CASO DE LOS FONDOS RESERVADOS
Vera se sienta en el banquillo por «comprar el silencio" de Amedo
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado siete años de prisión para el que fuera secretario de Estado para la Seguridad en el Gobierno de Felipe González, Rafael Vera, por los pagos con dinero procedente de los fondos reservados a José Amedo y Michel Domínguez tras ser condenados éstos por su pertenencia a los GAL. En el juicio, que comenzó ayer en Madrid, el fiscal asegura que Vera pretendió «comprar el silencio" de los ex policías para que no lo delataran.
GARA | MADRID
«A raíz del ingreso en prisión de José Amedo y Michel Domínguez por su implicación en los crímenes cometidos por los GAL», Rafael Vera decidió realizar pagos millonarios a los dos ex policías para «garantizar el secreto de los dos procesados, a quienes el acusado había prometido el indulto, y evitar así que delatasen a otros implicados en la trama de los GAL, entre los que se encontraba el propio acusado».
Ésta es la tesis que sostiene la Fiscalía Anticorrupción en el juicio que comenzó ayer en la Audiencia Provincial de Madrid contra Rafael Vera, ex secretario de Estado para la Seguridad del Estado en el Gobierno de Felipe González, y otros tres altos cargos de su gabinete.
La vista oral comenzó con la exposición de las cuestiones previas, en las que la defensa de Vera reclamó la suspensión del juicio por tratarse de temas que incumben a «secretos de Estado», extremo al que se opuso la Fiscalía argumentando que no existen materias reservadas cuando se trata de esclarecer un delito. El juicio continuará, en caso de desestimarse definitivamente las cuestiones de nulidad, el 29 de marzo con la declaración de los implicados.
Vera se enfrenta a una petición de 7 años de prisión y 16 de inhabilitación absoluta, aunque en el caso de dictarse sentencia condenatoria contra él, ésta podría entenderse abarcada en las condenas que ya le fueron impuestas por el Tribunal Supremo por el secuestro de Segundo Marey y por el anterior «caso Fondos Reservados».
Por su parte, Juan de Justo, jefe de la secretaría personal de Vera en el momento de producirse los hechos juzgados, podría ser condenado a cuatro años de prisión, dos más que Félix Hernando y Aníbal Machín, por aquel entonces responsables del Servicio de Información Exterior y del Servicio de Operaciones, respectivamente. El coronel Hernando es hoy en día jefe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.
A todos ellos, además, se les reclaman indemnizaciones económicas que ascienden en total a 1,8 millones de euros.
La exposición de los hechos realizada por el fiscal se retrotrae a 1988. El 13 de julio de aquel año José Amedo y Michel Domínguez entraban en la cárcel «por su relación con los crímenes de los GAL». Entonces, y tras entrevistarse con las esposas de los dos ex policías condenados, Rafael Vera «decidió compensar la disminución de ingresos que para ambas había supuesto el ingreso en prisión de sus maridos».
No obstante, el fiscal va más allá y asegura que los pagos realizados pretendían evitar que Amedo y Domínguez lo delataran como «implicado en la trama de los GAL». Añade que «a pesar de que Vera sabía que los fondos reservados no se podían destinar a cubrir este tipo de gastos», le encargó a Juan de Justo que hiciese pagos mensuales a las esposas de los ex policías, a lo que el jefe de la Secretaría accedió «con idéntico conocimiento de la improcedencia de los pagos», siempre según el fiscal.
Así, entre agosto de 1988 y enero de 1994, fecha en la que Vera cesó en su cargo, De Justo les entregó «sobres blancos cerrados con celofán y con los nombres de las destinatarias, que contenían entre 450.000 y 600.000 euros en efectivo, casi siempre en la propia Secretaría de Estado». En total, recibieron por este procedimiento no menos de 29,7 millones de pesetas.
Operaciones y cuentas en Suiza
El fiscal mantiene que Vera, también con el dinero de los fondos reservados, ordenó a Juan de Justo pagar el coste de dos intervenciones quirúrgicas efectuadas en la Clínica Ruber Internacional de Madrid a las mujeres de Amedo (603.000 pesetas) y Domínguez (300.000).
Además de estas cantidades, Vera hizo llegar a los dos ex policías un total de 200 millones de pesetas (1.202.024 euros). Para ello, De Justo indicó a María Angeles Acedo y Alicia Sánchez que abrieran sendas cuentas corrientes en Suiza, en las que se efectuarían los ingresos.
Siempre según la tesis de la Fiscalía, las mujeres de Amedo y Domínguez se trasladaron a Ginebra y el 15 de septiembre de 1989 abrieron dos cuentas en una sucursal de la UBS (Union de Banques Suisses), en las que figuraban sus maridos como personas autorizadas para disponer del dinero. El primer ingreso, por orden de Vera y De Justo, se realizó el 31 de octubre de ese año: en cada una de las dos cuentas se abonaron 13 millones de pesetas y 100 dólares.
El 30 de enero de 1990 se ingresaron 25 millones de pesetas en cada una; el 25 de septiembre de 1990 se abonaron 30 millones de pesetas en la cuenta de la mujer de Amedo y 20 millones de pesetas en la de la esposa de Domínguez; el 4 de febrero de 1991, se hizo un último ingreso de 25 millones de pesetas en cada depósito bancario.
«La gente que le traicionó»
Uno de los acusados que comparten banquillo con Rafael Vera es el coronel Félix Hernando, en la actualidad jefe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. El fiscal pide para él dos años de cárcel.
En este año se realizó el último pago ilegal a Amedo y Domínguez. Han tenido que pasar 13 años para que se inicie un juicio en el que podrían declarar como testigos los ex ministros José Barrionuevo y José Luis Corcuera.
Según la Fiscalía, entre agosto de 1988 y enero de 1994, las esposas de Amedo y Domínguez recibieron «sobres blancos cerrados con celofán y con los nombres de las destinatarias, que contenían entre 450.000 y 600.000 euros».
Rafael Vera hizo llegar a las esposas de los dos ex policías un total de 200 millones de pesetas (1.202.024 euros). Para ello, ordenó que se abrieran sendas cuentas corrientes en Suiza, en las que se efectuaron los correspondientes ingresos.
Rafael Vera fue condenado en 1998 a diez años de prisión por el secuestro de Segundo Marey -reivindicado por los GAL- y a otros siete años en 2004 por malversación de caudales públicos -en el otro caso de los fondos reservados-. El Gobierno de José María Aznar le concedió un indulto parcial, rebajando la pena a tres años y cuatro meses. Desde agosto del pasado año, disfruta del régimen abierto en la prisión de Segovia y ha dedicado este tiempo a escribir un relato autobiográfico que ha titulado «Las 19 puertas» y que presentó en público el pasado jueves arropado por Felipe González, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, Alfonso Guerra y José Luis Corcuera, entre otros.
En el acto de promoción de sus memorias, por encima de las palabras del propio Vera cobraron eco las declaraciones de sus compañeros de mesa. Felipe González destacó entonces que Vera -al que se refiere como «Rafa»- «ha pagado más que nadie una cacería que iba dirigida contra mí». El ex presidente del Gobierno español añadió que dicha «cacería» se hizo con el propósito de «desestabilizar el Estado e intentar conseguir, con el juego sucio, un triunfo electoral».
González llegó a decir que durante el período en el que Vera formó parte del equipo del Ministerio de Interior, «se quebró el espinazo de ETA» y comenzó «el principio del fin de la banda». Y aseguró que su Ejecutivo fue «el primero que consideró que ETA no podía tener un brazo político, aunque -según apuntó- los tribunales finalmente le dieron la razón a Herri Batasuna».
En el acto también tomó la palabra el presidente de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, quien reconoció en su intervención que se hizo amigo de Vera cuando éste ingresó en prisión porque, según dijo, estaban haciendo con él «una injusticia». Añadió que «este libro no es un ajuste de cuentas con la gente que le traicionó; no quiere contar nada que haga sentir mal a los otros», y destacó «la brillante y honorable hoja de servicio» de Vera.
Por su parte, Rafael Vera dijo que cada vez que habla siente «el aliento del odio en su nuca» y que ha escrito el libro que ahora ha presentado para que la opinión pública conozca que también tiene un corazón «que late» y que «las cosas le duelen».
«Padezco dos sorderas: una fisiológica -en un oído he perdido el 40 por ciento de la audición y en el otro el 60- y la otra es la de la Justicia, por cómo me ha tratado en tantos años de calvario», manifestó Vera, que afirmó que su libro «es un relato que es más que memorias, en las que se recoge todas las emociones, penas y amarguras que he padecido en la prisión de Segovia».
Los fondos reservados también habrían servido para costear sendas operaciones quirúrgicas a las mismas mujeres, que se llevaron a cabo en la prestigiosa clínica Ruber Internacional. Costaron 603.000 y 300.00 pesetas, respectivamente.
