Los 44 hombres y mujeres que han mostrado su intención de disputar el Elíseo protagonizan estos días una carrera contrarreloj a la búsqueda de los apoyos que precisan para poder ser proclamados oficialmente candidatos. Lo que es un trámite sin importancia para Ségolène Royal (PS), François Bayrou (UDF) y Nicolas Sarkozy (UMP) promete ser un camino de obstáculos para los candidatos más modestos.

El presidente de la República francesa se elige por sufragio universal directo desde 1962. Sin embargo, ese avance democrático se matizó pronto al instaurarse un sistema de filtro que se ha ido endureciendo hasta llegar a nuestros días. Las presidenciales 2007 -primera vuelta, el 22 de abril- se regirán por la reforma de 1976, una normativa que obliga a contar con el apadrinamiento de 500 cargos electos -principalmente alcaldes, consejeros regionales y parlamentarios- para poder participar en la carrera presidencial. La norma pone más condicionantes, como que los avales provengan de cargos electos de distintos departamentos, a fin de cerrar el paso a candidaturas implantadas en exclusiva o mayoritariamente en una determinada circunscripción electoral.

47.000 electos ¿disponibles?

Los obstáculos a solventar son, por tanto, considerables, a pesar de que desde el Consejo Constitucional se señala estos días la amplia oportunidad que representa el que existan nada menos que 47.000 electos -de ellos, aproximadamente 36.000 son alcaldes- en disposición de avalar a algún aspirante.

Sin embargo, esa opinión no es compartida por todos los sectores políticos y, de acuerdo a los sondeos, también plantea serias dudas en la ciudadanía.

Aunque sea el ultraderechista Jean-Marie Le Pen el que se presente ante la opinión pública como la «gran víctima» de esa norma, lo cierto es que las posibilidades de lograr los avales exigidos son tanto o más cerradas para los aspirantes de izquierda que se sitúan fuera de la órbita de PS y PCF o para los «independientes» de todo signo. A esa dificultad de partida hay que añadir en esta campaña la actitud obstruccionista del PS, que por temor a que se repita la proliferación de competidores de izquierda de 2002 ha dado orden a sus electos de que no dispersen sus apoyos. Finalmente, a un año de las municipales, muchos alcaldes tendrán mayor reparo a la hora de avalar a ciertas candidaturas por temor a que ese gesto sea mal interpretado por su electorado.