en la que cada localidad explicó las actuaciones llevadas a cabo hasta el momento y los frentes que se deberían abordar, el miembro de Eguzki señala que se han adoptado unos «compromisos». Entre ellos está sacar una publicación que aborde el tema y «crear una interlocución común en base a un texto acordado por los cincuenta pueblos y que podría recibir la adhesión de más pueblos todavía».
«Reino de taifas»
En el mismo, se aceptará, entre otras medidas, «apoyar a todos los casos que cumplan los mínimos del escrito conjunto, crear una interlocución potente ante las instituciones y crear una comisión específica para abordar temas técnicos de urbanismo y jurídicos».En la asamblea se denunció, además, que estos proyectos «salvajes» los tenían que haber supervisado las instituciones, gobiernos y diputaciones forales, quienes además de no hacerlo, «están impulsando este reino de taifas en que se ha convertido el país». Por ello, asegura, esa labor ha quedado «en manos de la iniciativa popular, con pocos medios», con lo que el objetivo primordial de esta asamblea, es «optimizar los recursos».
«De algún modo, se ha planteado el fraude encubierto generalizado»
BILBO La asamblea de Bilbo partió de un diagnóstico en el que Eguzki asegura que «las administraciones públicas están haciendo dejación de funciones». El caso de la CAV es, para Eguzki, «especialmente sangrante» ya que «se acaba de aprobar una ley del suelo bastante desnatada y que no es precisamente de nuestro gusto pero que marca unos mínimos por lo menos en el campo de juego». «Uno es del tipo de determinados porcentajes de vivienda de protección oficial o vivienda social, pero otros de consideraciones ambientales», recuerda Frías. Denuncia, al respecto que, «en los ayuntamientos, curiosamente de los mismos partidos que han aprobado en el Parlamento esa ley, están haciendo fraude de ley encubierto, porque la ley abría una puerta trasera que dice que la misma no será aplicada si la aprobación inicial del proyecto se hace antes de la puesta en vigor de la ley del suelo». En la mayoría de los pueblos la aprobación se ha hecho semanas antes de la aprobación de la ley, lo que para Frías significa que «se ha planteado el fraude encubierto generalizado».
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