Tras aprobarse en el Ayuntamiento de Donostia la propuesta de construcción de la incineradora en Zubieta, dentro del rosario de proyectos que acabarán con este precioso pueblo y sus parajes naturales irremplazables, está otro que entendemos es tanto o más horripilante, anacrónico y macabro: la construcción, junto a la incineradora, de una macro cárcel, eufemística y encubridoramente denominada «Centro Tipo» que con quinientas celdas, podría mantener encarceladas a más de mil personas.

Esto supone la edificación de una incineradora de personas y de todas las infraestructuras viales adyacentes, donde, al igual que ocurre en las demás cárceles de reciente construcción, se hacinarán, abandonarán y quemarán, sumiéndoles en la desesperación, cientos de personas tratadas como basura social y condenadas, además de a privación de libertad, al olvido. Menos mal que el gobierno municipal está en minoría y que a diferencia de lo recientemente ocurrido con la incineradora, los tres socios del tripartito (EA, PNV, IU) en el Parlamento Vasco se han posicionado formalmente en contra de este proyecto (resolución de 23 de febrero de 2006) y por tanto, al menos en teoría, en la actualidad las dificultades son mucho mayores para la aprobación de éste.

Ni en Donostia, ni en Gipuzkoa, ni en Euskadi, ni en ninguna parte del mundo se necesitan centros de estas características, por mucho que se nos venda su supuesta necesidad, acordándose de las condiciones infrahumanas de encarcelamiento en la que se encuentran las personas presas en las obsoletas prisiones ubicadas en el País Vasco tan solo para vendernos proyectos de infraestructuras ligados a intereses inmobiliarios y especulativos, totalmente ajenos a la necesidad de humanizar y ajustar a derecho el actual sistema carcelario.

Resulta inútil y perverso construir macro cárceles cuando aún no conocemos cuales son nuestras necesidades y demandas sociales en materia de prevención y lucha contra el delito para saber, a partir de ello,las respuestas penales adecuadas a aplicar en materia de ejecución de penas. Efectivamente nos movemos en un contexto de imitación de modelos fracasados y de inflación punitiva donde la construcción de un estado penal está suponiendo el recorte de las políticas sociales y la pérdida de soberanía de los estados que supeditan sus políticas de prevención y lucha contra el delito a las políticas hegemónicas de tolerancia cero y criminalización de la pobreza y la disidencia -pilotadas por los EEUU y sus estados asociados-, y generan un modelo de ejecución penal que supone la industrialización del reciclaje de los efectos más visibles de la pobreza y la disidencia, como es el caso de la edificación de macro cárceles.

La CAPV tiene ciertas competencias en materia de prevención y lucha contra el delito, dado que la Policía autónoma es competente y, sin embargo, la dinámica de persecución y lucha contra el delito sigue siendo la misma en cuanto a los sujetos a los que se persigue, los lugares donde se ejerce la vigilancia policial, los bienes jurídicos que prioritariamente se protegen, etcétera. Resulta imprescindible revisar en profundidad estas políticas de persecución selectiva del delito para poder saber que sistema penal y de ejecución de penas precisamos.

Además, hemos de tener en cuenta que frecuentemente no coinciden las demandas de seguridad y protección frente al delito que plantea la sociedad con las que define como demandas prioritarias el sistema penal, los sistemas de comunicación hegemónicos y el sistema político en su conjunto. Frecuentemente el Estado y sus instituciones defienden más su propia seguridad que la de la ciudadanía a la que dicen representar y proteger. En este sentido se hace necesario un profundo debate participativo sobre que nuevas prioridades han de establecerse en la lucha contra el delito y que respuestas han de articularse desde las demandas ciudadanas.

El modelo penal actual fundamentado en el concepto de justicia vengativa y en el uso bélico del derecho no sirve. Busca reproducir la cárcel y el sistema penal que lo sustenta, concibe el sistema penal como una industria lucrativa de la que viven empresas privadas y particulares (policías, operarios del derecho, etcétera) a base de fuertes inversiones de dinero público. Para ampliar esta industria resulta imprescindible justificar el recurso a la penalización, inyectando el miedo a la población para que ésta demande más penas, aplicando políticas de encarcelamiento para aumentar la clientela potencial y real de la industria penal.

Uno de los grandes retos que tenemos planteados en la construcción de nuevos modelos sociales es cómo detener estas políticas punitivas que tratan de liquidar el derecho garantista e instauran el estado de excepcionalidad penal mediante la doctrina del derecho penal del enemigo, el incremento de penas en casi todo tipo de delitos, el recorte del acceso a derechos penitenciarios, la construcción de más plazas carcelarias, etcétera. La cuestión es cómo desarrollar, en base a las experiencias ya existentes, un modelo de ejecución penal cuya única alternativa a aplicar excepcionalmente sea la privación de libertad y que el resto de medidas penalizadoras, de orientación social, sean la norma, buscando liberarnos progresivamente del recurso a la cárcel. Se trata pues de diseñar una política cuyo objetivo finalista sea que haya menos personas presas y no más plazas carcelarias.

Estas orientaciones no nos las inventamos nosotros. Son las que establecen en el seno de la Unión Europea los ministros de Interior y Justicia cuando desde hace ya más de tres décadas nos plantean los principios y reglas que habrían de orientar el trato a las personas detenidas y presas: la relativización de las funciones asignadas al sistema penal como medio de control social del delito, la necesidad de recurrir al respeto del principio de prohibición del exceso, la necesidad de recurrir al respeto del principio de mínima intervención o el convencimiento de que las alternativas a la prisión y la apertura de esta no merman los efectos de prevención general en la población.

Estos principios y recomendaciones apuntan hacia la necesidad de un nuevo concepto de ejecución penal que dé prioridad tanto a los mecanismos de control sobre la ejecución de las penas, como a la definitiva pérdida de centralidad de la cárcel como fundamento de la sanción, mediante el desarrollo de nuevas políticas y programas extrapenitenciarios no privativos de libertad como respuesta educativa, integradora, asistencial, formativo-laboral, restitutiva y reconciliadora, donde el protagonismo de las víctimas y de los infractores sea decisivo a la hora de solucionar por vías civiles los conflictos que hoy se afrontan desde la óptica penalizadora.

Ni que decir tiene que estas son las nuevas propuestas penales, y que las reformas penales y penitenciarias operadas durante la última década tanto por el anterior como por el actual Gobierno español van en sentido contrario a estas tendencias. La involución y el progresivo alejamiento de un modelo de justicia democrática hacia un modelo de justicia autoritaria se evidencia en el progresivo y exponencial proceso de devaluación de los derechos fundamentales de las personas detenidas, penadas y presas y, en el caso de la cárcel, en los crecientes problemas de seguridad que afectan tanto a las personas presas como al personal que trabaja en las prisiones, que hace de la cárcel una institución incompatible con el efectivo ejercicio de lo derecho humanos básicos (a la salud, a un trato digno, a la vida, etcétera).

La cárcel es un éxito como negocio, un fracaso como estructura de ejecución penal para garantizar la seguridad ciudadana y dentro de ella de víctimas y victimarios. Es una estructura que produce victimización secundaria. ¿Quién se va a creer dentro de prisión el discursito del respeto al Estado de Derecho, cuando en el seno del mismo se están transgrediendo sistemáticamente los derechos fundamentales de quienes han sido encarcelados por supuestamente violar las leyes? Reconocer las violaciones de derechos por parte del Estado sería el primer ejercicio de higiene democrática que habría de realizarse.

Solamente personas con mentes enfermizas, prepotentes o ignorantes pueden defender la construcción de una macro incineradora de personas tratándolas como si fueran residuos humanos, junto a una incineradora de basuras en Zubieta, sin antes afrontar estos y otros retos y debates aquí planteados, a no ser que lo hagan sabiendo que ocultan otros intereses en estos proyectos, o que la lucha por mejorar la convivencia y la paz social solamente les interese como consigna para despistar su apuesta práctica por un modelo de sociedad penitente, desigual e injusta.