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Garzón no aplicó a Agirre las medidas que anunció para prevenir la tortura

Baltasar Garzón anunció el 13 de diciembre que en los casos que él instruya se aplicarían diversas medidas con el objeto de prevenir malos tratos a los detenidos. No ha sido el caso de Iker Agirre: no hubo cámaras grabándole, ni le asistió un médico de confianza, ni el juez se personó en dependencias policiales. «No aceptamos protocolos que sirven para camuflar la utilización de la tortura", advirtió ayer TAT.

Mikel JAUREGI |

 

Torturaren Aurkako Taldea hizo público ayer el testimonio de Iker Agirre Bernadal sobre los cinco días que permaneció incomunicado en manos de la Policía española tras su arresto el 25 de enero en Port Bou (Girona). El joven bilbaino explica que en su estancia en una comisaría de Barcelona sufrió constantes golpes en todo el cuerpo -rostro, cabeza, costillas, testículos, piernas...-, recibió amenazas dirigidas hacia su familia -especialmente su hermana-, le obliga- ron a hacer flexiones, le mantuvieron durante largos periodos de tiempo de pie contra la pared con la cabeza gacha, le tiraron del pelo y no le dejaron dormir.

Incluso, durante el viaje de Port Bou a la capital catalana, los policías amagaron en varias ocasiones con detener el vehículo: «Para aquí, para aquí, que le vamos a pegar dos tiros», decían los agentes según el relato realizado por Agirre.

En un momento dado, estando ya «muy cansado», le sometieron a un «largo y violento interrogatorio. No podía más y les dije que ya era suficiente, que iba a hacer lo que ellos quisieran. A partir de ese momento empezamos a preparar lo que debía declarar: ellos me decían las preguntas que me iban a hacer y las respuestas que tenía que dar; lo repasamos todo tres o cuatro veces», describe el vecino de Bilbo.

 

«Siempre el mismo resultado»

En la rueda de prensa ofrecida en Donostia, el representante de TAT Aiert Larrarte recordó que «se trata del segundo testimonio de torturas de este año, después del del periodista francés Sebas Bedouret», destacó que las prácticas relatadas por Agirre coinciden con las denunciadas por otros ciudadanos vascos en los últimos tiempos y denunció que al joven bilbaino «se le han aplicado leyes de excepción, las de la incomunicación, y de su detención se ha encargado un tribunal de excepción, la Audiencia Nacional. El resultado siempre es el mismo: tortura».

Explicó que durante el tiempo que permaneció incomunicado «se personaron en el lugar de detención el forense de la Audiencia Nacional y el abogado de oficio. Mientras el primero le examinaba, dos policías estuvieron junto a Iker; no se garantizaron sus derechos. Y el segundo no se dio cuenta, o no quiso hacerlo, de que la declaración policial estaba ensayada».

La instrucción del caso corrió a cargo del juez Baltasar Garzón, quien hace dos meses emitió un auto en el que decretaba, entre otras medidas, que se grabe permanentemente a los detenidos en régimen de incomunicación, que sean reconocidos por médicos de confianza y que los familiares estén en todo momento informados de su paradero. También se reservaba la posibilidad de personarse en el lugar de arresto en cualquier momento que considere oportuno, al tiempo que ordenaba que se le informe de las características de las dependencias policiales en las que se encuentre el arrestado, así como del tiempo transcurrido en ellas.

«Dijo que esas medidas les serían aplicadas a todos los detenidos, pero en este caso no ha sido así. Garzón no se ha presentado en el lugar de detención, a Iker no le ha visitado un médico de confianza y no ha sido grabado permanentemente. Iker dice que vio una cámara en un momento, pero que era portatil. Únicamente se ha cumplido en lo relativo a la información de los familiares», apuntó el miembro de TAT, quien denunció que las medidas propuestas por el titular del Juzgado Central número 5 de la Au- diencia Nacional «se han quedado en nada».

Su compañera de TAT Nekane Txapartegi quiso incidir en que protocolos de actuación para la prevención de la tortura como el anunciado por Garzón o el del Departamento de Interior de Lakua «no son fruto de la casualidad y no responden a una voluntad de acabar con la tortura. Se han visto obligados a presentarlos debido al trabajo de TAT y a la presión de organismos internacionales, pero no garantizan que no se produzcan torturas. Sólo son un lavado de cara, una operación de márketing, medidas que se adoptan para reforzar el valor de las declaraciones logradas en comisaría».

 

Protocolos de «camuflaje»

La vecina de Asteasu, procesada en el sumario 18/98, advirtió a las autoridades políticas, institucionales y judiciales que «no aceptamos protocolos que pretenden camuflar la utilización de la tortura. Únicamente nos sirven los protocolos eficaces». Por ello, les exigió, sobre todo a los jueces, «que apliquen esas medidas de forma efectiva; ésas y todas las que puedan. Que instalen cámaras y que graben los interrogatorios, pero que sea en todo momento, que precisen quién los graba, cómo, qué uso se le dará...».

Sin embargo, expresó su absoluta convicción de que sólo la eliminación del régimen de incomunicación y la desaparición de la Audiencia Nacional permitirán acabar con los malos tratos a los arrestados. Y es que, a su entender, «los avances que proponen no son suficientes para erradicar la tortura, sólo sirven, en todo caso, para dificultar esta práctica».

relato
Iker Agirre Bernadal relata que, en los días que estuvo incomunicado en manos de la Policía española, sufrió golpes en todo el cuerpo, amenazas, le obligaron a hacer flexiones y a permanecer largo tiempo de pie con la cabeza agachada, no le dejaron dormir... «En un momento dado, tras un violento interrogatorio, estando ya muy cansado, les dije que ya era suficiente, que iba a hacer lo que quisieran".
Homenaje el día 11 a Joxe Arregi, «símbolo de esta lucha"
Martxelo Otamendi expresó ante los medios «la indignación y sorpresa" que ha causado en el seno de TAT «el silencio y la falta de preocupación de las instituciones" respecto a las denuncias de Iker Agirre y Sebas Bedouret. «No no se han preocupado por la situación de estas víctimas, y tampoco han contactado con sus familiares. Nos parece vergonzoso. Tampoco los medios de comunicación se han hecho eco de estas denuncias". A pesar de esta dejación de los responsables institucionales y políticos, Otamendi aseguró que «los torturados continuaremos trabajando en la misma línea, en la fijada en la asamblea de Elorrio del 16 de diciembre: informando a los ciudadanos, convocando asambleas y haciendo públicos el manifiesto y las conclusiones aprobadas en Elorrio, así como denunciando la práctica de la tortura". Además, anunció que a partir del 13 de febrero TAT dará inicio a una campaña para recabar apoyos al manifiesto de Elorrio, para lo que abrirán una ronda de contactos. El miembro del organismo contra la tortura, imputado en el «caso Egunkaria", recordó que el día 13 se cumplen 26 años de la muerte en dependencias policiales de Madrid de Joxe Arregi, «que se ha convertido en el símbolo de la tortura y de la lucha contra esta práctica". Ese día, como todos los años, se celebrarán movilizaciones en Euskal Herria. Pero un par de días antes, el domingo, se le tributará un homenaje en la plaza de Zizurkil a las 13.00. Horas antes, a las 9.00, una marcha montañera partirá del mismo lugar hacia Iturriotz, donde se encuentra el monolito en memoria del zizurkildarra. Mikel JAUREGI
El caso de Iñaki Uria sí llegará hasta el juicio oral
El de Iñaki Uria, detenido por la Guardia Civil hace ya cuatro años en el marco de la operación policial contra el diario «Euskaldunon Egunkaria", es el primer caso de denuncia de torturas que llegará hasta el juicio oral desde 2002. El zarauztarra declaró ayer ante la jueza de instrucción del Juzgado de Donostia Nekane Rodríguez sobre el periodo de incomunicación que pasó en dependencias de la Guardia Civil; cinco días en los que, según relató, fue objeto de distintas técnicas de tortura. Al término de la declaración, la jueza informó tanto a Iñaki Uria como al abogado defensor de los guardias civiles acusados de que el caso llegará hasta el juicio oral. La última vista que se desarrolló sobre denuncias de torturas fue en el año 2002, y concluyó con la absolución de los imputados. Uria, que estaba citado a las 10.00, estuvo arropado por medio centenar de personas -entre compañeros, amigos, escritores y representantes políticos y sindicales-, que se concentraron en el exterior de la sede judicial bajo el lema «Torturarik ez". Una vez que terminó su declaración, se mostró optimista y satisfecho ante los medios de comunicación. «Después de cuatro años ha sido la primera vez que un juez ha escuchado mi testimonio, y al finalizar nos ha dicho que el lunes hará un escrito, pero que este caso va a ir a juicio. Que la denuncia prospera y que vamos a llegar a juicio oral", afirmó el zarauztarra. «Yo no pretendo ninguna reclamación ni de dinero ni de nada; lo único que quiero es que lo que han hecho conmigo, lo que han hecho con la gente de `Egunkaria' y con otra mucha gente de Euskal Herria que todos conocemos, que no se vuelva a repetir. Que la tortura se elimine de una vez para siempre", concluyó de forma tajante. Gari MUJIKA
«sólo así"
TAT insistió en que únicamente la eliminación del régimen de incomunicación y la desaparición de la Audiencia Nacional permitirán erradicar, de una vez por todas, los malos tratos a los arrestados.

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