En menos de un año se han aprobado en el Estado español la reforma de cuatro Estatutos de Autonomía y otros cuatro esperan ya su turno en el Congreso de los Diputados. En su discurso de investidura, el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció «un ambicioso plan de reformas de nuestro modelo institucional autonómico». La respuesta del PP fue argumentar que la ciudadanía no sentía estas reformas como una necesidad prioritaria, al tiempo que cuando era necesario azuzaba la idea de que España se resquebraja. Sin embargo, lo cierto es que de las cuatro reformas aprobadas dos corresponden a comunidades con presidente del PSOE -Catalunya y Andalucía- y las otras dos están presididas por el PP -Valencia y Baleares-.

Lo que el PSOE pretende es consolidar el modelo constitucional. Su plan de reformas se basa en que es preciso adaptarse a los cambios que se han producido en los últimos treinta años, pero «nunca ha cuestionado el modelo autonómico de nuestra Constitución, ni ha pretendido reformarlo. Al contrario, pretende consolidarlo y reforzarlo». Así puede leerse textualmente en el manifiesto autonómico que el partido ya tiene redactado y que su Comité Federal aprobará el próximo sábado 3 de marzo. En el documento -titulado «Un nuevo impulso a la España de las Autonomías»- el PSOE destaca que «la idea de España que proponemos no es un nuevo modelo de Estado sino ahondar en las propias raíces del Estado Autonómico español. Así frente a la exclusiva visión bilateral de los nacionalistas y el giro recentralizador del PP, el PSOE ofrece un desarrollo armónico del Estado Autonómico desde los principios de lealtad institucional y cohesión territorial».

Las posiciones teóricas del PSOE se entienden con mayor claridad si se hace un repaso a cómo han afrontado distintas propuestas de reformas en esta legislatura.

Primero llegó al Congreso la propuesta aprobada en el Parlamento de Gasteiz que incluía sin reservas el reconocimiento del derecho a decidir del pueblo vasco. Su aprobación hubiera supuesto una ruptura del modelo autonómico como se entiende en la actualidad y el Estado se vería inmerso en una segunda transición. Si la primera fue el paso del modelo unitario de la dictadura a un modelo más descentralizado, la asunción del derecho a decidir de las naciones supondría una segunda transición hacia una unión de libre adhesión o desanexión. Algo que el PSOE no estaba dispuesto a afrontar. Por eso, en unión del PP, ni siquiera admitió a trámite la propuesta.

Después llegó al Congreso la reforma del Estatuto Valenciano, consensuada por PP y PSOE, en la línea de la mera descentralización, que pasó por las Cortes española sin más tensiones que las habituales de la pugna partidista. Fue aprobada definitivamente el 10 de abril de 2006.

Entre medio queda el modelo catalán. No era tan trasgresor como el de la CAV, pero tampoco se limitaba a la mera descentralización porque incluía reivindicaciones nacionales. La solución que aplicó el PSOE fue la del «cepillado» del que habló Alfonso Guerra

Si España se rompe las comunidades del PP quieren que les pille con el máximo de competencias. La práctica de los gobiernos de José María Aznar en relación al modelo autonómico la definió perfectamente el entonces ministro de Administraciones Públicas, Javier Arenas, al señalar que la reforma de los estatutos de autonomía «no es una prioridad apreciada» por los ciudadanos, que demandan «más cohesión, más cooperación y más corresponsabilidad», especialmente en un momento en que las comunidades autonómicas han logrado «más autogobierno del que muchos jamás llegaron a soñar».

Sin embargo, y pese a sus discursos tremendistas sobre la ruptura de España, la práctica del PP en esta materia viene perfectamente explicada en la Disposición Adicional Segunda del Estatuto de Valencia, que viene a decir que cualquier competencia que obtenga otra comunidad autónoma o cualquier reforma de la legislación del Estado que suponga mayores cotas de autogobierno para otra comunidad serán aplicables también a la Comunidad valenciana, gobernada por el PP.

El PP inventa el «derecho constitucional de autor». En todo el proceso de reforma del Estatuto de Catalunya, el PP trató de erigirse en el paladín de la Constitución española. Durante aquel debate se prodigaron los manifiestos y decálogos en los que se defendía «la unidad y la soberanía nacional, que pertenece a un único titular, el pueblo español, considerado como un todo», y se proclamaba «el respeto al marco constitucional» para evitar que «por la vía de una aparente reforma estatutaria se de carta de naturaleza a reformas constitucionales que además suponen una quiebra de la unidad nacional».

Con ese tipo de argumentos, el PP interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto de Catalunya, al considerar que su contenido no había sido todavía suficientemente rebajado en las Cortes españolas. Pero llama la atención que algunos de los artículos impugnados figuren después también, en algunos casos de manera literal, en el Estatuto de Andalucía, que el PP se ha encargado de destacar que es «perfectamente constitucional».

Sólo cabe entender que al igual que en la lucha contra el independentismo vasco se ha puesto en práctico el uso del derecho penal de autor, donde a alguien se le castiga no por lo hecho sin por quién es; se ve que en materia de constitucionalidad el PP ha seguido el mismo ejemplo, por lo que la peligrosidad de las reformas estatutarias no vendría dada por la literalidad de su texto sino por las intenciones que pueden adivinarse en la mayoría de la población de esa comunidad. Así, mientras que en Andalucía no se observan intenciones secesionistas o superadoras del marco actual en sectores amplios de la ciudadanía, no puede decirse lo mismo de Catalunya, por lo que conviene atar más en corto sus textos legales.

Y en esto, a fin de cuentas, acaban coincidiendo PSOE y PP, aunque con matices. Por ello, en la práctica, lo que vuelve a imponerse -como en los primeros Ochenta- es el café para todos. La descentralización general pretende evitar afrontar las peculiaridades de naciones como Euskal Herria. Es posible que, como decía Arenas, para la ciudadanía de Castilla-La Mancha su nivel competencial no sea una prioridad, pero la reivindicación de la mayoría de la sociedad vasca -y de gran parte de la catalana- está en otro estadio: no demanda competencias sino derecho a decidir.

Por ello, será difícil que el Estado español encuentre un equilibrio estable mientras no aborde la cuestión de la asimetría entre las naciones y comunidades que todavía lo conforman o -si se prefiere- la de la equiparación por arriba y que cada cual tenga derecho a decidir, tanto quien lo demande como quien no. Hoy la mayor fuente de disputas y recursos de inconstitucionalidad entre comunidades es el agua de los ríos, algo que en el ámbito europeo está resuelto en las relacio- nes entre estados. Quizá sea una forma de abordar la cuestión.