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Belén Martínez Analista social

«¡Es un niño!", exclamó la comadrona

Desearía un pronunciamiento político sobre la Ley de Vagos y Maleantes y la Ley de Peligrosidad Social. Sigo esperando la reparación moral e indemnización de las víctimas

Acaba de aprobarse la Ley Reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas. A partir de ahora las personas transexuales ya no necesitarán presentar sentencia judicial firme ni tendrán que someterse previamente a una cirugía de reasignación sexual; será suficiente un certificado de diagnóstico de transexualidad o disforia de género y acreditar que han sido tratadas médicamente durante, al menos, dos años (con excepciones, si razones de salud así lo aconsejan), para acomodarse al sexo reclamado.

La ley supone el reconocimiento institucional a la labor de colectivos que luchan por los derechos civiles y sociales de las personas transexuales, así como el sufrimiento, humillaciones, desigualdades y discriminaciones laborales, sociales y jurídicas que han experimentado y experimentan éstas, al intentar vivir de forma permanente como personas «del otro sexo», ya que las y los transexuales viven una incongruencia entre el sexo con el que nacieron y el sexo al que sienten pertenecer.

No es la primera vez que se abordan los derechos de las personas transexuales, la Instrucción 7/06 de la Dirección General de Instituciones Peniten- ciarias permitía que las personas transexuales pudieran ser «internadas en prisiones de hombres o mujeres, según la identidad de género que manifiesten socialmente».

Esta ley equipara algunos derechos de ciudadanía, aunque los limita a personas adultas de nacionalidad española. No estamos, por tanto, ante una ley integral que reconoce el derecho de todas y todos a la identidad de género, y que contempla actuaciones en todos los ámbitos: educativo, laboral, social, cultural, sanitario, deportivo o penal, con medidas de sensibilización, educación, creación y desarrollo de diferentes prestaciones, programas, recursos y servicios.

No comparto el plazo de dos años de tratamiento ni el uso del término «distrofia de género»; no estoy de acuerdo con que se impida a las y los menores ejercer este derecho, puesto que la mayoría de edad legal no se corresponde con la pubertad. En la adolescencia, niños y niñas se hacen muchas preguntas. Son cuestiones más complejas que el hecho de que una chica se involucre en una relación lésbica. Hay que prestar atención a lo que acontece en esas edades de cambios físicos importantes, ofreciendo apoyo y orientación a quienes sufren, por sentirse infelices en sus cuerpos. Es importante posibilitarles la afirmación de su identidad sexual y de género.

También desearía un pronunciamiento político sobre la Ley de Vagos y Maleantes y la Ley de Peligrosidad Social. Sigo esperando la reparación moral e indemnización de las víctimas.

La ley nos permitirá continuar reflexionando sobre el orden patriarcal, un orden heterosexista y binario que con- tinúa imbricando sexo y género, cuajado de definiciones médicas, heterocentristas, focalizadas sobre actitudes y com- portamientos etiquetados. ¿Acaso el género no es una ficción cultural? ¿Y el sexo?

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