La gestión de la privatización de Babcock, la principal empresa de bienes de equipo de Euskal Herria, ha sido un fracaso. Los gobiernos españoles del PSOE y PP malvendieron la empresa. Primero a una alemana y, después, manteniendo los mismos acuerdos, a los actuales propietarios, los austriacos. La primera fracasó porque la venta se llevó a cabo cuando la alemana Babcock Power estaba ya sumida en quiebra técnica. La segunda contó con el rechazo inicial del conjunto del comité y de los trabajadores porque entendieron que los austriacos no son los empresarios adecuados.

El tiempo ha dado la razón a los trabajadores de Babcock, pero la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que depende de la vicepresidencia segunda del Gobierno español, a cuyo frente se encuentra Pedro Solbes, trata de eludir su responsabilidad en este fracaso rotundo y absoluto.

Alejandro Oribe, de LAB, y Roberto Barañano, de ESK, reconocen que «el tiempo se agota» y, por ese motivo, la asamblea de trabajadores respaldó su iniciativa para que SEPI traslade una solución de futuro para la empresa, que hace tres décadas llegó a reunir a más de 5.000 trabajadores, y que en la actualidad apenas supera los 400. «Debe aclarar sus responsabilidades. Asumir su papel protagonista en esta operación y ofrecer garantías reales para mantener a flote esta empresa. Ellos son los únicos que confían en ATB, pues que nos digan cómo se va a mantener Babcock, si no han cumplido el plan industrial con el que llegaron a la dirección de la empresa, y el siguiente que nos han presentado es menos realista y contiene menos salidas de futuro que el anterior. No hay compromisos ciertos», explicaron Oribe y Barañano.

Madrid es responsable

Una de las claves se encuentra en que el Gobierno español, aunque dice que situó a la empresa en manos privadas en 2001, todavía es responsable de su futuro. Ese cordón umbilical es, sin duda, cada vez más fino debido a que la estrategia de Enrique Martínez Robles, presidente de la sociedad pública española, siempre es la misma: «abocar a los trabajadores a seguir con lo malo conocido o, simplemente te, quedarte sin bazas».

Así el pasado 30 de enero concluyó la vigencia del plan y los compromisos que la sociedad pública mantenía para garantizar el empleo y los salarios de los trabajadores. Martínez Robles, sabiendo de las dificultades para alcanzar un acuerdo entre el conjunto del comité y ATB, no facilitó una salida de futuro, «sino que nos amenazó con la idea de que si no había un acuerdo previo con los incapaces de los austriacos no se podría prorrogar durante otros dos años el plan industrial», precisaron Barañano y Oribe. SEPI, en un comunicado, indicó a las dos partes que «retomen las negociaciones y alcancen un acuerdo en breve plazo de tiempo que permita la continuidad y consolidación del proyecto empresarial». De no ser así, la sociedad pública española concluyó que «daría por finalizada su mediación». ESK y LAB creen que «todavía hay dónde agarrarse» antes de precipitarse al vacío del cierre de la empresa. La solución se encuentra en encontrar empresarios capaces de llevar adelante esa empresa que, antes y ahora, «tiene buen oficio».

La clave se encuentra en «desprenderse» de ATB. Por ese motivo «la asamblea aceptó nuestra propuesta para que SEPI fije un compromiso de futuro para Babcock y asuma su responsabilidad ante el fracaso de las dos privatizaciones que ha hecho».

El vicepresidente segundo, Pedro Solbes, reconoció en diciembre pasado que ATB había incumplido las condiciones de la venta, porque el plan industrial presentaron fue un fracaso. Esta evidencia, sin embargo, no ha servido para rescindir el contrato a ATB y buscar a nuevos empresarios.

ESK y LAB consideran que cada vez es más evidente que el grupo austriaco adquirió la empresa con el fin de disponer del nombre de Babcock, «que es una empresa reconocida en el sector de bienes de equipo», para después obtener contratos, porque como ya se ha denunciado desde algunos miembros del comité de empresa, los últimos contratos que se están logrando «se hacen a pérdidas, es decir la venta de los productos es más barata que el coste real del mismo» e, incluso, en varias ocasiones se ha reconocido que Babcock «es obligada» a comprar la tecnología necesaria para la fabricación a empresas del grupo ATB, «cuando en el plan industrial inicial se habló de transferencia de tecnología y de inversión en el desarrollo de una actividad propia en este campo».

Alejandro Oribe y Roberto Barañano son conscientes, por otro lado, de esa intención de SEPI de «lavarse las manos», por lo que exigen a los partidos del Gobierno tripartito de Lakua, PNV, EA e IU, y al PSE «que adopten medidas de presión efectivas. No nos vale que nos digan que nos apoyan. Ya no vale eso. Ellos saben, igual que nosotros, que el proceso de privatización ha sido un fiasco. La primera se vendió a los alemanes sabiendo que estaban en quiebra. Nosotros lo denunciamos -advirtieron los responsables de ESK y LAB- y nos tomaron por locos. Luego se comprobó esa realidad que nos trasmitieron unos compañeros de empresas del grupo alemán». ESK y LAB, sin embargo, creen que la crítica a la pasividad del Gobierno de Lakua «se tiene que extender a los dos sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, porque ellos han sido protagonistas en este proceso de privatización, unas veces uno y otras otro, porque desde 1997 estamos en este proceso. No han sido capaces de firmar un acuerdo serio y de futuro. Tan sólo se han avanzado expedientes tras expedientes para ir recortando la plantilla».

Oribe y Barañano explican, por otro lado, que «CCOO y UGT se están plegando, de nuevo, a ese juego de seguir hablando con ATB, sabiendo que el plan industrial es una auténtica basura y, desde luego, no tiene posibilidad de negociarse. Los austriacos desde que llegaron a la empresa han tratado de desprenderse de 80 trabajadores más. Es lo único que buscan».

Por ese motivo, recuerdan a los dos sindicatos mayoritarios que «ese remedio de echar a ochenta compañeros no soluciona el problema, porque ATB está contratando eventuales, incluso a ex directivos de la que era nuestra filial Isotrón para esos departamentos que nos dicen que tienen mucho excedente».

ESK y LAB consideran que «esta empresa está desestructurada. SEPI ha permitido ese deterioro y es la que nos debe situar en una posición de futuro». Al mismo tiempo, los dos sindicalistas reconocen que se está reproduciendo una situación anterior, como es el hecho de que una mayoría del comité «que negocia el futuro de la empresa, es la que se va a marchar porque se encuentran en los tramos de la prejubilación. Decimos esto, porque en los expedientes de regulación siempre se han beneficiado algunos por haberse plegado a los dictados de Madrid», concluyeron.