Como Consejero de Justicia comparto la decisión de adoptar el régimen de prisión atenuada para Ignacio de Juana Chaos. Considero que estamos ante una medida correcta y exigible dado el actual estado de cosas. Es fundamental hacer todo lo posible para preservar la vida de cualquier ciudadano y más aún si está bajo la custodia del Estado.

Entiendo que la decisión respeta estrictamente la legalidad y se atiene a una esencial dimensión humanitaria que debe presidir cualquier política penitenciaria que presuma de ser democrática.

No nos podemos sustraer del hecho que da origen a esta situación. Y es que cuando Ignacio de Juana está a punto de saldar el cumplimiento de la pena que le había sido impuesta por su terrible historial delictivo en ETA, la derecha y su corte mediática pusieron el grito en el cielo, cosa que no hacían cuando presos muy significativos de la organización abandonaron la prisión con el Gobierno del PP. Y si no, que expliquen los populares cómo, por ejemplo, varias decenas de convictos accedieron a la libertad.

Pero en ese momento, el Gobierno socialista cometió el peor error posible, el de caer en la trampa tendida por la derecha. Y nada menos que el entonces ministro de Justicia se aprestó a declarar que se iban a «construir» imputaciones a fin de evitar que de Juana saliera libre.

A partir de ese punto, principios básicos quedaron en cuarentena. Sólo así se explica que la Fiscalía pudiera llegar a pedir 96 años de prisión por dos artículos de opinión publicados por de Juana en el diario GARA. El escándalo era tan evidente que el Ministerio Público se vio obligado a plantear una rebaja en sus peticiones.

Siendo ya clamoroso que el asunto llagara a juicio -supone retrotraerse a lo que los especialistas llaman el derecho penal de autor-, el Tribunal acordó la pena máxima de la horquilla planteada por el fiscal y se le impuso una condena de doce años de prisión, prácticamente idéntica a la que se puede aplicar por un asesinato.

A este escándalo se debe añadir otro igualmente denunciable y lamentable. Nos referimos a la decisión de la Audiencia Nacional de reunirse en pleno para impedir que el Tribunal que condenó a de Juana revisara su situación y decidiera la prisión atenuada. Nunca se había producido una intervención semejante y está por determinar si en toda aquella operación se respetó la legalidad. En todo caso, lo indiscutible hoy es que lo sucedido con este asunto pasará a la historia del Derecho como el peor ejemplo posible de lo que supone cruzar los límites y construir una acusación con un fin político.

Por supuesto que aceptamos como indiscutible que es la propia voluntad de Ignacio de Juana la que le determina a mantener su huelga de hambre. Hoy, como siempre ha hecho el Gobierno Vasco y yo mismo, le pedimos y animamos a que ponga fin a la huelga que tanto deterioro ha causado sobre su salud para posibilitar una pronta recuperación.

Quisiera recordar que las voces que hablan de chantaje desprecian el derecho que asiste a toda persona a expresar por medios pacíficos su protesta ante una decisión que considera injusta.

Son voces que, por ejemplo, nunca consideraron que la petición de Enrique Rodríguez Galindo para disfrutar de prisión en su domicilio fuera un «chantaje», a fin de no hacer pública información relevante que pudiera estar en su poder dado el cargo que había ostentado. Hablar hoy de chantaje es un recurso fácil de quienes han convertido el caso de Juana en bandera política contra el Gobierno socialista.

Estimo que éste puede ser un buen momento para iniciar una nueva etapa, y como parte de la misma revisar, por ejemplo, todas las situaciones que afecten a presos enfermos graves.

Igualmente, soy partidario de abrir una reflexión inmediata sobre la llamada «doctrina Parot», impulsada para prolongar artificialmente la estancia en prisión de los condenados que estuvieran a punto de saldar su deuda con la justicia. Además de saltarse toda la base de jurisprudencia, esa doctrina ha puesto en jaque derechos fundamentales.

No se puede esperar al pronunciamiento del Constitucional al respecto. Lo que hay que hacer es promover su derogación de la misma manera que ya se recorrió el camino inverso, a pesar de los avisos dados por muchos juristas sobre el alcance de la tropelía jurídica cometida.

Como consejero de Justicia espero que todos aquellos que han utilizado a Ignacio de Juana como estandarte para poner piedras en el camino hacia la paz abandonen ya su beligerante actitud. Siempre hemos dicho que nada bueno se podrá construir sobre la venganza y sobre el odio. Y en este asunto odio y venganza han estado en un primer plano. Es hora de cambiar para hacer posible una nueva etapa, una nueva convivencia.