Cual si se tratara de un gobierno insólito en el que tanto su presidente como todos sus consejeros se llamaran Juan y se apellidaran Palomo, el Ejecutivo Foral nos ha medio sorprendido con un proyecto de Ley Foral en el que se modifica el régimen de incompatibilidades de los miembros del Gobierno y los altos cargos de la Administración, cuyo contenido podría resumirse en aquello del refrán: «Yo me lo guiso, yo me lo como».

El citado proyecto amplía el listado de «altos cargos» de la Administración, invistiendo ahora de tales a todos los directores gerentes, directores ejecutivos, consejeros delegados y asimilados de las sociedades y fundaciones públicas de la Administración, amén, incluso, del personal administrativo que forma parte de los gabinetes del presidente y consejeros.

Y como ya se sabe aquello de «Don sin `dín', campana sin badajo», toda esta caterva de sufridos ejecutivos tendrá derecho a una prestación económica mensual -cesantía-, cuando dejen sus cargos, equivalente al 80% del sueldo que percibieron mientras ocuparon esos puestos, durante un periodo de dos años. En esta medida, el proyecto de ley supondrá que esta cesantía, hasta ahora cobrada sólo por el presidente y sus consejeros, pasará a ser percibida por, aproximadamente, unas cien personas más: los 34 directores generales y asimilados a ellos, así como todos los altos cargos de las más de treinta empresas y fundaciones públicas creadas por el Gobierno de Navarra. Todos ellos, claro está, nombrados a dedo por éste.

El proyecto va más allá. Si quien es nombrado para ocupar uno de estos altos cargos es funcionario de la Administración, cuando cese y vuelva a su puesto de trabajo percibirá de por vida un complemento del 25% de su sueldo. Esto, además, será de aplicación a todas las personas que hayan ocupado estos puestos desde el 1 de enero de 1983, si bien el complemento sólo se empezará a cobrar a partir del 1 de enero de 2007.

Si a lo anterior unimos todas las personas que forman parte de los consejos de Administración y órganos de dirección de las empresas y fundaciones públicas antes comentadas, nos encontraremos finalmente con una auténtica tela de araña formada por varios cientos de personas que viven -¡y cómo!- a cuenta del erario público, sin poseer en muchos casos mayores méritos profesionales que el saber reírle las gracias al consejero de turno.

Es decir, la Administración es concebida y convertida en un suculento botín de guerra del partido en el Gobierno, quien puede repartir entre sus militantes y afines todo ese pastel, amén de las posibilidades que todo lo anterior ofrece para rebañar cualquiera de los numerosos y sabrosos platos de la vieja y nueva cocina foral que suelen girar al- rededor de la Administración.

Por otro lado, si analizamos la estructura jerárquica de la Administración Foral, lo primero que destaca es la injustificable inflación de jefaturas, pues de cada cuatro funcionarios, uno de ellos es jefe de algo. Se ha creado un organigrama que, lejos de responder a las necesidades reales de los distintos servicios, tiene como objetivo rodear a los directores y jefes superiores de personas fieles, ya que más de la mitad de las jefaturas de ellos dependientes siguen estando nombradas a dedo, y, en esa medida, sus ocupantes están atados a aquellos por razón de los complementos salariales que perciben.

La conclusión de todo lo anterior es simple: al igual que sucede en los cuarteles, casas reales y demás herencias atapuercanas, la democracia no ha entrado en la Administración. Sigue siendo el mismo fósil de hace varios siglos y es concebida en gran medida, más que como un servicio público abierto a la ciudadanía, como un coto privado propiedad del partido en el poder.

Los cimientos de todo este edificio administrativo, impregnado del caciquismo más absoluto, vienen de muy lejos. Los residuos e inercias de la Administración franquista tienen bastante que ver con lo que aquí comentamos. Pero también guarda mucha relación con la política llevada por el PSN de Urralburu y Cía., que, pudiendo haber aplicado bisturí democrático, no sólo no lo hicieron, sino que abrieron el camino a muchas de las lacras que ahora denunciamos: jefaturas injustificadas, nombramientos a dedo, amiguismo y prebendismo, privatización de servi- cios... Y así, más adelante, UPN sólo ha tenido que ensanchar estas vías hasta convertirlas en las autopistas de caciquismo en las que se han transformado.

Digo lo anterior porque se habla hoy, de nuevo, como en 1983, de tiempos de cambio para Nafarroa. Sin embargo, con frecuencia, la postura de bastantes fuerzas de izquierda y nacionalistas en relación a este tema -la reforma democrática de la Administración-, ha dejado mucho que desear. Y digo esto porque, si bien estas formaciones han criticado a menudo los excesos de UPN antes señalados, lo cierto es que cuando llegan al poder (Urralburu, Tripartito, ayuntamientos, CAV...), vienen a hacer cosas similares. Y es que, el pastel es demasiado goloso como para renunciar al mismo. La política del «quítate tú para ponerme yo» permite conseguir sabrosas fuentes de financiación, tanto directas (jugosas asignaciones parlamentarias a los grupos, hermosas dietas por asistencia, perso- nas liberadas, etc...) como indirectas (aprovechar la estructura existente para «colocar» a gente de confianza), quedando todo ello bendecido por los postulados de «izquierdas y socialmente avanzados» con los cuales se participará ahora en el montaje.

Lo dicho. Sería bueno que los partidos y formaciones que hacen bandera del cambio para Nafarroa se pronunciaran de forma precisa en relación a todos estos temas: cesantías y complementos similares, asignaciones y dietas, estructura jerárquica administrativa, privatizaciones de servicios, proliferación de empresas públicas, régimen de incompatibilidades... Y cuando se pronuncien, que hablen de cosas concretas y no de grandes y hermosos principios, los mismos o parecidos a los que nos contaron Urralburu u Otano cuando se presentaron a las elecciones.