El Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunciará el próximo martes sobre la petición de indemnizaciones presentada por Gestoras pro Amnistía y Segi por estar incluidas desde 2001 en la lista de «organizaciones terroristas» de la UE.

Gestoras y Segi recurrieron su inclusión en 2002 ante el Tribunal de Primera Instancia de Luxemburgo y pidieron que se condenara a la UE a pagar a cada asociación un millón de euros, y a cada portavoz 100.000 euros, en concepto de indemnización por el daño sufrido.

El abogado de la defensa, Diddier Rouger, explicó ayer a GARA que la clave de esta vista es la competencia de este tribunal para decidir sobre una demanda de este tipo.

Desde que el Consejo de ministros de la Unión Europea incluyera a las dos organizaciones vascas en la citada lista, han sido numerosos los recursos interpuestos en instituciones europeas.

En primer lugar, Gestoras pro Amnistía y Segi solicitaron al Consejo de la UE tener acceso a los documentos en los que éste se habría basado para incluirlas en la lista terrorista. La Secretaría del Consejo les trasmitió una serie de documentos sobre el funcionamiento de la lista. Después, las dos asociaciones formularon una nueva solicitud al Consejo, que fue rechazada por esta institución. Fue a raíz de este rechazo, cuando las dos organizaciones acudieron a los tribunales. En un primer momento, recurrieron al Tribunal de Primera Instancia y, al rechazar los recursos mediante un auto en junio del 2004, recurrieron al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Última instancia

Esta corte está compuesta por un juez de cada estado miembro, que son asistidos por ocho abogados generales. Uno de estos abogados, Paolo Mengozzi, ha recomendado rechazar el recurso ya que, a su juicio, «un juez comunitario no puede decidir en un recurso de este tipo». Rouger explicó que no hay recurso posible en el marco de política exterior y seguridad, y eso «acarrea la vulneración del derecho a la defensa y de la presunción de inocencia».

La intención del abogado de la defensa es «agotar todas la vías jurídicas posibles para poder recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y demostrar allí las vulneración de los derechos fundamentales».