La polémica en torno a la gestión de las basuras en Gipuzkoa ha recorrido un largo camino en los últimos años, pero si algo ha caracterizado ese camino ha sido la imposición y el chantaje a que fundamentalmente los representantes institucionales de PNV y EA han sometido a la sociedad e incluso a ayuntamientos y mancomunidades. No conviene olvidarlo.

Los partidarios de la incineración suelen argumentar que esta se deriva del PIGRUG (Plan Integral de Gestión de Residuos Urbanos de Gipuzkoa), para cuya elaboración se siguió un método supuestamente participativo. En realidad, no era más que un método que buscaba legitimar socialmente algo que ya estaba decidido. De hecho, todas las alternativas de tratamiento barajadas -siete, en total- se basaban en la incineración.

Aún así, dos de las mancomunidades se mostraron reticentes y las restantes aprobaron el PIGRUG a sabiendas de que era Donostialdea la comarca que tenía todos los boletos del sorteo de la incineradora. No hubo participación social real e incluso se marginó a un partido determinado en la toma de decisiones.

La primera ubicación que barajaron fue Urnieta, pero no porque los estudios «técnicos» determinaran que era la más adecuada porque no cabía esperar oposición social alguna. Se equivocaron de medio a medio. No solo Urnieta se echó a la calle, sino que también en Txingudi y Zestoa comenzaron las protestas.

Ante la oposición, la Diputación optó por recurrir al chantaje social y a la política del miedo. El objetivo era generar la suficiente inquietud entre la población como para que se aviniera a tragar cualquier salida. Descartada Urnieta, le llegó el turno a Donostia. La primera ubicación barajada fue Aritzeta. El alcalde, Odón Elorza, se opuso. Pero la Diputación no tardó en recurrir al chantaje: «O tragas con la incineradora o te bloqueo proyectos urbanísticos», vino a decirle. Y continuó el chantaje social con el cierre del vertedero de S. Marcos, un asunto que dejaron pudrir no construyendo una planta de compostaje que nadie rechaza y que hubiera reducido el problema de los olores al evitar el vertido de materia orgánica.

Entonces Elorza se sacó de la chistera una nueva ubicación en Landarbaso y, sorpresa, todos los ayuntamientos de la zona, hasta entonces proincineradores, la rechazaron ipso facto.La Diputación pretende desacreditar a los opositores a la incineración argumentando que su rechazo no tiene otra razón de ser que el hecho de que nadie quiere tener una instalación de este tipo cerca de su casa. Que aplique el cuento a los partidos proincineradores, que parece que lo son cuando la incineradora les toca lejos, mientras que, curiosamente, cuando les toca cerca, siempre creen que «no es la ubicación más adecuada». Y tienen razón, porque no existe ubicación «adecuada» alguna para una instalación peligrosa e insostenible.

Ante el impasse, la Mancomunidad de Sasieta se sumó al chantaje: «si Donostia no asume la incineradora, no recibiremos sus basuras en nuestro vertedero». ¿Y por que sí las del resto de municipios? En caso de que llegara a construirse la incineradora, ¿aceptarían que, en «justa» correspondencia, Donostia rechazase quemar en su término municipal las basuras procedentes de Sasieta?

PSOE,PNV y EA deciden construir la incineradora en los altos de Zubieta, pero, ante la rebelión ciudadana de los lasartearras, la ubicación se reorienta hacia Usurbil. El Ayuntamiento de Donostia lo aprueba en secreto. Luego, eso sí, irá presumiendo por ahí de que su gestión es un modelo de participación ciudadana. A lo largo de todo este proceso, Elorza ha hablado continuamente de chantaje, pero ha terminado cediendo para que le desbloqueen ciertos proyectos, en detrimento de la salud de los vecinos y del medio ambiente.

El chantaje no ha finalizado. Ahora vendrá la extorsión económica a los ciudadanos, que tendremos que pagar vía tasas la propaganda institucional, los «estudios» de ubicación, los viajes, los asesores internacionales... y, si no lo evitamos, la incineradora y los traslados de basura.

Pero ¿quién ha decidido que las basuras de Gipuzkoa han de ser incineradas? Los ciudadanos no, desde luego. Es más, cada vez que han tenido ocasión, a veces incluso a través de referéndum, se han manifestado multitudinariamente en contra, en Urnieta, Zestoa, Txingudi, Orereta,Astigarraga, Donostia, Lasarte-Oria o Usurbil.

Quizá nunca haya habido antes en Gipuzkoa un proyecto que haya suscitado tanto rechazo social. Y, sin embargo, se impone. Será legal, pero no legítimo.