Los prejubilados forzosos tachan de «insuficiente" la subida de sus pensiones
Concluye el plazo para presentar enmiendas al proyecto de Ley de Medidas en Materia de Seguridad Social, firmado por el Gobierno español, los sindicatos UGT y CCOO y las patronales CEOE y Cepyme. En el mismo, se ponen más trabas para recibir una pensión y «no se soluciona de forma definitiva" la discriminación que sufren los prejubilados forzosos de la reconversión, que han sido penalizados hasta con un 40% de sus ingresos después de cotizar 40 años.
Juanjo BASTERRA |
La Confederación estatal de Prejubilados y Pensionistas (Cepyp), que integra, entre otras, a la Federación Vasca de Jubilados y Pensionistas (Fevaas); la Confederación española de Organizaciones de Mayores (CEOMA); y la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados (UDP) tachan de «insuficiente» la subida de las pensiones de los prejubilados forzosos anteriores a 2002 previstas en la reforma de la Seguridad Social.
Entienden que se mantiene la «discriminación», puesto que el proyecto de Ley de Medidas en materia de Seguridad Social fija unas cantidades que van de 18 a 54 euros «sin tener en cuenta el criterio de proporcionalidad entre lo cotizado y lo percibido por los jubilados anticipados».
Este martes termina el plazo para presentar enmiendas en el Congreso español a esa legislación, que fue acordada entre el Gobierno español, los sindicatos UGT y CCOO y las patronales CEOE y Cepyme.
La legislación endurece el acceso a disponer de una pensión. No entra en el principal meollo de aumentar los años de cotización y la edad de jubilación, pero ambos temas están en el cajón del Gobierno español. Para empezar, para tener derecho a una pensión el período mínimo se ha alargado en 775 días efectivos más. De 4.700 días actuales, se pasa a 5.475 días.
También otorga incentivos del 2% de la pensión por cada año de más que se trabaje a partir de los 65 años, pero sube al 3% si son trabajadores que han cotizado 40 años.
El texto extiende la pensión de viudedad a los matrimonios y parejas de hecho, pero reduce las cotizaciones de los empresarios, a la vez que dificulta el acceso a una pensión para los trabajadores más jóvenes.
Reconversión industrial
Un tema controvertido se encuentra en el tratamiento que da a los prejubilados forzosos anteriores al año 2002. Según el proyecto de ley, quienes tuvieron que salir del mercado de trabajo obligados por la reconversión industrial tendrán derecho, desde enero de este año, a añadir 54 euros mensuales más a sus pensiones, si tienen una edad de 60 a 61 años; serán 36 euros mensuales con edades de entre 62 y 63 años; y, por encima de 64 años, 18 euros mensuales más.
Las organizaciones de pensionistas y jubilados se han dirigido al presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, al ministro español de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, y a todos los grupos representados en el Congreso español para advertirles que «si bien es positivo que haya una mejora de las pensiones de quienes fuimos jubilados de forma anticipada y forzosa, consideramos que esas cantidades son a todas luces insuficientes».
Entienden que «es de plena justicia social» que la equiparación sea de una forma proporcional en relación a lo cotizado y lo percibido durante todos estos años. Los trabajadores que fueron «expulsados» de su trabajo por las reconversiones industriales «hemos estado penalizados con un 40% de la pensión, pese a que la mayoría hemos rebasado los 35 años y los 40 años de cotización a la Seguridad Social, lo que nos tendría que haber dado derecho a contar con el ciento por ciento de la pensión, pero llevamos años y años sin que se nos reconozca esa discriminación».
Hoy concluye el plazo para presentar enmiendas a la proposición de Ley de Medidas en materia de Seguridad Social, que gobierno, sindicatos y empresarios firmaron para endurecer el acceso a una pensión futura.
Los prejubilados forzosos, que fueron excluidos del mercado de trabajo por las reconversiones, están penalizados con un 40% de su pensión a pesar de que han cotizado por encima de los 35 años obligatorios a la Seguridad Social.
El PSE ha presentado una enmienda a la totalidad ante la proposición no de ley del grupo Ezker Abertzalea para que el Parlamento de Gasteiz se pronuncie a favor de la puesta en marcha de una Seguridad Social vasca. La iniciativa se debatirá este jueves. El PSE reclama el apoyo al modelo español y también muestra el respaldo al Pacto de Toledo, todo ello con el argumento de «mantener la caja única como principio rector de solidaridad».
Ezker Abertzalea reclama un modelo diferente de Seguridad Social ante las reformas que los gobiernos del Estado francés y español están llevando adelante y que «se imponen a la clase trabajadora vasca, que debe soportarlas porque no tiene capacidad de decisión en esta materia». La proposición no de ley, que ha sido admitida a trámite, reconoce que se puede mantener un sistema público de pensiones, que garantice los derechos de los trabajadores. Para ello, Ezker Abertzalea reclama un impulso de la política de creación de empleo de calidad, mejoras para que las mujeres accedan en las mismas condiciones a un puesto de trabajo. «La clase trabajadora debe situarse en el debate europeo sobre el futuro de las pensiones teniendo la posibilidad de tomar sus propias decisiones». Por eso, insta, entre otras cosas, a que el Parlamento rechace la reforma prevista por el Gobierno español, los sindicatos y los empresarios.
Todo esto ocurre en el momento en el que Alemania ha decidido retrasar la edad de jubilación legal a los 67 años, en teoría, «para garantizar el futuro de las pensiones».
