Garzón no aplicó a Agirre las medidas que anunció para prevenir la tortura
Baltasar Garzón anunció el 13 de diciembre que en los casos que él instruya se aplicarían diversas medidas con el objeto de prevenir malos tratos a los detenidos. No ha sido el caso de Iker Agirre: no hubo cámaras grabándole, ni le asistió un médico de confianza, ni el juez se personó en dependencias policiales. «No aceptamos protocolos que sirven para camuflar la utilización de la tortura", advirtió ayer TAT.
Mikel JAUREGI |
Torturaren Aurkako Taldea hizo público ayer el testimonio de Iker Agirre Bernadal sobre los cinco días que permaneció incomunicado en manos de la Policía española tras su arresto el 25 de enero en Port Bou (Girona). El joven bilbaino explica que en su estancia en una comisaría de Barcelona sufrió constantes golpes en todo el cuerpo -rostro, cabeza, costillas, testículos, piernas...-, recibió amenazas dirigidas hacia su familia -especialmente su hermana-, le obliga- ron a hacer flexiones, le mantuvieron durante largos periodos de tiempo de pie contra la pared con la cabeza gacha, le tiraron del pelo y no le dejaron dormir.
Incluso, durante el viaje de Port Bou a la capital catalana, los policías amagaron en varias ocasiones con detener el vehículo: «Para aquí, para aquí, que le vamos a pegar dos tiros», decían los agentes según el relato realizado por Agirre.
En un momento dado, estando ya «muy cansado», le sometieron a un «largo y violento interrogatorio. No podía más y les dije que ya era suficiente, que iba a hacer lo que ellos quisieran. A partir de ese momento empezamos a preparar lo que debía declarar: ellos me decían las preguntas que me iban a hacer y las respuestas que tenía que dar; lo repasamos todo tres o cuatro veces», describe el vecino de Bilbo.
«Siempre el mismo resultado»
En la rueda de prensa ofrecida en Donostia, el representante de TAT Aiert Larrarte recordó que «se trata del segundo testimonio de torturas de este año, después del del periodista francés Sebas Bedouret», destacó que las prácticas relatadas por Agirre coinciden con las denunciadas por otros ciudadanos vascos en los últimos tiempos y denunció que al joven bilbaino «se le han aplicado leyes de excepción, las de la incomunicación, y de su detención se ha encargado un tribunal de excepción, la Audiencia Nacional. El resultado siempre es el mismo: tortura».
Explicó que durante el tiempo que permaneció incomunicado «se personaron en el lugar de detención el forense de la Audiencia Nacional y el abogado de oficio. Mientras el primero le examinaba, dos policías estuvieron junto a Iker; no se garantizaron sus derechos. Y el segundo no se dio cuenta, o no quiso hacerlo, de que la declaración policial estaba ensayada».
La instrucción del caso corrió a cargo del juez Baltasar Garzón, quien hace dos meses emitió un auto en el que decretaba, entre otras medidas, que se grabe permanentemente a los detenidos en régimen de incomunicación, que sean reconocidos por médicos de confianza y que los familiares estén en todo momento informados de su paradero. También se reservaba la posibilidad de personarse en el lugar de arresto en cualquier momento que considere oportuno, al tiempo que ordenaba que se le informe de las características de las dependencias policiales en las que se encuentre el arrestado, así como del tiempo transcurrido en ellas.
«Dijo que esas medidas les serían aplicadas a todos los detenidos, pero en este caso no ha sido así. Garzón no se ha presentado en el lugar de detención, a Iker no le ha visitado un médico de confianza y no ha sido grabado permanentemente. Iker dice que vio una cámara en un momento, pero que era portatil. Únicamente se ha cumplido en lo relativo a la información de los familiares», apuntó el miembro de TAT, quien denunció que las medidas propuestas por el titular del Juzgado Central número 5 de la Au- diencia Nacional «se han quedado en nada».
Su compañera de TAT Nekane Txapartegi quiso incidir en que protocolos de actuación para la prevención de la tortura como el anunciado por Garzón o el del Departamento de Interior de Lakua «no son fruto de la casualidad y no responden a una voluntad de acabar con la tortura. Se han visto obligados a presentarlos debido al trabajo de TAT y a la presión de organismos internacionales, pero no garantizan que no se produzcan torturas. Sólo son un lavado de cara, una operación de márketing, medidas que se adoptan para reforzar el valor de las declaraciones logradas en comisaría».
Protocolos de «camuflaje»
La vecina de Asteasu, procesada en el sumario 18/98, advirtió a las autoridades políticas, institucionales y judiciales que «no aceptamos protocolos que pretenden camuflar la utilización de la tortura. Únicamente nos sirven los protocolos eficaces». Por ello, les exigió, sobre todo a los jueces, «que apliquen esas medidas de forma efectiva; ésas y todas las que puedan. Que instalen cámaras y que graben los interrogatorios, pero que sea en todo momento, que precisen quién los graba, cómo, qué uso se le dará...».
Sin embargo, expresó su absoluta convicción de que sólo la eliminación del régimen de incomunicación y la desaparición de la Audiencia Nacional permitirán acabar con los malos tratos a los arrestados. Y es que, a su entender, «los avances que proponen no son suficientes para erradicar la tortura, sólo sirven, en todo caso, para dificultar esta práctica».